Desarmaderos de autos: el Gobierno elimina un paso clave

El Gobierno de Javier Milei publicó el decreto que introduce modificaciones clave en la gestión de bajas y desarmes de automotores, según lo dispuesto en el texto legal de la Ley 25.761. La normativa, vigente desde 2003, regula a personas físicas y jurídicas dedicadas al desarme o comercialización de repuestos usados y requería hasta ahora documentación y fotos impresas que resultaban obsoletas frente a la evolución tecnológica.

El artículo 4° de la norma original obligaba a entregar en formato papel la documentación identificatoria del vehículo cuya baja se solicita, además de fotografías impresas a color del automotor. El decreto sustituye este planteo y en su reemplazo habilita la carga de la documentación y las imágenes por medio de una plataforma digital cuyo objetivo es centralizar los registros asociados tanto al titular del vehículo como al proceso de desarme, reduciendo costos y tiempos de gestión.

Asimismo, se introduce un cambio significativo en el artículo 10 de la ley: se elimina la exigencia de registrar datos duplicados o redundantes como fecha de fabricación, país o establecimiento; y se prioriza el registro fundamental de marca, modelo, número de pieza, y el certificado de baja y desarme. El decreto también dispone que las piezas no aptas para su reutilización sean destruidas.

Estas modificaciones se enmarcan dentro del régimen de delegación previsto en la Ley 27.742, sancionada en 2023, que confiere al Ejecutivo la facultad de eliminar o modificar competencias, funciones o requisitos innecesarios en trámites de organismos del Estado con el propósito de alcanzar mayor eficiencia y transparencia.

En este contexto, el decreto establece que mientras la plataforma digital no esté operativa, se mantendrá vigente el sistema presencial actual, en papel, para gestionar bajas y desarmes. La entrada en vigor se produce al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial, con una previsión de difusión y coordinación con la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, de acuerdo con la Ley 26.122, que regula el control legislativo sobre decretos delegados.

El marco normativo que motiva esta decisión surge también de las disposiciones originales de la Ley 25.761, que en su artículo 9º creó el Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas, dependiente de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor. En él deben inscribirse todas las personas físicas o jurídicas cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea el desarme y la comercialización de partes. El artículo 10 obligaba a documentar ingreso, egreso, detalles del vehículo y destino de las autopartes, generando una carga operativa que resultaba onerosa y dificultosa para los responsables del registro.

Con la digitalización, el Estado busca centralizar un sistema de gestión donde la trazabilidad sea más efectiva y los controles más ágiles, evitando duplicaciones y simplificando requisitos. Además se espera reducir la carga operativa, acelerar los tiempos de gestión y minimizar la circulación de documentación inservible en formato físico.

"El presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y por el artículo 3°, inciso a) de la Ley Nº27.742", remarca el texto oficial. En ese marco, también se prevé que la medida contribuya a una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bien común.

El decreto instruye a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios a implementar la nueva plataforma digital para tramitar bajas y desarmes, y solicita que se informe a la Comisión Bicameral sobre su funcionamiento.