Glaciares: la reforma que redefine el equilibrio entre hielo, federalismo e inversiones mineras

El Senado argentino aprobó, en todas las instancias, la reforma a la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, una norma que durante los últimos quince años estableció un marco nacional para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La iniciativa propone limitar el alcance de esa protección a cuerpos de hielo y geoformas con funciones hídricas comprobadas y transferir mayor capacidad de decisión a las provincias, en línea con el principio constitucional que les reconoce el dominio originario de los recursos naturales.

La discusión no es menor. Atraviesa tres dimensiones centrales: la preservación de reservas estratégicas de agua dulce, la seguridad jurídica de inversiones mineras multimillonarias y la relación de poder entre Nación y provincias en materia de gestión de recursos naturales y ambiente.

La Ley de Glaciares, nacida para proteger reservas estratégicas de agua

La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 con el objetivo de preservar los glaciares y los ambientes periglaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos. Estos ecosistemas cumplen funciones críticas: regulan el flujo de agua en cuencas de montaña, abastecen consumo humano y agrícola, sostienen biodiversidad y constituyen archivos naturales del clima.

La norma creó el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con el objetivo de identificar y monitorear estos cuerpos de hielo. También estableció prohibiciones estrictas sobre actividades consideradas potencialmente dañinas, incluyendo la exploración minera, la explotación hidrocarburífera y la construcción de infraestructura no vinculada a investigación científica.

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