Se cumplen 21 años de dolarización en Ecuador: mitos y verdades de un proceso que respetaron los gobiernos de distinto signo político

En momentos en que retorna el recurrente debate sobre las posibilidades de dolarizar la economía argentina, de la mano del libro de Alfredo Romano “Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica”, es pertinente poder observar qué pasó en Ecuador, país que se abrazó a la dolarización allá por el año 2000. El 9 de enero de ese año, el presidente Jamil Mahuad dolarizó la economía ecuatoriana, en medio de un clima de polarización política que provocó su salida del Gobierno.

En los primeros años esta decisión extrema generó una ola de protestas, que debilitó la estabilidad política del país. Pero con el paso de los años se transformó en una decisión muy popular que hasta el día de hoy cuenta con la aprobación mayoritaria de la población, incluso a pesar de que la economía atraviese serios problemas.

La corriente que se muestra opuesta a este experimento que ya lleva dos décadas sostiene que el Gobierno de turno carece de un instrumento clave de administración financiera, ya que no puede emitir billetes ni devaluar. En consecuencia en momentos en que el déficit se dispara no queda otra alternativa que recortar el gasto social, con todo lo que eso implica, o endeudarse a tasas que no siempre son las más beneficiosas.

En tanto, los que celebran la medida argumentan que la dolarización posibilitó liquidar el karma de la inflación que en 1999, un año antes de adoptar la moneda norteamericana como de curso legal, llegó al 100% de suba en la canasta alimentaria. También sostienen que sirvió para aventar cualquier aventura que rompa con los libretos de la ortodoxia económica y provoque desórdenes en las cuentas públicas.

Lo cierto es que más allá de las discrepancias que generó la medida ningún político, sea del signo que sea, se atrevió a cambiar el actual esquema monetario. Si bien cada campaña electoral retoma la discusión sobre los beneficios o problemas de la dolarización, existe una ley no escrita que postula que cualquier candidato que insinúe alguna crítica a la dolarización cometerá suicido político ante la audiencia y el electorado público.

Incluso el expresidente populista Rafael Correa, que gobernó entre 2007-2017, no se atrevió a socavar los pilares de la dolarización ecuatoriana. Cuando llevaba dos años de Gobierno dijo que había sido “el peor absurdo técnico-económico que se ha realizado en el país”, pero admitió enseguida que “salir de la dolarización es tremendamente caótico”.

Leonardo Izquierdo Montoya, de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Técnica Particular de Loja, señaló que la adopción de la medida supuso al principio una “impresionante pérdida en miles de familias, que se volvieron más pobres”.

De todos modos, viendo en clave retrospectiva concluyó que la medida tuvo efectos de pacificación para la economía. “Tenemos control inflacionario y, sobre todo, confianza en la moneda. Otra cuestión es la estabilidad macroeconómica, porque una moneda estable te permite proyectar a largo plazo”. 

Por su parte Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de la Américas, con sede en Quito, agregó la valoración política al análisis de los costos y beneficios. “Nos obliga a tener una disciplina”, dice, “si no la tuviésemos, después de 10 años de Correa estaríamos en una situación similar a los venezolanos. La dolarización es un bloqueo a las tentaciones de los déficit sin límites”.

El economista Pablo Dávalos, del centro de estudios Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, se inscribe entre los detractores: "La dolarización ha provocado estabilidad monetaria, pero con un costo social gigantesco".

La economista Gabriela Calderón parece responderle. "A pesar de tener una de las contracciones económicas más grandes de la región, no tenemos inflación, ni corridas bancarias, ni fuga de capitales", y suma que el sistema financiero está en una situación relativamente estable pese a la crisis. Y remata: la causa de la crisis es un déficit fiscal cercano a los US$8.000 millones, que nada tiene que ver con el tipo de moneda que utiliza el país.