Mochila de piedras: la impresionante cantidad de impuestos que impactan en los precios de leches y quesos

En momentos en que el Senado se apresta a debatir la ley de Modernización Laboral, que incluye un capítulo tributario y mientras en la agenda del Gobierno empieza a ranquear cada vez más alto la necesidad de abordar una reforma impositiva, desde la industria alimentaria advierten sobre el impacto de los impuestos en la estructura de costos.

En concreto, la Mesa de Productores de Leche de la Provincia de Santa Fe (Meprolsafe) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) presentaron un informe centrado en la presión impositiva general sobre el sector tambero, y apuntan "la imperiosa necesidad de una reforma tributaria que invite a invertir y a salir de la informalidad rápidamente".

El primer dato sorprende por su contundencia. Con una carga impositiva estimada en 42% y nada menos que 37 impuestos que deben pagar los productores, el sector lácteo pide que le saquen el pie de la cabeza, pese a que nivel de producción no le va mal, precisamente.

Pérdida de competitividad

Esto surge del hecho de que en enero de este año el sector tambero argentino enfrenta una dualidad, dado que "hay crecimiento productivo sostenido gracias a la eficiencia de los productores, tecnología y clima favorable (con proyecciones de alza para el año); pero con una creciente alerta sobre la rentabilidad, ya que los costos (incluyendo impuestos) presionan los márgenes y al desaparecer poco a poco la inflación, se ve amenazada la sustentabilidad a pesar de la mayor producción y el impulso a la inversión a través de financiamiento especial".

La carga impositiva total alcanza el 42% en el sector tambero, con 37 impuestos en tres los tres niveles, nacional, provincial y municipal, que como es de suponer llega aguas abajo hasta la industria láctea, que los incorpora, de alguna manera, a sus costos.

El peso de los impuestos

El Impuesto a las Ganancias, para personas físicas y jurídicas, que aplica una escala progresiva entre 25% y 35% sobre la utilidad neta. Para 2026, la alícuota máxima del 35% aplica a rentas superiores a aproximadamente $347 millones. "Lo consideramos un impuesto que si todo el sistema impositivo está bien controlado, es justo", afirmaron CRA y Meprolsafe.

En tanto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) posee una alícuota general es del 21% sobre las ventas, pero con tasas reducidas del 10,5% para ciertos sectores. "Pedimos que se disminuya de manera que se favorezca el consumo de lácteos", sostienen las entidades.

Efecto cascada

Hay que contabilizar también el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, más conocido como impuesto al cheque, que grava los movimientos en cuentas corrientes. "Cuando las operaciones se repiten o superponen generan impuesto sobre impuesto. Pedimos su eliminación", destacaron sin vueltas. Es lo que se llama efecto cascada.

Algo muy parecido a lo que ocurre con Ingresos Brutos (tiene alícuotas que van del 1,5% al 5%), que es un impuesto provincial y que grava cada etapa en la cadena de producción, por lo que el precio final al consumidor termina incorporando todas esas distorsiones impositivas. Se suman también el Impuesto a los Sellos y el Inmobiliario Rural, ambos de origen provincial y las tasas de Seguridad de Higiene (municipal).

"Otro ejemplo es el Impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Se paga cada vez que se carga nafta o gasoil. Consideramos que se deben eliminar respecto de los consumidores, ya que esto favorecería los sistemas productivos y favorecería el consumo y el turismo por parte de los consumidores finales", remarcaron.

En cuanto a los Impuestos internos a tecnología y electrónicos, se destaca que la eficiencia, la innovación productiva y la competitividad están directamente relacionadas con el acceso a esas herramientas, por lo que otra vez piden eliminarlos directamente para favorecer su incorporación al proceso productivo.