Joe Biden ordena que se trate como delito el acoso sexual en las Fuerzas Armadas

El decreto pone en marcha algunas de las medidas aprobadas en la ley "Yo soy Vanessa Guillén", que se ratificó a finales del año pasado en el Congreso estadounidense dentro del presupuesto anual de defensa.

Guillén tenía 20 años en abril de 2020 cuando desapareció de la base Fort Hood de Texas después de haber denunciado a su familia que sufría acoso sexual, y sus restos descuartizados y quemados fueron hallados en junio de ese mismo año a unos 32 kilómetros de la base.

De acuerdo con las investigaciones, la joven de ascendencia mexicana fue asesinada por el también soldado Aaron David Robinson, quien al enterarse del hallazgo de los restos escapó de Fort Hood y posteriormente se suicidó cuando la Policía intentaba detenerlo.

El Ejército de Estados Unidos reconoció a finales de ese año que, al investigar el caso de Guillén, había identificado "graves fallas en los mecanismos para atender las denuncias de acoso y abuso sexual, y un clima que tolera esos abusos".

El asesinato de Guillén "catalizó la atención nacional al problema de la violencia sexual en nuestras Fuerzas Armadas y ayudó a impulsar una reforma bipartidista de la justicia militar", dijo ayer miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada 16 hombres que trabajan como militares o para el Departamento de Defensa estadounidense experimentan acoso sexual en algún momento de su carrera, según un estudio del año pasado del centro de investigación Rand Corporation.

La ley que lleva el nombre de Guillén saca de la cadena de mando la evaluación de las denuncias de abusos sexuales, que serán revisadas por oficinas independientes y no por los comandantes de cada rama militar, como ocurría hasta ahora.

Será la justicia militar quien decida las penas que podrían imponerse como consecuencia del acoso sexual, y esos mismos tribunales también determinarán si la situación cambia ahora que empieza a considerarse como un delito, afirmó un portavoz de la Casa Blanca.