El referendo en Ecuador, una evaluación para el presidente Guillermo Lasso

En paralelo al referendo, 13,4 millones de ecuatorianos habilitados eligieron unas 5.600 autoridades provinciales y distritales, en comicios en los que el Gobierno y la oposición también medían hasta dónde llegan su representatividad y su fortaleza.

La participación fue de 80,74% del padrón, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Jorge Yunda, de la coalición Juntos por la Gente, habría sido electo alcalde de Quito (cargo que ya ocupó en 2019-21) y la correísta Paola Pabón, reelecta prefecta (gobernadora) de la provincia de Pichincha, según encuestas a boca de urna de la firma Market.

En tanto, Susana González y Cynthia Viteri, ambas de la coalición Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG), habrían sido respectivamente electa prefecta (gobernadora) de la provincia de Guayas y reelecta alcalde de su capital, Guayaquil, de acuerdo con sondeos de la misma empresa, según el diario El Universo y el portal Primicias.

Las urnas fueron cerradas a las 17 (las 19 en la Argentina) y dos horas más tarde iban a comenzar a publicarse los resultados en el sitio web del CNE, aunque Atamaint advirtió que ello dependería de "la agilidad y coordinación" de las autoridades de las mesas.

El CNE informó a mediodía, en un comunicado, que los comicios se desarrollaban "en un ambiente de calma y con absoluta normalidad".

Sin embargo, la Policía reportó más de 1.000 detenidos y 65 armas de fuego decomisadas durante la jornada.

Los comicios se vieron ensombrecidos por el asesinato, ocurrido ayer, del candidato correísta a la alcaldía de Puerto López -en la provincia de Manabí-, Omar Menéndez, en un ataque armado que también le costó la vida a una menor de 16 años.

"Independientemente de cualquier circunstancia, siempre estaré del lado de la defensa de la vida; expreso mi pesar a sus familiares y también al partido político que él representaba en Puerto López", lamentó Lasso.

Medios locales reportaron 12 atentados y cinco candidatos asesinados en la campaña previa.

En cuanto al referendo, Lasso dijo que esperaba asumir "con madurez los resultados" por "amor al país".

"Nadie tiene derecho a irrespetar la democracia, nadie tiene derecho a desconocer la voz del pueblo", aseguró.

Lasso pretendía hacer en simultáneo un referendo y una consulta popular, pero la Corte Constitucional dio de baja las tres preguntas de la consulta y solo habilitó las del referendo, vinculadas a aspectos constitucionales.

Las 8 preguntas del referendo

La primera de las ocho preguntas que figuraban en las papeletas plantea qué ecuatoriano podrá ser extraditado y bajo qué condiciones. La extradición está prohibida en la Constitución vigente.

La segunda pregunta se refería a la iniciativa del gobierno de crear un Consejo Fiscal que reemplace al actual Consejo de la Judicatura y seleccione, designe, promueva, sancione o destituya a los fiscales.

Para la campaña del No -que agrupó al correísta Movimiento de Renovación Ciudadana, Unidad Popular, al Socialista y a las centrales gremiales de trabajadores y de la educación-, esta es una estrategia del gobierno para prorrogar los mandatos de los fiscales que le son afines y remover o postergar a los que no.

La pregunta tres fue sobre la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que tiene 137 asambleístas y que en 2025 podrían elevarse a más de 150 si, como manda la Constitución, se tiene en cuenta el crecimiento demográfico.

La intención del Ejecutivo es que el número de habitantes necesario para cada escaño sea mayor y se logre una representatividad más equitativa, porque considera que actualmente están sobrerepresentadas las zonas rurales y subrepresentadas las urbanas.

El cuestionario abordó en el punto cuatro la cuestión de los los partidos políticos, para los que quiere establecer un mínimo de afiliados del 1,5% del padrón electoral de la jurisdicción en la que estén inscriptos. De esta forma, apuesta a reducir los 272 movimientos políticos actuales, que muchas veces son sellos funcionales a candidatos sin estructura propia.

La pregunta cinco propuso traspasar a la Asamblea Nacional las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que fue creado en 2008 por el entonces presidente Correa, como un consejo independiente de siete ciudadanos elegidos por votación universal que debían designar autoridades como el fiscal general, el contralor, los vocales del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral.

Lasso quiere que todas esas autoridades pasen a ser designadas por la Asamblea, bajo el argumento de que no dependerá del voto de una mayoría de solo cuatro personas y evitar así la concentración de poder.

Esta idea, complementaria del traslado de funciones al Parlamento, estaba contenida en la pregunta seis.

La séptima pregunta fue sobre la propuesta de crear un sistema de áreas de protección hídrica para salvaguardar las fuentes de agua y acuíferos del país.

El Gobierno propone poner el sistema de protección de aguas bajo la administración del Estado.

La octava y última pregunta fue sobre la creación de un sistema de compensación por servicios ambientales.