Colombia: incautan dos armas por el ataque al presidente Iván Duque

Dos armas fueron secuestradas en el marco de la investigación del ataque contra el helicóptero en el que viajaba el presidente de Colombia, Iván Duque. Una de las armas fue identificada como perteneciente a las Fuerzas Armadas de Venezuela, y ofrecieron 800.000 dólares de recompensa por información sobre los autores.

Los allanamientos se realizaron a 1,2 kilómetros de la cabecera del aeropuerto de Cúcuta, donde la aeronave en la que viajaba el mandatario y algunos de sus funcionarios recibió seis disparos.

De acuerdo a la información oficial, se secuestraron dos fusiles y al menos 20 vainas. Uno es un fusil AK-47 con número de registro que ya está siendo buscado por los peritos de la Policía y la Fiscalía, y un fusil calibre 7.62 tipo FAL con marca de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
 

En una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció una recompensa hasta de 3.000 millones de pesos colombianos (unos 800.000 dólares) por información que permita ubicar a los responsables.

Otro funcionario que viajaba en la aeronave, el ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que el Gobierno convocó a un Consejo de Seguridad en Cúcuta para analizar la situación.

"El orden público se mantendrá, la seguridad ciudadana se protegerá y el Gobierno seguirá con su compromiso de dar tranquilidad a todos. El Presidente representa la unidad de la Nación y un atentado en su contra es un atentado a la democracia y a las instituciones", escribió en su cuenta de Twitter.

El helicóptero en el que viajaban Duque y sus ministros es un Black Hawk blindado y logró, pese al ataque, un aterrizaje normal.

Desde fines de abril, Colombia atraviesa una situación de crisis social y política, ahora parcialmente contenida, después de casi dos meses de paro nacional y movilizaciones permanentes, con cortes de calles y rutas, provocados inicialmente por un proyecto de reforma tributaria regresiva.

Aunque el Gobierno desistió de esa iniciativa, el Comité Nacional del Paro levantó un pliego de otras varias demandas sociales y políticas, incluyendo la necesidad de garantizar protestas pacíficas ante la represión de las fuerzas policiales, cuestionadas también por la OEA, la CIDH, la UE y la ONU.