Burford quiere negociar por YPF: ¿por qué Argentina aún no puede hacerlo?
El fondo de inversiones quiere negociar con la Argentina porque sabe que las acciones de YPF valen menos que lo concedido por la jueza Loretta Preska. Al Gobierno apelará la sentencia y busca demorar lo máximo posible un acuerdo.
Burford Capital quiere negociar. Y no necesariamente la manera de hacerse del 51% de las acciones de YPF, que ayer Loretta Preska determinó que se le deben transferir, por hacer vencido en el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012.
El fondo que le ganó el juicio a la Argentina en la primera instancia de los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, sabe que esas acciones representan a precio de hoy unos US$6.000 millones. Y que, según el fallo de la jueza, le corresponden a los demandantes vencedores (Burford, Eton y un par de fondos mas), más de U$S 16.000 millones; un número sensiblemente mayor a lo que obtendrían con la venta de esas acciones. Único destino que tendrían en sus manos esos papeles del paquete de la YPF renacionaliza.
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Por esto, lo que en realidad buscan los asesores financieros de Burford es presionar a que el gobierno argentino acepte sentarse a negociar una salida acordada al problema; eventualmente con la colocación de un bono (o bonos) para completar la mayor parte de la deuda que Preska determinó que les corresponde.
Para el gobierno de Javier Milei, es imposibles sentarse ahora a negociar. Legal y financieramente debe agotar todas las instancias jurídicas que le permita el sistema legal de los Estados Unidos, incluyendo una apelación en la Cámara de Nueva York, y, si continúan las malas noticias en ese nivel; ante la mismísima Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La apelación incluye el fallo de fondo de septiembre de 2023, que determinó que Argentina es culpable; resolución que hoy se encuentra en instancia de Cámara de Apelaciones de Nueva York; así como la decisión de ayer de Preska de permitirle a Burford y el resto de los fondos que avances sobre las acciones de la petrolera argentina en manos del estado nacional.
Una vez que el juicio haya agotado las tres escalas del poder judicial de los Estados Unidos, será el momento de mirar las posibilidades de negociación. Allí Milei encontrará otro problema. Cualquier avance final de un acuerdo con Burford y el resto de los demandantes, deberá pasar por el Congreso Nacional y ser aprobado por ley; ya que, si la decisión es emitir un título público, una nueva emisión de deuda debe ser avalada por el Poder Legislativo.
Aún más complejo sería la alternativa de aceptar el pago a través de la entrega de las acciones de YPF en poder del Estado Nacional, que fueron transferidas al Ejecutivo a través de la ley de renacionalización de la petrolera en el 2012. Pensar que en las actuales circunstancias políticas del país el Congreso Nacional apruebe una operación semejante, es una utopía. Situación que seguramente continuará durante todo el mandato de Milei; salvo que en las próximas elecciones de octubre los libertarios alcancen una mayoría notable.
Burford envió el año pasado señales al gobierno de Javier Milei para que acepte negociar la emisión de deuda para pagar en el largo plazo, con algún período de gracia, y por un monto eventualmente inferior a ese dinero que la jueza falló que le corresponde. Ofreció incluso suspender las acciones judiciales para pedirle a Preska que nombre un negociador y sentarse a discutir las condiciones de un acuerdo con la Argentina. Afirmaban cerca de Burford, que de esta manera, el país se hubiera ahorrado muchos millones de dólares (quizá miles) y que al final de la historia que parece marcada, no habrá que cumplir con el compromiso de una liquidación de aproximadamente US$ 18.500 millones; contabilizando el capital inicial de la demanda desfavorable para la Argentina y los intereses, punitorios, gastos y multas por haber extendido el juicio en la Justicia norteamericana.
Milei y su gobierno tenían y tienen otros planes. Saben en la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía y en las dependencias donde se sigue el tema, que aceptar la invitación a negociar de Burford es imposible por dos motivos. El primero, y fundamental, porque no hay plata. Argentina no tiene dinero para discutir un pago de esa magnitud, ni siquiera con un plan de liquidaciones extendida en el tiempo.
El segundo motivo por el cual no estaba ni está en la agenda del Gobierno negociar con Burford Capital, es que a la Argentina aún le quedan instancias judiciales para recurrir. Incluso sabiendo que las posibilidades de victoria son casi nulas. La causa por la manera en que se renacionalizó YPF durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía, está a la espera de una resolución en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde se espera que haya sentencia final en algún momento de este último semestre de 2025. Si Argentina obtuviera, como se espera, un fallo desfavorable en esta instancia recurrirá a la Corte Suprema de EE.UU., un ámbito donde en general, no se modifican fallos de primer juzgado y cortes de apelaciones. Lo saben los abogados que asesoran al país. Pero reconocen también que la estrategia les hace ganar tiempo, y pensar en una resolución del caso recién para fines del 2026. En teoría, el país estaría en ese momento en condiciones de negociar la colocación de deuda por el monto que reclama Burford, una suma hoy imposible de pensar para el país.
En realidad, las normas de buenas costumbres internas exigen a cualquier funcionario público argentino agotar todas las instancias judiciales sin acelerar los tiempos. La máxima en este sentido es que siempre que haya alguna posibilidad de éxito, aunque sea mínima, debe ser aprovechada. De otra manera, el funcionario que no ejecute esta instancia puede recibir demandas por mal desempeño en sus funciones. Con lo cual, para cumplir con los procedimientos en estas lides judiciales debe agotar la Argentina las instancias que le otorga el sistema republicano norteamericano. Esto es, recurrir a la Corte y esperar una resolución, sabiendo que seguramente será negativa.
Por lo que se sabe, Burford quiere mantener, al menos por ahora, buenas relaciones con su deudor. Toda esta sofisticada ingeniería financiera, fue elaborada por un “lobo” de Wall Street, de sangre argentina y contratado especialmente por Burford para diseñar una salida aceptable y pagable para el gobierno nacional. Se trata de Gerardo “Gerry” Mato, un ex-HSBC especialista en deudas de países emergentes y operaciones de riesgo, que ya firmó contrato con Burford para sondear un acuerdo extrajudicial. Se sabe que Mato tienen muchos contactos en la City porteña, con los que ya habría tomado contacto. Además de haber llamado a algunos analistas políticos locales para conocer las posibilidades reales de negociación que habría con el Gobierno. Esto, además de un panorama general sobre la oposición.
Burford había comprado el 70% de la causa y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30%, habiendo incluido en la sociedad litigante a algunos anónimos inversores privados (unos diez fondos de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándole a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de los casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por el propio Burford, quien desistió de reclamarle a Petersen. La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
Burford no es en realidad un fondo de inversiones o directamente un fondo buitre al estilo Elliott o Dart, sino que se trata de un sofisticado bufete de abogados con sede en Londres y cotizante en la Bolsa de esa ciudad. Se dedica a comprar juicios con altas posibilidades de éxito, pero con una larga demora en el tiempo para su resolución. La clave del negocio es que la adquisición de una causa no la hace con capitales propios, sino con inversores que confían en su experiencia y aportan un puñado de capitales en una acción legal determinada y en cualquier mercado del mundo. Además de su sede en Londres y sucursales en varios países como Estados Unidos y Singapur. Con el tiempo, los accionistas que acompañan una causa pueden, a su vez, vender esos papeles o comprar una porción mayor. También pueden figurar como socios, los tenedores originales de las acciones damnificadas y simplemente vender una parte de la causa global. Burford lo que hace luego es administrar la venta y compra de esas acciones.
En el caso de YPF, se sabe que sus socios tuvieron movimientos múltiples durante todos estos años. Burford vendió en junio de 2017 el 15% de la causa en US$440 millones, luego de haber comprado todo el paquete por menos de US$30 millones a la Justicia española. ¿Quién puede ser ese tercer actor que adquirió ese porcentaje? El único que lo sabe es Burford. Podría ser un inversionista argentino o extranjero. Podría ser cualquier fondo buitre, o cualquier persona o holdout que haya sido demandante al país en el “juicio del siglo” cerrado en 2016. O incluso pude ser un ex o actual accionista de la empresa. O incluso una persona particular.
Se trata en realidad de algo habitual en Burford, un fondo que no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su expertise son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
Siempre hay accionistas de la causa que capitalizaron y pueden elegir vender y capitalizar. Y, obviamente, otros quieren entrar. Para juntar las partes, Burford realizó la tarea de trader y administrador y garantiza el secreto de los participantes.