Bolivia quiere imponer la donación obligatoria de plasma sanguíneo

El uso de plasma hiperinmune para los tratamientos en pacientes con COVID-19 generó un insólito negocio de tráfico ilegal en Bolivia, y sumado a las mayores necesidades de este material en los hospitales, hizo que las autoridades de ese país y varios parlamentarios presentaran diversas iniciativas legislativas para garantizar las donaciones y evitar la comercialización de ese componente sanguíneo.

Las propuestas van desde establecer excepcionalmente la obligatoriedad de la donación u ofrecer incentivos a los donantes, hasta fijar sanciones específicas para quienes se quieran lucrar con la venta de plasma, al margen de las establecidas en la Ley de Medicina Transfusional y Bancos de Sangre.

Entre los planteamientos está el del Gobierno transitorio, que elabora una ley para que la donación de plasma sea obligatoria, aunque previamente se apelará a la solidaridad de los pacientes recuperados, dijo la ministra interina de Salud, Eidy Roca, citada en un comunicado de su oficina. "Estamos trabajando en una ley no solamente para la donación voluntaria, sino para la donación obligatoria, porque estamos en una etapa de excepción que es la pandemia del COVID-19", indicó.

La autoridad transitoria recordó que la seguridad social y el Seguro Único de Salud cubren los costos de diagnóstico, hospitalización y tratamiento de las personas con la enfermedad, por lo que "no hay ninguna razón" para que quieran cobrar por el plasma donado. "Solamente falta la voluntad del donante. No le va a afectar en nada el donar pequeña cantidad de su sangre para poder extraer el plasma y ayudar a un paciente que está en riesgo de muerte", agregó.

Roca reiteró que los cobros por la donación de plasma hiperinmune son ilegales y se consideran un delito contra la salud pública.

En el Parlamento nacional, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), también han surgido distintas iniciativas desde ese partido y la alianza Unidad Demócrata (UD), de la presidenta interina Jeanine Áñez, sobre la donación de plasma.

Uno de los proyectos corresponde a la Comisión de Economía Plural de la Cámara alta y busca declarar de interés nacional la donación de plasma, "para que aquellas personas que ya se recuperaron ayuden a salvar otras vidas", declaró la senadora Plácida Espinoza. "Esta ley puede servir a los pacientes afectados. Si hablamos que la salud es lo primero, entonces el plasma no se debe vender, sino que debe donarse de forma voluntaria", sostuvo Espinoza, según un comunicado del Senado.

El diputado Amílcar Barral, de UD, ha planteado por su parte que los enfermos firmen un compromiso para donar su plasma una vez recuperados. "Esto no es obligatorio, sin embargo, los que no quieran firmar ese compromiso, van a tener que pagar todos los costos de internación y atención médica", explicó Barral a los medios.

Su colega Shirley Franco también planteó que se pueda establecer incentivos para los donantes, como descuentos en las facturas de servicios básicos por períodos determinados.

Las denuncias de venta de plasma hiperinmune causaron indignación en Bolivia, pero también generaron respuestas altruistas con campañas desde distintos ámbitos para impulsar la donación, sobre todo en la región oriental de Santa Cruz, la más golpeada por la enfermedad. Servicios gratis por el resto del año son las ofertas de un restaurante y dos líneas de transporte público en Santa Cruz, o la iniciativa del club de fútbol cruceño Blooming, que recompensará a sus socios e hinchas donantes con la anualidad pagada o la posibilidad de ser accionistas de la institución.

Por su parte, la Policía empezó a patrullar en las redes para hallar gente que busca comercializar el plasma, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Iván Rojas.

El protocolo para el tratamiento con plasma hiperinmune fue aprobado el mes pasado por el Gobierno interino de Bolivia, país que registra 465 decesos y 13.643 casos confirmados de COVID-19, según datos oficiales.