Ley de Tierras: la inmensa cantidad de hectáreas que ya está en manos de extranjeros
El Senado nacional discutirá la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, la compra de hectáreas por parte de los extranjeros ya es exponencial.
Ley de Tierras: la inmensa cantidad de hectáreas que está en manos de extranjeros.
El próximo jueves 6 de agosto, el Senado nacional debatirá el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que apunta a aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual incluye derogar la Ley de Tierras Rurales. Esta iniciativa reabrió la discusión sobre los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros y su impacto sobre la soberanía territorial.
En ese contexto, un informe elaborado por el Observatorio de Tierras del Conicet sostiene que ya hay 13 millones de hectáreas en manos de extranjeros. "Se trata de un dato que está subregistrado porque la información la tiene cada provincia en Catastro. Con la ley que rige actualmente, que fue aprobada en 2011, los extranjeros podrían adquirir el triple de ese número. Sin embargo, el Gobierno nacional quiere derogar la norma y permitir que puedan comprar muchísimas más hectáreas, es decir todas las que quieran", sostuvo en diálogo con MDZ Julieta Caggiano, quien integra el Observatorio.
El número sale del registro de Tierras Rurales, una estadística que se perdería al derogarse la ley, como pretende que ocurra el Gobierno nacional el próximo jueves.
Qué sostiene la actual Ley de Tierras
Según el Observatorio de Tierras del Conicet, la Ley 26.737, sancionada en 2011, fijó un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Además, creó mecanismos de control destinados a evitar maniobras societarias que permitieran eludir esos topes.
El informe, que fue elaborado a fin del año 2025 pero que toma vigencia en en el debate que se está dando por estos días, recuerda que el proceso de adquisición de grandes extensiones por parte de ciudadanos y empresas extranjeras comenzó a acelerarse durante la década de 1990. En esos años se autorizaron ventas de millones de hectáreas ubicadas en zonas de seguridad de frontera, pese a que históricamente existían restricciones para proteger esos territorios.
El Observatorio de Tierras del Conicet menciona entre los casos más conocidos la adquisición de Lago Escondido, en Río Negro, por parte del empresario británico Joe Lewis; y las extensas propiedades compradas en la Patagonia por el grupo encabezado por el italiano Luciano Benetton.
"En la adquisición de tierras en manos de extranjeros podemos marcar varias épocas", asegura Caggiano. "La dictadura cívico- militar de 1976, los años 90 y los 2000. Con la derogación de la ley se busca profundizar el proceso de extranjerización de áreas consideradas estratégicas por sus recursos naturales y su ubicación", explicó la investigadora a este diario.
La investigación también señala que el fuerte incremento del precio internacional de los alimentos durante la década del 2000, sumado a la devaluación del peso, favoreció nuevas inversiones extranjeras en tierras argentinas. Frente a ese escenario, sostiene el Observatorio de Tierras del Conicet, el Congreso aprobó la Ley de Tierras con el objetivo de establecer límites y fortalecer los controles estatales.
Sin embargo, el organismo remarca que en 2016, el Decreto 820 firmado durante la presidencia de Mauricio Macri, modificó aspectos centrales de la reglamentación. Según el Observatorio, esa norma flexibilizó los requisitos para las operaciones inmobiliarias y cambió la metodología utilizada para determinar cuándo una sociedad debía ser considerada extranjera.
Como consecuencia, agrega que las cifras oficiales posteriores muestran una disminución de la superficie en manos extranjeras que respondería principalmente a cambios metodológicos y no necesariamente a una reducción efectiva de esas propiedades.
Posteriormente, el Gobierno de Javier Milei incluyó la derogación de la Ley de Tierras dentro del DNU 70/2023. No obstante, el Observatorio de Tierras del Conicet remarca que una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata frenó provisoriamente esa decisión, manteniendo vigente la normativa.
El mapa que alerta sobre las hectáreas en manos de extranjeros
De acuerdo con los datos recopilados por el Observatorio de Tierras del Conicet, alrededor del 5% del territorio argentino pertenece actualmente a propietarios extranjeros, lo que representa más de 13 millones de hectáreas.
Aunque ninguna provincia supera el límite general previsto por la ley, el Observatorio advierte que existen al menos 36 departamentos que exceden el máximo permitido del 15%. Incluso identifica casos donde la participación extranjera supera el 50%, especialmente en zonas con importantes reservas de agua dulce, recursos minerales o ubicadas en áreas de frontera.
El informe también destaca que departamentos ubicados sobre el río Paraná presentan elevados niveles de propiedad extranjera, una situación que adquiere especial relevancia por tratarse de uno de los principales corredores logísticos y comerciales del país.
Respecto del origen de los propietarios, el Observatorio de Tierras del Conicet indica que los ciudadanos estadounidenses concentran la mayor superficie de tierras rurales en Argentina, con más de 2,7 millones de hectáreas. Detrás aparecen inversores de Italia y España, nacionalidades que en conjunto reúnen aproximadamente la mitad de toda la superficie extranjerizada registrada.
Para los investigadores del Observatorio de Tierras del Conicet, la discusión que comenzará el 6 de agosto en el Senado trasciende el mercado inmobiliario rural. Sostienen que el debate involucra el control de recursos estratégicos como el agua, los minerales, los bosques nativos y las áreas de frontera, en un escenario internacional donde esos bienes adquieren cada vez mayor valor geopolítico.
En ese marco, Caggiano manifestó que: "la modificación a la Ley de Tierras implica redefinir quién puede acceder al control de esos territorios y cuál será el rol del Estado argentino en la administración de recursos considerados estratégicos para el desarrollo del país".
Los números sobre la compra de tierras a extranjeros en Mendoza
Aunque se trata de un subregistro, en el Observatorio hay un mapa de la cantidad de tierras en manos de personas extranjeras en Mendoza de acuerdo a los departamentos.
- Malargüe tiene entre el 14 y el 30% de las tierras en manos de extranjeros.
- Entre el 9 y 14%, figuran los departamentos de Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, General Alvear y La Paz.
- Maipú y San Carlos, poseen entre el 5 y el 8%.
- El resto de los departamentos, menos de ese porcentaje.
Cómo votarán los mendocinos en el Senado
La sesión llega después de que el tratamiento quedara en suspenso por diferencias entre bloques opositores y legisladores provinciales. Ahora, La Libertad Avanza intentará reunir los apoyos necesarios para otorgarle media sanción este jueves en el Senado y enviar el proyecto a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
En el punto sobre la derogación de la Ley de Tierras, los tres representantes por Mendoza votarán divididos. La senadora peronista, Anabel Fernández Sagasti, votará en contra de la derogación de norma. De hecho, fue una de las legisladoras más activas en convocar a los científicos para conocer la situación en Argentina.
Los radicales Mariana Juri y Rodolfo Suarez votarán a favor de la derogación, pero pedirán durante los próximos días modificaciones en varios artículos, de acuerdo a la información que pudo conocer MDZ.
Los puntos relevantes de la derogación de la Ley de Tierras
De aprobarse la iniciativa, caerán las principales restricciones que hoy impone la Ley de Tierras Rurales a la compra de campos por parte de extranjeros. En la práctica, dejará de existir el límite que establece que las personas y empresas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad de tierras rurales, tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio.
El proyecto también elimina el tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo —o su equivalente en otras regiones del país— que actualmente puede concentrar un mismo titular extranjero. Además, quedará sin efecto la prohibición para adquirir campos con grandes cuerpos de agua, ubicados en zonas de frontera o en otras áreas consideradas estratégicas para el país, tal como establece el artículo 10 de la vigente ley.
El Gobierno nacional sostiene que la derogación de estas restricciones permitirá brindar mayor seguridad jurídica a los inversores, fortalecer el derecho a la propiedad privada y generar un escenario más atractivo para la llegada de capitales y el desarrollo de nuevos proyectos productivos.
El caso del pueblo riojano que fue vendido a extranjeros
Mientras el Gobierno nacional busca eliminar las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un caso ocurrido hace casi dos décadas volvió al centro del debate en el Senado. Se trata del intento de venta de unas 200.000 hectáreas en Valle Hermoso, La Rioja, una operación que no sólo incluía campos, sino también un pequeño pueblo con familias, una escuela, una posta sanitaria y recursos hídricos considerados estratégicos.
El episodio, que terminó en una extensa disputa judicial y política, es señalado como uno de los antecedentes que impulsaron la sanción de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La operación fue realizada en 2008 por el empresario y rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. La magnitud de la compra generó un fuerte rechazo social debido a que el territorio comprendía habitantes, infraestructura pública y nacientes de agua, lo que abrió un debate sobre los límites de la propiedad privada cuando están involucrados recursos estratégicos y comunidades ya establecidas. La venta terminó siendo frenada tras una serie de cuestionamientos administrativos y judiciales.
Ahora, el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei propone eliminar la mayor parte de esas restricciones. La iniciativa mantiene la prohibición para que Estados extranjeros sean propietarios de tierras rurales, pero levanta los límites generales para inversores privados extranjeros, bajo el argumento de que las restricciones desalientan inversiones y afectan el derecho de propiedad.