Juez declara inconstitucional decreto de Obama sobre inmigración
En un caso poco usual, un juez federal de Pensilvania utilizó una sentencia de un caso penal para declarar inconstitucional partes del decreto que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitió recientemente para legalizar unos cinco millones de inmigrantes.
El magistrado Arthur Schwab, propuesto en el cargo por el ex presidente republicano George W. Bush, justificó su pronunciamiento sobre el decreto presidencial en que el acusado, el hondureño Elionardo Juárez Escobar, podría -a su juicio- beneficiarse de las medidas aprobadas por Obama.
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Juárez Escobar había sido deportado de vuelta a su país en 2005 y algún momento después volvió a entrar ilegalmente a Estados Unidos, donde fue detenido este año, mientras manejaba bajo los efectos del alcohol.
Obama "violó la separación de poderes" con su decreto porque "permite que un amplio grupo de individuos reciba un trato diferente que otros con base en clasificaciones arbitrarias, en lugar de según un análisis de cada caso individual", arguyó el magistrado en su escrito, citado por la agencia de noticias EFE.
Mientras el análisis legal del juez de Pensilvania puede ser analizado a favor y en contra, según el experto, una aplastante mayoría de los analistas consultados por los medios estadounidenses coincidieron en que la opinión del magistrado federal no tendrá un impacto directo ni importante en la implementación del decreto presidencial.
Pese a que se trata de la primera decisión judicial sobre el tema, la opinión fue esgrimida por un juez de distrito que debía fallar sobre un caso penal, sin ninguna vinculación directa con el decreto de Obama.
El grueso de la regularización propuesta por el mandatario radica en los 3,7 millones de indocumentados que, según el Migration Policy Institute, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente y han vivido un mínimo de cinco años en el país.
Este grupo obtendrá un estatus legal temporal en el país, con lo que evitará la deportación, y los que no tengan antecedentes penales podrán además acceder a un permiso de trabajo.
Los otros 1,5 millones quedarían regularizados por la ampliación de la Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés), una medida que desde su entrada en vigor en agosto de 2012 ha evitado la deportación de más de 580.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.
TELAM