Un dirigente social entre la Colombia “práctica” y la “sustancial”

Muy poca gente participa de la oportunidad de elegir a sus gobernantes en Colombia. En la primera vuelta electoral votó el 40 por ciento de quienes podían hacerlo: allí la gran derrota fue de la democracia.

Pero hay que entender a Colombia, el único país en el que prevalece un conflicto interno armado en toda América desde hace 60 años. Nadie ha podido darle fin y muchos sospechan que, en realidad, al haberse transformado en una “industria”, no prevalece en la elite la idea de darle un final a la situación que no sólo genera muertes, sino heridos, familias enteras desplazadas de su lugar de origen y desarraigadas, que traba el crecimiento y encubre el narcotráfico; que genera un imparable comercio de armas y municiones y que, por lo tanto, obliga a los que embolsan miles de millones por ello a sostener activo ese “mercado”.

En Colombia siempre han gobernado las élites. Llegan a la primera magistratura aquellos que han sido formados para ellos por familias tradicionales, durante décadas y generaciones. El surgimiento de las insurgencias, cuando poseían cierta legitimidad de origen, se reconoce precisamente en la vocación de participación política de sectores a los que se les vetaba desde las superestructuras.

Pero hoy las ilegitimidades se cruzan cuando la sociedad ni siquiera acude a las urnas para votar y cuando está muy claro el rol de la guerrilla y los paramilitares en el negocio de la muerte y la violencia armada.

Frente a la segunda vuelta electoral, los dos principales candidatos, Juan Manuel Santos y Óscar Zuluaga, aparecen empatados en las encuestas preliminares.

El segundo, candidato de Álvaro Uribe, aparece asomando una leve ventaja y todo el arco progresista se tapa la nariz para votar por el actual presidente, ya que, dicen, es el que garantiza que continúe adelante la negociación con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ahora, con el recientemente iniciado diálogo con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Colombia se ve metida en una pelea entre lo sustancial y lo práctico. Lo primero sería arribar a una paz negociada, lo que incluiría permitirles a los guerrilleros vivir una vida integrada al resto de la sociedad, entre muchísimas otras cosas que representan la complejidad del problema. Lo segundo es lo que propone Uribe y lo que lo hizo el político más popular y más polémico de las últimas décadas: conseguir “algo” y mantener la guerra activa.

Hace algunos años, MDZ visitó en Bogotá al politólogo, dirigente del Polo Democrático y columnista del diario “El Espectador”, Luis Sandoval. Autor de una docena de libros sobre la situación de su país, es un experto con una mirada desde la izquierda de lo que les pasa. En aquel entonces reconoció como un “mérito” de Uribe que la gente pudiera transitar con niveles aceptables de seguridad por las rutas de su país, cosa que hasta su presidencia no se podía. “Antes íbamos de aquí a Melgar, a dos horas de Bogotá, y corríamos el riesgo de ser secuestrados”, nos dijo Sandoval.

Lo que Uribe consiguió, en su análisis, es que la sociedad colombiana “reciba algunas cosas a cambio de otras”. En este punto, indicó que antes la guerrilla hacía “pescas milagrosas” y atrapaban a cualquiera que transitaba, con tal de pedir rescate y nutrirse de fondos. “Pero –observó Sandoval en tiempos de Uribe presidente- ahora es el Estado quien hace las detenciones masivas, metiendo en la cárcel durante muchos meses a gente inocente, campesinos vinculados presuntamente, sin que lo sean, a grupos guerrilleros”.

Su conclusión es quela política uribista es “práctica”: “Te doy seguridad a cambio de tus derechos”.

Luis Emil Sanabria Durán fue guerrillero. Empuñó las armas en la selva colombiana,  pero es miembro del primer grupo que luego se reintegró a la vida democrática. Llegó a levantarse en armas por la persecución del gobierno de Julio César Turbay que en 1977 lanzó su “Estatuto de Seguridad”, la versión colombiana de la Doctrina de la Seguridad Nacional que han usado tanto por izquierda como por derecha para sostener regímenes autoritarios y que, por aquellos años, sostenían también las dictaduras del Cono Sur.

“No puedo afirmar hoy –nos dice ahora Sanabria Durán desde Bogotá, ya como líder de la organización Redepaz que busca el desarme de todas las fuerzas en conflicto en Colombia- que esa experiencia de vida fue algo positivo o negativo, lo cierto es que la concebíamos como la única posibilidad. Sin embargo, esta acción clandestina, insurgente marcaría mi vida en varias formas, de las cuales rescato, el profundo convencimiento de que era necesario, como lo es necesario ahora, avanzar hacia sociedades más equitativas, más justas, más democráticas”.

Sanabria no permanece neutral ante las elecciones y toma partido. Pero recuerda que él mismo pudo reintegrarse a la sociedad y trabajar por la paz en virtud de un diálogo producido en 1991 y que desembocó con una nueva Constitución.

Recuerda que en su propio proceso, “el PCC M-L y el EPL, se avocaron a una negociación política del conflicto armado que mantenían, teniendo en cuenta varias circunstancias”.

Entre ellas, recuerda, “el convencimiento de la imposibilidad de acceder al poder por la vía armada, siendo uno de los grupos insurgentes más grandes de Colombia para la época y no estando derrotado militarmente; el auge de un gran movimiento social y político que reclamaba mas acción política; la inminencia del fenómeno de narcotráfico que amenazaba por coptar su acción militar; la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para un nuevo pacto político y social”.

Trae al presente que “esta negociación culminó efectivamente con la desmovilización de la organización el 1º de marzo de 1991, en medio de la Asamblea Nacional Constituyente que nos entregó una nueva Constitución política en Julio de 1991 en la cual se define al Estado colombiano como un ´Estado Social de Derecho´,  incluyendo muchas de las reivindicaciones que servían de sustento a la lucha armada, aunque su desarrollo posterior sea cuestionable tanto por su aplicación efectiva, como por los esfuerzos que realizan los dirigentes políticos tradicionales por revertir el proceso democrático y garantista de derechos que se contemplaron en ella”.

El saldo de la lucha armada habla por sí solo. Lo cuenta Sanabria Durán: “Bueno en Colombia hay más de 5.0000.0000 de personas en situación de desplazamiento interno, lo que nos ubica como un país con una grave situación humanitaria. Hay más de 6.000.000 de hectárea de tierras despojadas a los campesinos y en poder de terratenientes legales e ilegales. Hay cerca de 100.000 personas desaparecidas y cerca de 4000 reportadas como secuestradas. Grandes extensiones de tierras están sembradas de minas anti personales y diariamente se reportan personas víctimas de estos materiales de guerra prohibidos. Muchas de nuestros pueblos ancestrales ven amenazados su existencia debido al despojo de sus tierras y a las masacres y asesinatos”.

En medio del proceso electoral, Sanabria Durán toma partido.

- Definitivamente hoy nos debatimos entre dos propuestas una que encarna volver a la guerra interna, y la otra que busca solucionar el conflicto armado mediante la negociación política Gobierno - guerrillas. En ese sentido el candidato Oscar Iván Zuluaga que representa los sectores de ultra derecha liderados por el expresidente Alvaro Uribe Vélez, tiene en la base de su propuesta la negación de la existencia del conflicto armado interno, y volver a las épocas en que se redujo nuestra situación a “la lucha de un Estado contra unos terroristas”. Esto implica el cambio de las reglas de juego: la negación de la agenda pactada y por supuesto someter el logro de la paz a una rendición de las guerrillas o a su aniquilamiento. Teoría que en los años del gobierno Uribe, guío la búsqueda de la paz y que definitivamente no dio ningún resultado. Adicionalmente, un gobierno de Zuluaga implica nuevamente volver a las épocas en que nuestras relaciones con los países hermanos de América Latina y el Caribe, fluctuaban entre el rompimiento y los señalamientos. Votar por Santos es la mejor opción para Colombia, principalmente porque su compromiso con la salida negociada al conflicto armado, lo que implica mantener el proceso de conversaciones con las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo), y el recién proceso iniciado con el ELN (Ejército de Liberación Nacional).  En el caso de las FARC-EP se rescata que nunca antes en un proceso de negociaciones con esta insurgencia, se había logrado llegar a pactar una agenda, y a desarrollar como hasta ahora tres de los cinco puntos sobre la mesa y adicionalmente se haya logrado que esta guerrilla acepte y ponga al centro de la negociación el tema de las víctimas del conflicto armado. Estas entre otras consideraciones como el restablecimiento de buenas relaciones con los vecinos, hacen que el presidente y candidato Juan Manuel Santos sea la mejor opción para el presente y el futuro de Colombia y América Latina.

¿Por qué cree que Santos y no Zuluaga puede garantizar la continuidad de los diálogos?

- Santos ya ha demostrado mantener la mesa de conversaciones a pesar de las dificultades y de los intentos de saboteo de los enemigos de la paz, ya se ha avanzado en gran parte de la agenda y los niveles de confianza entre los negociadores han llegado a un importante punto. El gobierno de Santos por ejemplo, ha logrado sacar adelante la Ley de atención y reparación a víctimas del conflicto armado, ley a la cual se opuso el expresidente Uribe quien evitó su aprobación en el congreso. En el gobierno Santos se ha reducido en un 48% el desplazamiento forzado respecto del último periodo de Uribe. Estas y otras consideraciones son importantes a la hora de garantizar el logro de acuerdos Gobierno - Guerrillas.

¿Cuál es su posición sobre el inicio de los diálogos con la mediación del ecuador con el ELN?

- Luego de muchos intentos y de consideraciones de las partes, es muy importante y nos llena de optimismo y esperanza el hecho de que el Gobierno y el ELN hayan establecido e informado a la sociedad colombiana el establecimiento de diálogos formales. Desde el inicio de las conversaciones Gobierno - FARC, la sociedad colombiana que lucha por la paz, venía solicitando la instalación paralela de una mesa Gobierno-ELN, lo que garantizaría realmente llegar al fin del conflicto armado y disponernos entre todos a construir la paz duradera y estable. La negociación Gobierno-ELN, seguramente se realizará bajo un modelo diferente en el entendido de que tanto el accionar, el nacimiento y las reivindicaciones políticas del ELN, han sido diferentes a las de las FARC.

¿Ve a la sociedad civil movilizada para conseguir la transformación de la guerrilla en algo integrado a la vida política de Colombia?

- Todavía los niveles de escepticismo y de oposición frente a la posibilidad de que las guerrillas se reintegren a la vida política son todavía altos.

¿A qué adjudica el desinterés o negación?

- Años de desprestigio de las guerrillas no solo por su accionar y las reiteradas infracciones al derecho internacional humanitario, sino también por los planes de quienes alimentan la guerra y defendieron la necesidad de instalar el fenómeno paramilitar, han minado la capacidad de movilización y respaldo de la sociedad civil a favor de los beneficios políticos que la guerrilla pueda obtener en el marco de la justicia transicional que se pacte. Sin embargo, grandes sectores de la sociedad civil que trabaja por la paz, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones de víctimas, centrales obreras, gremios económicos y la mayoría de los partidos políticos, hemos manifestado nuestra disposición de rodear el proceso hasta el final, apoyar su refrendación y aportar en la integración de los excombatientes a la vida política y social.