Santos garantiza seguridad jurídica a miembros de fuerza pública
lLa Corte Constitucional decidió declarar inconstitucional la ley de 2012 que reformó el Fuero Penal Militar por "vicios de trámite".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, garantizó hoy que su gobierno dará seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública que son investigados, aunque un alto tribunal declaró inconstitucional una reforma al fuero militar por errores de trámite en el Congreso.
"Nuestras Fuerzas Armadas tienen todo el respaldo y gratitud del pueblo colombiano y continuaremos abogando por su seguridad jurídica", escribió Santos en Twitter en su primera reacción ante la decisión de la Corte Constitucional.
Posteriormente, el mandatario volvió a referirse al tema durante una visita a Riohacha, capital del departamento de La Guajira (norte), en donde reconoció que la decisión de la corte fue recibida por el gobierno con "tristeza, pero con respeto y con acatamiento" y dijo que el "fuero existe con o sin reforma y se hará valer".
El tribunal anunció este miércoles que la reforma, muy criticada por organizaciones defensoras de los derechos humanos que la veían como proclive a la impunidad, es inconstitucional y no podrá ser sancionada por el jefe de Estado.
Según la corte, el Congreso incurrió en un error de trámite porque el proyecto, que reformaba tres artículos de la Constitución de 1991, fue estudiado al mismo tiempo por la Cámara de Representantes y un comité de esa corporación, lo cual no es permitido.
Sin embargo, este jueves Jorge Pretelt, uno de los magistrados de la corte, acusó a sus colegas de haber "inventado" el vicio de procedimiento en la ley para supuestamente evadir el análisis de fondo que requería.
"Se inventaron un vicio de procedimiento con el objeto de evadir el análisis de fondo de un tema tan importante (…) La entrega diaria de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de los colombianos merecía que la corte realizara un debate profundo sobre este acto legislativo y no que adoptara una simple decisión formalista", expresó Pretelt.
Según el magistrado, "la jurisprudencia nunca había reconocido como vicio de procedimiento la supuesta simultaneidad en la realización de dos debates distintos en el Congreso de la República, lo que demuestra que simplemente se quiso evitar una discusión de fondo del acto legislativo".
La enmienda, aprobada a mediados de este año, creaba un Tribunal de Garantías Penales encargado de fungir como juez de control de garantías y de dirimir eventuales conflictos de competencias entre las instancias penales civil y militar.
De igual forma, señalaba que los tribunales marciales se encargarían de investigar y sancionar "los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio", pero "en ningún caso conocería de crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado", que corresponden a la justicia civil.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos colombianas y del exterior se opusieron a la reforma, con el argumento de que dejaba vacíos que podían dejar en la impunidad casos como las ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que respeta y acata la decisión, pero la calificó como "un duro golpe a la moral" de las Fuerzas Armadas.
Pinzón anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para crear un fondo de defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio con un pedido para que se tramite de urgencia.
Por su parte, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, dijo que la decisión de la corte es un "golpe mortal a la voluntad de lucha y a la moral de las tropas".
"Si así seguimos, tenga la certeza que no habrá quien defienda a este país", dijo Ruiz en declaraciones de la cadena de radio Caracol, tras comentar que es "supremamente grave" la situación en que quedan más de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas que son investigados, de los cuales unos 3.000 están presos.
Sin embargo, este jueves Jorge Pretelt, uno de los magistrados de la corte, acusó a sus colegas de haber "inventado" el vicio de procedimiento en la ley para supuestamente evadir el análisis de fondo que requería.
"Se inventaron un vicio de procedimiento con el objeto de evadir el análisis de fondo de un tema tan importante (…) La entrega diaria de las Fuerzas Militares para garantizar la seguridad de los colombianos merecía que la corte realizara un debate profundo sobre este acto legislativo y no que adoptara una simple decisión formalista", expresó Pretelt.
Según el magistrado, "la jurisprudencia nunca había reconocido como vicio de procedimiento la supuesta simultaneidad en la realización de dos debates distintos en el Congreso de la República, lo que demuestra que simplemente se quiso evitar una discusión de fondo del acto legislativo".
La enmienda, aprobada a mediados de este año, creaba un Tribunal de Garantías Penales encargado de fungir como juez de control de garantías y de dirimir eventuales conflictos de competencias entre las instancias penales civil y militar.
De igual forma, señalaba que los tribunales marciales se encargarían de investigar y sancionar "los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio", pero "en ningún caso conocería de crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado", que corresponden a la justicia civil.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos colombianas y del exterior se opusieron a la reforma, con el argumento de que dejaba vacíos que podían dejar en la impunidad casos como las ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que respeta y acata la decisión, pero la calificó como "un duro golpe a la moral" de las Fuerzas Armadas.
Pinzón anunció que presentará al Congreso un proyecto de ley para crear un fondo de defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en investigaciones por actos del servicio con un pedido para que se tramite de urgencia.
Por su parte, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, dijo que la decisión de la corte es un "golpe mortal a la voluntad de lucha y a la moral de las tropas".
"Si así seguimos, tenga la certeza que no habrá quien defienda a este país", dijo Ruiz en declaraciones de la cadena de radio Caracol, tras comentar que es "supremamente grave" la situación en que quedan más de 15.000 miembros de las Fuerzas Armadas que son investigados, de los cuales unos 3.000 están presos.