Crece el desconcierto y el malhumor en el campo: el laberinto de la aftosa y el nuevo control de semillas encienden las alarmas

Mientras Brasil sigue avanzando, y acaba de ser reconocido por la OMSA (Organización Mundial de Sanidad Animal) como libre de aftosa sin vacunación- lo que le permitirá acceder a los mejores mercados con más facilidad, tras haberse cumplido un año que dejó la vacunación-, en Argentina vuelve a crecer el malhumor entre los productores por la falta de definiciones claras de parte del propio Estado.

En ganadería, por ejemplo, tras la “flexibilización” anunciada a partir del 2027, cuando se podrán elegir los vacunadores (de un listado de profesionales anotados) y comprar directamente las vacunas como cualquier otro insumo (también de veterinarias previamente autorizadas), el organismo sanitario decidió cambios tan poco claros, que ni el propio personal del Servicio los sabe explicar fehacientemente.

El mayor escollo está con la “recategorización” de los terneros ya vacunados, y cuáles son los que deben recibir una nueva dosis (en una fecha que no existía) en estos próximos días, a pesar de la vacunación de marzo pasado, hace poco más de 2 meses. Se supone, además, que estos no serán vacunados también en octubre, aunque nadie lo afirma, ni explica.

Como si fuera poco, con bombos y platillos, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció un nuevo esquema de muestreo para el siempre sensible tema de las semillas, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, y que volvió provocar escozor entre los productores.

Y no solo por las exageraciones del ex vocero presidencial que calculó que, gracias a la medida, “se dispararían inversiones superiores a los U$S 4.000 millones“ (?), cifra que no se sabe de donde salió, ni a que cálculo responde.

En realidad, se supone que el Decreto es acorde con el “espíritu de la Ley (de Semillas) que todavía está en el Congreso y que, entre otras cosas, pretende respetar la propiedad intelectual de los objetores de las semillas, que es igual a decir que se respeta la propiedad privada, tema que tanto EE.UU. como la Unión Europea le están exigiendo a la Argentina en varios frentes, aunque hay sectores que lo resisten, como sucede con parte del farmacéutico.

El caso es que, ante la falta de capacidad de control comercial del INASE (instituto oficial al que trataron de disolver un par de veces), ahora involucrarán a los privados para hacer el trabajo que surge de la nueva medida que, con bastante razón, resisten los productores (seguros de que nuevamente tendrá un costo, y lo pagarán ellos).

De acuerdo al Boletín Oficial, el “protocolo” establecido es para el control de la identidad varietal en grano, o sea, un mecanismo para verificar qué variedad de semilla se usó (a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega), y proteger así los derechos de los obtentores bajo la Ley de Semillas 20.247.

Las muestras, que se tomarán en el primer punto de entrega, solo podrán ser analizadas por las Cámaras Arbitrales, o entidades privadas que hayan suscrito convenios, o estén habilitadas por el INASE para identificar la variedad vegetal. ¿Surgirá una nueva red de laboratorios privados, como en su momento ocurrió con las bromatologías?.

El hecho es que el mecanismo, que presenta varias aristas poco claras permitiría, sin embargo, fiscalizar el tráfico de “bolsa blanca”, eufemismo con el que se trata de desdibujar la semilla “copiada” sin reconocer los derechos del obtentor, y que en Argentina supera el 70% del mercado.

Pero, si bien esto es cierto, la medida que incidiría directamente en productores, acopios y corredores, dista de solucionar el tema de fondo y tampoco sustituye la necesidad de una nueva Ley de Semillas actualizada. De hecho, la sanción de esta por parte del Congreso, tanto como la adhesión al UPOV '91, puede directamente voltear y/o modificar esta resolución dada su jerarquía inferior.

Y tampoco satisface las exigencias internacionales (de EE.UU. y la U.E.) respecto a refortalecer la defensa de la propiedad privada, y que, en el caso de los EE.UU., forma parte del acuerdo bilateral de beneficios arancelarios.

Anuncian más inversiones

A los proyectos ya conocidos de inversión de Profertil, que ampliaría sustancialmente su producción de urea; y a otro en la misma línea, de U$S 5.000 millones que fuera anunciado por el Ministro “Desregulador”, Federico Sturzenegger, se sumó ahora el de una de las mega cerealeras internacionales, que ya está en la Argentina, LDC.

Ahora, Louis Dreyfus Company (LDC), que de ellos se trata, decidió una nueva inversión para construir una gran planta de procesamiento de girasol y de soja, en el puerto de Bahía Blanca, con una inversión de U$S 400 millones, sobre un predio que la compañía ya posee.

Según hicieron saber, tendrá una capacidad de molienda diaria de girasol de 4.000 tn. de semillas, y se proyecta como una de las mayores del mundo.

El hecho ratifica, tanto las condiciones de Bahía Blanca como puerto de aguas profundas del país, como las perspectivas que LDC le ve al girasol argentino, que fuera “vedette” en esta campaña.

La francesa, que acaba de cumplir 101 años en Argentina, ya tiene plantas de procesamiento de soja en Timbres y General Lagos (Santa Fe), con sendas plantas de biodiesel

Llueve sobre la Hidrovía

Mientras algunas lluvias beneficiosas se produjeron en varias de las zonas agrícolas centrales (mejorando la implantación del trigo nuevo que ya se va generalizando), el tema de la Hidrovía entró en su recta final, nuevamente con “ruidos” frente a la preadjudicación que recayó en Jans de Nul, la empresa belga que había ganado la licitación en 1995 y que, a pesar de haber vencido la concesión en el 2020, siguió hasta ahora haciendo el mantenimiento hasta que se pudiera repetir la licitación.

Son menos de media docena, en el mundo, las empresa “privadas” capaces de hacer estos trabajos, y que cuentan con el equipamiento necesario. Sin embargo en Argentina, el tema tuvo idas y vueltas, miles de sospechas, denuncias cruzadas, y hasta un conflicto que terminó con una empresa familiar centenaria como Vicentín que, de alguna forma, se vio envuelta en la intrincada trama.

Para este Gobierno, este es el segundo intento de privatizar el mantenimiento, balizamiento, y nuevas obras que exige la estratégica vía navegable que ahora requiere 40 pies de calado para que puedan salir del río los supergraneleros con más de 80.000 tn de carga, sin necesidad de tener que completar bodegas en los puerto de Bahía y Quequén de aguas profundas (lo que encarece sensiblemente, el transporte).

El primer intentó fracasó en febrero del año pasado, después de una muy fuerte campaña de rumores, desde varios frentes, que determinó el alejamiento de 3 de las 4 empresas que se habían presentado al concurso.

Ahora, tras la preadjudicación, queda la última instancia de una semana (que se cumple este jueves), para presentar alguna impugnación, lo que todavía no ocurrió.

A pesar de esto, la otra belga, DEME, que no objetó el pliego durante las negociaciones, sostuvo públicamente que podría hacer el trabajo con una tarifa 17% más baja… “Y si hubiera ganado, ¿también lo habría dicho?”, es la pregunta que queda flotando, mientras miles de camiones se agolpan en los puertos de Gran Rosario a la espera de poder descargar una supercosecha que requiere con urgencia, tanto de la estratégica Hidrovía, como del FFCC para abaratar los transportes.