La Fiscalía de Perú amplía la investigación contra el presidente Castillo por organización criminal y tráfico de influencias

El Ministerio Público ha informado en su cuenta en Twitter de que Pedro Castillo ha sido incorporado a la investigación que había ordenado el fiscal Sánchez a principios de mayo contra del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y contra seis congresistas de Acción Popular.

Castillo "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política" que se refiere a la "Excepción a la inmunidad presidencial".

En concreto, especifica que el presidente "solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".

La Fiscalía ha señalado además que se ha ordenado que se tome "la declaración indagatoria" del presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.

El pasado 6 de mayo, Sánchez había abierto una investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva por presunta colusión, intento de defraudación.

La Fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las licitaciones y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.