Motosierra vs. educación: un pedido universitario contra un gasto fiscal que el Gobierno quiere guardar

Pasó ayer la marcha por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno protagonizará hoy la jornada 204 sin modificar su actitud, y esperando una resolución final que llegue desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ); a donde fue a parar la legislación luego de la judicialización que impuso el Ejecutivo. Mientras tanto, quedan algunas definiciones del conflicto que, a esta altura, es más político que económicos, fiscal o educativo; dado que, si se tuviera voluntad de las partes, ya hubiera aparecido una solución.

Los datos concretos de la discusión

• Aplicar la ley tal cual fue aprobada por el Congreso Nacional tendría un costo fiscal aproximado de 0,2% del PBI; con lo que medido sobre el producto nacional versión 2025 implicaría un costo anualizado de U$S 1.350 millones.
• Como ya estamos en mayo, y de aceptarse su ejecución comenzaría en junio o julio, el nivel de erogación debería dividirse en dos, dado que se aplicaría sólo para el segundo semestre. Esto costaría 675 millones de dólares o medido sobre el PBI, un 0,1% del total.
• Si se tiene en cuenta la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para todo el año de un superávit primario de 1,4%, cruzado con la proyección acumulada a abril de un resultado positivo final de 1,5% (según los primeros resultados del año), el costo fiscal de aplicar la ley en lo que queda del 2026 sería neutro. O, a lo sumo, requeriría un esfuerzo fiscal mínimo para el segundo semestre del año.
• Si bien se registra en los primeros cuatro meses del 2026 una contracción de la recaudación sobre inflación, con una caída acumulada en el primer cuatrimestre de 5% aproximado; los analistas consideran que para el segundo semestre (cuando podría aplicarse la ley), los ingresos por impuestos ya estarían operando por arriba de la inflación.
• En cuanto al superávit financiero, se estima que para el año se proyecta un 0,4% final; con lo que el costo final de aplicar la ley reduciría el indicador a un 0,2 o 0,3%. Este superávit no es meta fijada con el FMI, con lo que una caída por ejecutar la legislación universitaria no cambiaría el panorama, siempre que el resultado se mantenga positivo.
• Los datos reales indican que las transferencias presupuestarias cayeron un 25% desde diciembre del 2023 hasta abril del 2026. Los salarios promedios de los profesores titulares de las universidades públicas cayeron entre 30 y 35% dependiendo de la dedicación y exclusividad. Los salarios de los profesores universitarios se ubican entre los 350.000 (simple) y 1,8 millones en bruto para los rectores, según el dato de febrero; ultima actualización. Con la nueva ley el primero pasaría a cerca de 500.000 pesos y el segundo a 2,3 millones. Siempre en bruto.
• Dos datos que menciona el gobierno. Que se habilitó a las universidades a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros (la medida nunca se ejecutó) y la UBA no habilitó ninguna de las auditorías comprometidas.

Lo cierto es que el Gobierno debe asumir la situación como un conflicto político que, en consecuencia, debe tener una resolución de las mismas características. Sin embargo, queda confirmado, que la intención casi personal de Javier Milei es la de extender todo lo posible la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la que, en teoría, debería estar ya en vigencia luego de que la intención oficial de que quede fuera del ejercicio 2026 haya fracasado en el tratamiento del Presupuesto para este año.

La necesidad de los libertarios de lograr la aprobación de la Ley de Leyes con aliados políticos dentro del Poder Legislativo provocó que se negociara que el Financiamiento Universitario quedara tal cual como había sido aprobada en el segundo semestre de 2026, con lo que estaría vigente, más allá de la judicialización de la norma, donde el Gobierno ya tiene sentencia negativa en primera y segunda instancia. Y está en manos de la CSJ su resolución, con pocas expectativas positivas para el oficialismo. A esta altura la única expectativa positiva para el gobierno, es que el tribunal extienda todo lo posible su decisión; ya que cada mes que pasa es un costo fiscal menos que asumir en el 2026.

El Gobierno mira el problema desde el punto de vista fiscal con el FMI como pared, y a partir de haber comprometido para este ejercicio un superávit fiscal primario de 1,4% del PBI. Esto es, simplemente, el resultado entre recaudación y gastos. En total, serían unos 6.200 millones de dólares de ahorro primario durante todo el ejercicio, cuando, según informó ayer el Ministerio de Economía, durante los primeros cuatro meses del año se acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%.