Uruguay: plebiscito clave para el futuro del sistema previsional

Este domingo no solo hay elecciones en Uruguay sino que también se vota un plebiscito sobre una reforma constitucional de la seguridad social que podría terminar con el sistema privado de pensiones tal y como funciona actualmente (el plebiscito se gana con el 50% más uno). Según los expertos, de ser aprobada, la reforma podría aumentar sensiblemente el déficit fiscal y la carga tributaria además de dañar la imagen internacional del país. Según los promotores de la consulta, el sistema privado de pensiones y las últimas reformas han perjudicado a los jubilados. ¿De qué se trata?

La principal central sindical de Uruguay, PIT-CNT, impulsa la iniciativa bajo tres puntos clave: bajar la edad de jubilación de 65 a 60 años, eliminar el ahorro individual de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP, que en Argentina se conocieron como las AFJP) e igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional.

Estos puntos, que surgieron en contrapartida de la reforma que llevó a cabo el actual gobierno de centro derecha de Luis Lacalle Pou, recibieron las críticas de propios y ajenos.

Si bien la propuesta de reforma cuenta con el apoyo del Partido Comunista, miembro de la coalición de centro izquierda, el Frente Amplio, muchos de los referentes políticos de la principal fuerza opositora, favorita a ocupar el sillón presidencial en las próximas elecciones nacionales, se manifestaron en contra de estas reformas. Por ejemplo, un grupo de 111 economistas relacionados al Frente Amplio, entre ellos en candidato a ministro de Economía y Finanzas en caso de que gane la coalición de izquierdas, Gabriel Oddone, y el exministro de Economía y expresidente de Banco Central (2010-2015), Mario Bergara, actualmente senador.

Las consecuencias

Además, varios técnicos y académicos advirtieron sobre la amenaza financiera e institucional que podría significar llevar a cabo el cambio. En primer lugar la eliminación del ahorro individual contenido en las AFAPS generaría un problema institucional con entidades financieras a las que no se les estaría respetando su contrato.

Según los especialistas, tal vez no ha tenido un análisis tan profundo las implicancias para el país que desaparezcan los cinco inversores institucionales más grandes del Uruguay, ya que se eliminarían a las cuatro AFAPS actualmente en funcionamiento, y desaparecería el negocio de rentas vitalicias del Banco de Seguros del Estado, que se encarga de la administración de los ahorros jubilatorios a partir de la edad de retiro.

Al respecto, quienes profundizan el análisis señalan que lo delicado del tema radica en que estos cinco inversores son los que cubren principalmente la necesidades de fondeo local de la Tesorería, le dan soporte a las emisiones internacionales en el mercado primario y secundario, siendo los grandes estabilizadores de la tasa de interés en momentos de llamado “flight to quality” por motivos locales o globales, como ocurrió en la crisis financiera local de 2002, e internacionales de 2008 y 2020.

Además, si se le suma la perspectiva del financiamiento el “crowding out” (cuando el sector público desplaza al privado en la toma de la oferta crediticia local) que tendrán los proyectos en el sector privado, donde estos inversores institucionales han financiado más de 10 puntos del PBI en los últimos 10 años, plantea el escenario de que a Uruguay entonces le faltarán 7 puntos del PBI por año en materia de colocación neta de emisiones de deuda pública, y un punto del PBI por año de financiamiento de proyectos productivos.

Otro tanto ocurrirá con los fideicomisos financieros, pieza clave de la industria financiera uruguaya. Si bien ahora el riesgo país de Uruguay es bajo y por ende hay oferta de parte de inversores internacionales, en caso de un cambio de escenario global o regional, ya no estarán las AFAPs como lo estuvieron cuando el riesgo país era alto.

La opinión de la otra vereda

El sindicato, que decidió impulsar la iniciativa con una votación dividida, defiende la medida alegando la posibilidad de evitar las comisiones que cobran las AFAPS por la administración de los aportes individuales y la creación de un fideicomiso que invierta los fondos.

Pero otros defensores de la reforma han establecido que la inyección de dinero de unos u$s22.000 millones que ingresaría tras la eliminación de las AFAPS podría financiar las jubilaciones y pensiones que se generarían en consecuencia de la reducción de la edad mínima para jubilarse y la elevación de los montos en las jubilaciones mínimas.