Paraíso fiscal: las Islas Vírgenes Británicas siguen protegiendo la privacidad empresarial

Hace algunos días, estimo que sin malicia, un diario nacional publicó una nota en la cual aseguraba que en las Islas Vírgenes Británicas (“BVI”) “se terminó la privacidad ”. Según ese artículo, la jurisdicción “reforzó los controles financieros” y habría perdido la confidencialidad. El título es atractivo, pero es incorrecto.

Dado que desde la publicación recibí numerosas consultas de clientes y colegas, pensé que valía la pena aclarar algunos puntos y desactivar una alarma que, simplemente, no corresponde.

La verdad no aparece en los titulares

Soy abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional desde hace más de 25 años. He trabajado y trabajo con estructuras en BVI de forma constante, y cuando uno conoce una jurisdicción en profundidad puede hacer afirmaciones con tranquilidad.

En este caso, puedo decirlo con total tranquilidad que las últimas modificaciones al régimen de información vinculado a beneficiarios finales de sociedades no implica -más allá de las presiones internacionales- la creación de un registro con acceso al público, no implica tampoco que la información que posea a jurisdicción al respecto vaya a ser intercambiada de manera automática y mucho menos desprotección para empresarios o familias que vienen utilizando la jurisdicción desde los años ochenta.

El documento oficial sobre el funcionamiento del sistema lo explica con absoluta claridad: “En BVI no existe un registro público de beneficiarios finales. Nadie puede hacer una búsqueda en el Registro de Sociedades para conocer la identidad de un UBO, ni se trata de información sujeta a intercambio automático con otros países.”

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Qué cambió (y qué no)

Sí hubo una actualización del sistema de información: se implementó un registro de beneficiarios finales administrado por el Registrar of Corporate Affairs. Este mecanismo reemplaza al sistema previo (BOSS) y busca cumplir con estándares globales sin sacrificar la privacidad de los usuarios.

No estamos frente a un sistema de libre consulta ni ante “puertas abiertas” para cualquier Estado extranjero. La información solo puede requerirse en el marco de investigaciones vinculadas a delitos graves y, aun así, el acceso está limitado a quienes puedan acreditar un interés legítimo.

Además, las autoridades extranjeras solo pueden acceder respecto de beneficiarios que posean 25% o más de la entidad. Ese umbral elimina de plano cualquier intento de “fishing expedition” o pedido indiscriminado. Como veremos más adelante, también quedan fuera del registro centralizado, no público, las estructuras familiares que cuentan con un trust irrevocable y hasta se puede pedir que se proteja la identidad de una persona si la misma se encuentra en riesgo.

Garantía por encima de las filtraciones

El sistema introduce además un mecanismo esencial de defensa para el cliente. Si alguien solicita información, la sociedad es notificada y dispone de cinco días hábiles para presentar objeciones fundamentadas. Durante ese plazo, la información no se entrega. Solo se autoriza el acceso si el Registro concluye que no existe “riesgo significativo para el beneficiario”.

Esto es exactamente lo contrario a un “sistema abierto”. Y aun cuando la solicitud se considera legítima, solo se revelan datos básicos —nombre completo, mes y año de nacimiento, nacionalidad y tipo de participación— del beneficiario con al menos 25% de la sociedad. Nunca se revelan direcciones, datos de contacto ni información sensible.

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Lo viejo, a veces, funciona

Más allá de las novedades, BVI conserva mecanismos históricamente robustos para la protección patrimonial legítima:

• Fondos de inversión regulados: exceptuados del registro, siempre que puedan proveer la información en 24 horas.
• Trusts: en estos casos, solo se informa la identidad del trustee, no la de los beneficiarios finales.
• Participaciones fragmentadas: si ningún accionista supera el 25%, directamente no hay UBO a informar.

Quien entiende de planificación patrimonial sabe leer lo anterior: la privacidad continúa protegida para quienes estructuran de forma legal, seria y profesional. Por supuesto, quien desconoce el tema puede alarmarse. Por eso importa aclararlo y, una vez más, insistir en la importancia de recibir asesoramiento profesional adecuado.

Grey list: por qué no es lo que muchos creen

El ingreso temporal de BVI a la “grey list” de GAFI, por otro lado, no significa que la jurisdicción sea insegura. Se trata de un proceso técnico, no de una condena moral ni de una sanción. Varios países —como Emiratos Árabes, Turquía, Islas Caimán o incluso Panamá— han atravesado ese camino sin salir afectados.

¿Quién realmente usa BVI?

Algo que la nota ignora, o elige no mencionar, es el perfil real de los usuarios de BVI. Los criminales no utilizan BVI. Los clientes sofisticados, sí. Fondos internacionales, family offices y vehículos patrimoniales recurren a la jurisdicción por tres motivos: seguridad jurídica, continuidad y gobernanza. La privacidad existe para proteger a empresarios, familias e inversores frente a riesgos reputacionales, intentos de extorsión, litigios maliciosos o persecuciones políticas. No para ocultar delitos.

Las Islas Vírgenes Británicas no han cambiado su esencia. Continúan siendo una jurisdicción estable, seria y previsora. La confidencialidad se mantiene para quien actúa dentro de la ley. Lo inseguro nunca fue BVI. Lo inseguro es improvisar estructuras, creer titulares alarmistas y trabajar sin asesoría fiduciaria.

La privacidad bien diseñada no tiene enemigos: tiene reglas, umbrales y mecanismos de resguardo. Y, como digo siempre, no hay planificación más cara que no planificar. No se dejen llevar por titulares engañosos. Confíen en profesionales preparados, capaces de ayudar a estructurar y proteger sus patrimonios. Sin alarmas, pero con acción.

* Martín Litwak, abogado especialista en fiscalidad internacional y estructuras patrimoniales.