Según la CIDH, Nicaragua se ha transformado en un "Estado policial de facto"

En unas duras declaraciones Fiorella Melzi, coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, aseguró ayer que el gobierno presidido por el sandinista Daniel Ortega se ha transformado en un "Estado policial de facto" y ha suprimido "todas las libertades".

Según la funcionaria "el Gobierno tiene instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía", algo que también se aplicaría a "la represión a través de instituciones de seguridad estatales y paraestatales, avaladas por los demás poderes del Estado", denunció.

Melzi, abogada peruana especialista en derechos humanos, hizo esa valoración en el marco de los encuentros preparatorios de la Cumbre por la Democracia, convocada por el presidente estadounidense, Joseph Biden, y que se celebrará de manera virtual los próximos días 9 y 10

De acuerdo con la coordinadora del Meseni la CIDH está especialmente preocupada por "el cierre de espacios democráticos, la suspensión de libertades, las afectaciones a la libertad de expresión, y todo ello en un país donde la mayoría de los medios de comunicación pertenecen a personas allegadas al Gobierno".

A las severas acusaciones de Melzi se sumaron las de Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quien coincidió en que en el país "se mantiene un estado policiaco" y "sin resolver una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos desde abril de 2018" para añadir que "la dictadura" de Ortega ha intensificado la represión con más detenciones de opositores, activistas y periodistas, ha impedido la salida al país a sus adversarios e incluso a sandinistas, y por último ha ordenado también "restricciones migratorias abusivas" sin avisar previamente al afectado.

"Todas estas acciones represivas y de cierres de los espacios democráticos -prosiguió Flores en sus denuncias- han provocado el desplazamiento forzado de más de 140.000 personas que se han visto obligadas a buscar protección internacional y abandonar el país para resguardar su vida, su libertad, su integridad personal", afirmó.