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Repercusiones

La postura del Gobierno tras un nuevo escándalo de Manuel Adorni: qué dicen desde Balcarce 50

El Gobierno aseguró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, responderá ante la Justicia mientras avanza la investigación en su contra.


El canciller Pablo Quirno aseguró que la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “no tiene ningún impacto” en la gestión del Gobierno y remarcó que el funcionario “dará sus respuestas ante la Justicia”.

“Hay que separar la cuestión privada de la pública”, sostuvo Pablo Quirno en declaraciones a Radio Mitre, y enfatizó que las explicaciones deberán brindarse en el ámbito judicial, tal como el propio Manuel Adorni había anticipado en sus exposiciones públicas.

La causa pone bajo la lupa el origen de los fondos utilizados por el jefe de Gabinete para la compra y refacción de propiedades, además de gastos en viajes al exterior y deudas personales. El expediente es investigado por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El eje principal está en una vivienda de 400 metros cuadrados en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que inicialmente no había sido declarada ante la Oficina Anticorrupción. Según surge del expediente, la operación incluyó US$20.000 para la compra, una hipoteca de US$100.000, la devolución de US$30.000 y un gasto de US$245.000 en refacciones.

Este último monto es el más sensible: el contratista de la obra, Matías Tabar, declaró que recibió ese dinero en efectivo y sin factura por trabajos que incluyeron reformas integrales en la propiedad. Desde el entorno de Manuel Adorni rechazaron la cifra y adelantaron que pedirán peritajes para determinar el valor real de las obras.

Otro punto bajo análisis es un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por US$30.000, que también forma parte del patrimonio examinado por la Justicia para evaluar si se corresponde con los ingresos declarados.

La investigación también abarca los viajes internacionales del funcionario, con gastos que superan los US$24.600 entre pasajes y hotelería, así como deudas que alcanzarían los US$335.000, incluyendo compromisos vinculados a las operaciones inmobiliarias y a un acreedor particular.

En total, los movimientos económicos analizados superan los US$600.000. Para los investigadores, ese volumen de gastos, sumado a la omisión inicial de la propiedad y a la modalidad de pagos en efectivo, sostiene las sospechas de enriquecimiento ilícito, mientras la defensa del funcionario busca desacreditar los montos mediante pericias.