Pedro Castillo: se fue el presidente que nunca ejerció

Antes de que asumiera ya se perfilaba que el mandato de Pedro Castillo sería caótico. Lo que no se sabía, a ciencia cierta, era cuánto tiempo iba a poder sobrellevar el liderazgo de un gobierno de izquierda, apoyado por exmiembros de una guerrilla terrorista, en un país caracterizado por la inestabilidad institucional. Ahora lo sabemos: un año, cuatro meses y nueve días. Eso en términos cuantitativos, pero si lo vemos en los hechos, se podría decir que el exdirigente sindical nunca llegó a gobernar realmente Perú.

De entrada, el historial no le favorecía a Castillo. Los últimos cuatro presidentes habían tenido que dejar el Palacio de Gobierno de forma anticipada: Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, Francisco Rafael Sagasti y Manuel Merino. 

Pero además, su legitimidad estaba en duda: ganó la primera vuelta presidencial en 2021 con apenas el 18,92% de los votos y en el balotaje se impuso con apenas el 50,13% frente a Keiko Fujimori. Mucha gente votó por él ante el temor de que vuelva el fujimorismo. Pero ese voto de confianza duraría poco.

El gobierno de Castillo se caracterizó por la inestabilidad institucional. Una cifra lo dice todo: en menos de 18 meses en el cargo nombró a unos 80 ministros. Por las carteras pasaron dirigentes de extrema izquierda, de izquierda moderada, progresistas, de centro y hasta de centroderecha.

Además, su cercanía a líderes del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, provocarían el rechazo de buena parte de la población en cuanto asumiera su gobierno. Una encuesta realizada por la consultora Ipsos en septiembre de 2021 indicaba que el 40% de los peruanos consideraba que algunos miembros de su gabinete simpatizaban con la agrupación otrora liderada por Abimael Guzmán.

Además, a mediados de este año salieron a la luz registros de visitas a la sede presidencial que demostraban cómo varios dirigentes del Movadef se habían reunido con Castillo en Lima. Entre ellos, la exdirigente Mery Coila.

La poca “cintura” política de Castillo para gobernar con consensos le quitó rápidamente la escasa legitimidad con la que contaba, tanto en el ámbito político como en la ciudadanía en general.

El nombramiento de altos funcionarios no idóneos y/o polémicos comenzaría a desencadenar los embates del Congreso. 

En noviembre de 2021, a tan solo cuatro meses de haber asumido, Castillo enfrentaría su primer proceso de vacancia presidencial. Pero no sería el único. En marzo de 2022 vendría el segundo.

Aunque de ambos salió victorioso, pues no se alcanzaron los votos necesarios para destituirlo de la presidencia, la inestabilidad de su gobierno perfilaba un desenlace que parecía inevitable.

Poco espacio hubo para impulsar sus reformas izquierdistas en el Estado, entre ellas el llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Tampoco tuvo mucho margen para impulsar una mayor intervención del estado en la economía (estatizaciones, control de cambios, etc.). Lo mismo en el ámbito social, en donde, a pesar de considerarse de izquierda, prometía una agenda conservadora: se negaba a legalizar el aborto e impulsar la ideología de género.

A mediados de este año, a la inestabilidad política se sumó el aumento de los precios del combustible lo que terminó desencadenando una serie de protestas que irían empujando al mandatario hacia un callejón sin salida.

En junio, Castillo dejó el partido que lo había llevado al gobierno (Perú Libre) y se declaró independiente.

Un mes después, tuvo que enfrentar una investigación sobre eventuales hechos de corrupción con una empresa constructora. Un nuevo proceso de destitución estaba en marcha y, parafraseando el dicho popular, la tercera sería la vencida.?

Lo que vendría después ya es historia conocida: el 7 de diciembre, arrinconado y sin escapatoria, Castillo anunció la disolución del congreso y declaró un “gobierno de excepción”. Para la mayoría de la dirigencia política, incluidos varios ministros y embajadores, las Fuerzas Armadas, la policía y hasta su propia vicepresidente, Dina Boluarte, se trató de un autogolpe de estado. Finalmente, con una holgada mayoría de 101 votos en contra, el Congreso destituyó a Castillo, quien fue detenido por la Policía Nacional de su país.

El destino del dirigente de 53 años es, por ahora, incierto. Sobre él pesan varias acusaciones de corrupción, que sobre todo involucran a miembros de su familia, aunque en algunos casos él también está relacionado. Sin embargo, la mayoría de los discursos en su juicio político hicieron hincapié en la necesidad de preservar la democracia y el orden institucional, y fue destituido por "permanente incapacidad moral" para gobernar.

Ahora, Boluarte tiene las riendas del país. Según la Constitución, tiene mandato hasta 2026. A diferencia de su antecesor, ha prometido convocar a todos los sectores e impulsar un gobierno más abierto. La pregunta queda latente: ¿será capaz de transitar este período y traer la paz política a Perú? ¿O también se convertirá en la presidente que nunca lo fue?