Crímenes de guerra: acuerdo clave entre Ucrania y la Corte Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) acordó este jueves con Kiev el establecimiento de una oficina sobre el terreno en Ucrania para cooperar con las partes clave en las investigaciones sobre los crímenes de guerra tras la invasión rusa, en especial con las víctimas.

El fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, fue quien firmó el acuerdo de cooperación sobre el establecimiento de una oficina nacional de la Corte Penal Internacional en Ucrania, junto con el secretario de la Corte, Peter Lewis, en un encuentro en La Haya, la ciudad anfitriona del tribunal y la cárcel donde se encuentran presos los sospechosos, al menos hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Este acuerdo llega una semana después de que la Corte Penal Internacional haya emitido las órdenes de detención del presidente ruso Vladimir Putin y de María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra.

“Creo firmemente que la apertura de esta oficina de la Corte Penal Internacional en Ucrania marca el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra estrecha cooperación con la Corte. Esto es sólo un comienzo, un buen comienzo, y estoy convencido de que no nos detendremos hasta que todos los autores de los crímenes internacionales cometidos en Ucrania sean llevados ante la justicia, independientemente de su posición política o militar”, señaló Kostin al firmar el acuerdo.

Lewis agradeció al Gobierno ucraniano “la cooperación, el apoyo y la asistencia recibida” y reiteró su esperanza de “fortalecer la cooperación en el futuro", puesto que Kiev aún no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que Ucrania no es aún un país miembro de este tribunal.

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, sí ha podido abrir una investigación de la situación en Ucrania porque Kiev aceptó su jurisdicción con dos declaraciones de 2014 y 2015 -que no son ratificaciones del Estatuto para convertirse en miembro- que permiten a la Corte “identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en el territorio de Ucrania desde el 20 febrero de 2014”, según esos documentos.

La CPI tiene una oficina de enlace con la ONU en Nueva York y otras siete oficinas sobre el terreno en Kinshasa y Bunia (República Democrática del Congo), en Kampala (Uganda), en Bangui (República Centroafricana), en Abiyán (Costa de Marfil), en Tbilisi (Georgia) y en Bamako (Malí).

La Corte subraya que su presencia sobre el terreno con estas oficinas es “esencial para desarrollar y mantener relaciones de cooperación con las partes interesadas clave" en los países investigados y para "apoyar el mandato de la Corte y las actividades resultantes” de sus tareas.

La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre aquellos delitos que supongan un crimen de guerra, de lesa humanidad, un genocidio o una agresión estatal, aunque este último está sometido a condiciones muy estrictas y el tribunal solo lo puede juzgar si ambos países afectados han ratificado el Estatuto de Roma, lo que no es el caso de Rusia y Ucrania.