Consecuencias legales (y económicas) internacionales del fallo contra Guillermo Moreno
La decisión de la Justicia de condenar a Guillermo Moreno por la manipulación de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) tiene, obviamente, consecuencias locales. Pero también fuera de las fronteras. Concretamente, en los tribunales internacionales de Gran Bretaña y Estados Unidos, donde Argentina litiga contra demandas de fondos de inversión especializados en causas contra el país por la manera en que se manipularon los datos de las cuentas públicas locales durante los años de intervención del exsecretario de Comercio Interior y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de la Justicia local le da virtualmente la razón a los tenedores de bonos que litigaron contra el país, considerando que fueron estafados por la manera en que se midió el PBI en 2013, fueron nombrados (en este caso explícitamente) por el FMI en el texto de aprobación del Facilidades Extendidas.
En este caso, se trata de una causa en Londres por unos US$1.600 millones, más otra que se trata en la cámara de apelaciones de Nueva York, luego de un fallo a favor del país en los tribunales de Loretta Preska.
La noticia es que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el lunes la condena a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años para el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por manipulación del Índice de Precios del Consumidor del Indec entre 2006 y 2007, en un fallo por mayoría con disidencia del juez Alejandro Slokar.
Guillermo Moreno había sido condenado en agosto de 2024 a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por seis años en un juicio por los hechos ocurridos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 2. Casación confirmó ahora esta decisión y la única instancia de revisión pendiente es la Corte Suprema de Justicia.
El fallo alcanza también a Beatriz Paglieri, exdirectora de Índice de Precios al Consumidor del Indec, mientras que fueron absueltas María Celeste Cámpora Avellaneda y Marcela Lucía Filia. De quedar firme la condena, Guillermo Moreno no podría ejercer cargos públicos por ser hallado culpable de "abuso de autoridad en concurso ideal con el de destrucción e inutilización de registros públicos".
Al haber sido encontrado culpable dentro del país, el argumento utilizado por los abogados argentinos para defender la posición de inocencia ante el juicio por la manipulación de los datos del Indec en la causa títulos públicos se cae, ahora, a pedazos.
La causa por la manipulación de títulos públicos en 2013, y el consecuente no pago de los intereses correspondientes al Cupón 2013, tiene ya fallo firme en los tribunales ingleses. Argentina perdió el caso en primera y segunda instancia, en ambos casos con todos los votos de los jueces en contra, y acudió al máximo tribunal del Reino Unido como última alternativa jurídica para tratar de torcer la historia. Sin embargo, en octubre del año pasado, la Corte británica rechazó tratar la causa, con lo que dejó en firme el fallo de primera y segunda instancia. Son los fallos del juez Stephen Phillips y del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales a favor de los demandantes Palladian Partners y Norinver Capital, entre otros, que denunciaron a la Argentina por haber abonado intereses correspondientes por el mecanismo de los títulos Cupón PBI emitidos durante el canje de deuda de 2006.
Argentina esperaba que la causa en Inglaterra se cayera, dado que en abril de 2023, una causa espejo en el tribunal, curiosamente de Loreta Preska, resolvió en contra del reclamo. Sin embargo, en marzo de 2024, Phillips ratificó su decisión y cerró el caso a favor de los demandantes de Londres. Phillips se mantuvo en el criterio jurisprudencial inglés, afirmando que la Argentina efectivamente alteró el PBI de 2013, perjudicando a los ahorristas que habían confiado en el bono emitido por el país para salir del default de 2002, y durante el canje de deuda de 2006.
Según la decisión del juez Phillips del 8 de marzo pasado "las declaraciones posteriores al fallo (correspondiente a los cupones PBI en euros) de funcionarios argentinos reflejan la misma postura desafiante adoptada frente a los fallos a favor de los holdouts (tenedores de títulos de deuda soberana argentina) años atrás". Y agregó: "Si bien es cierto que hay un nuevo gobierno desde diciembre, aún no ha demostrado que adoptará un enfoque diferente para honrar los fallos de Cortes internacionales. En particular, la nueva administración no se ha distanciado públicamente de los comentarios realizados por los antiguos funcionarios. También es digno de destacar que la República no ha abonado ningún monto del fallo (YPF) del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ni ha cumplido con las condiciones para suspender la ejecución (embargos) pendiente de apelación en ese caso".
La causa original fue iniciada en Nueva York por el fondo buitre Aurelius en enero de 2015 por la supuesta "mala fe" del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013, lo que derivó en una causa espejo en Londres a partir de una presentación del fondo cautivo de Aurelius Novoriver a la que luego se sumó Palladian con un grupo menor de tenedores de deuda argentina.
Según los demandantes, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,9%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue "adrede" para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones".
Para los fondos que se presentaron en los tribunales de los dos países, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que hubiera tenido que pagar el Cupón PBI. Estos argumentos fueron rechazados por Preska, pero tomados como válidos por Phillips, y a partir de hoy se sabrá qué considera la Cámara de Apelaciones de Londres. En paralelo, se sabe que Aurelius también apelará su fallo en contra en la Cámara de Nueva Lork.
En ambos tribunales, Argentina se defendió con los mismos argumentos diseñados en los años de Mauricio Macri. Durante 2016, cuando para que no prosperara la causa, se afirmó que la alteración del PBI de 2013 puede haber sido real, pero se aseguraba que era facultad de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar la medición necesaria para el pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.