Viaje al pasado: la lapidaria visión del mundo minero sobre Mendoza hace 15 años
La Survey of Mining Companies, encuesta minera mundial realizada por el Fraser Institute de Canadá, es considerada por el sector minero como el ranking de referencia para saber la percepción que existe en la industria sobre el clima de inversión y negocios en diferentes puntos del planeta. Se trata de una encuesta que responden, principalmente, empresas junior o exploradoras, pero que tiene la visión de todos los eslabones de la cadena de desarrollo minero.
Durante los dos últimos años, la versión 2022 y 2023, Mendoza fue excluido como distrito del ranking por no alcanzar el número mínimo de respuestas. Peor que estar mal evaluados es no estar, pero con la nueva política minera del Estado mendocino se espera que la visión del sector minero mundial vaya cambiando. De hecho, gran parte del trabajo apunta a generar confianza en los inversores internacionales, marcando presencia en lugares estratégicos del negocio minero para mostrar las señales concretas de cambio de rumbo.
En sus inicios el Informe Fraser sólo consideraba países, pero desde la versión 2011-2012 del informe se incluyeron datos sobre 93 jurisdicciones de todo el mundo, pero en esa ocasión con jurisdicciones subnacionales de Canadá, Australia, Estados Unidos y Argentina. Dentro de las argentinas se analizó el caso particular de Catamarca, Chubut, Jujuy, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan y Santa Cruz.
Esa fue la ocasión en la primera vez que apareció Mendoza de manera particular en el ranking, con una mención dentro del informe que resultó dura y lapidaria. Aunque ya estaba vigente la Ley 7.722 y el freno a la minería metalífera era total, estaba en proceso de desarrollo Potasio Río Colorado. Proyecto que, entre otras cosas, no avanzó por la demora que tuvo el Ejecutivo provincial en su tratamiento bajo la gestión de Celso Jaque. Esa cuestión, para directivos de la empresa brasileña Vale, era una clara postura de algunos funcionarios provinciales en contra del desarrollo de la mina.
Citando al presidente de una empresa de exploración, en 2011 se decía que "en Mendoza, existe un total irrespeto a las leyes y regulaciones por parte del gobierno, un alto nivel de corrupción y una respuesta indiferente a los ecofascistas que cierran caminos a la mínima, sin que el gobierno tenga intención de hacer cumplir las leyes". Sobre el país, ese mismo año, un alto directivo de una empresa minera, dijo que al Fraser Institute que "la política económica intervencionista en Argentina obstaculiza el pleno desarrollo de un potencial geológico significativo".
Esa primera visión fue muy clara y fue la que se mantuvo presente en el sector minero durante más de una década. Con una Provincia de Mendoza con la puerta cerrada al desarrollo minero y un país que no entregaba las condiciones para que vinieran las inversiones que necesitan los grandes proyectos.
Con matices, esto se mantuvo hasta hace poco más de un año, cuando la nueva gestión de Alfredo Cornejo y -en paralelo- la administración de Javier Milei apostaron a un rumbo distinto para la industria en los distintos niveles. En Mendoza con una política de desarrollo y en Nación con incentivos y reglas más claras como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Dadas las medidas que se han tomado, se espera que una nueva versión del informe entregue una percepción más optimista de Mendoza y de la Argentina en general.
El lugar de Mendoza a lo largo de los años
Desde 2011 Mendoza comenzó a aparecer en el Informe Fraser, pero siempre en los lugares más bajos dadas una serie de circunstancias, pero principalmente por la legislación, la cual en el informe 2012 fue calificada como “contra la minería”.
En el 2013 se hizo el mismo análisis, pero señalando que existen "leyes provinciales que esencialmente han ilegalizado la minería".
En el 2015 el informe tuvo dos menciones para Mendoza, la primera diciendo que "en 2008 se aprobó una ley que prohíbe el uso de productos químicos en las etapas de exploración y desarrollo minero. La ley se encuentra actualmente impugnada ante la Corte Suprema provincial, [pero ha transcurrido] mucho tiempo sin una decisión". En la segunda opinión, de un ejecutivo de una empresa minera, se recalcó que "una nueva ley exige que todos los procesos de permisos para la exploración minera deban pasar por el Congreso para su aprobación, incluso los pequeños que contaron con la aprobación del departamento ambiental y en los que el proceso de audiencia pública ya concluyó. Esto ha causado grandes retrasos". En ese año ya se puso la mirada sobre el rol de la Legislatura en las decisiones, más allá de las prohibiciones técnicas que incluye la Ley 7.722.
El resto de los informes, desde 2016 a 2018 los comentarios apuntaban a que Mendoza prohibió el desarrollo de la minería a cielo abierto y el ambiente era desfavorable para las inversiones, historia ya conocida y que se confirmó en 2019 tras la aprobación de la Ley 9.209 que reformaba la 7.722 y a los pocos días fue derogada después de violentas protestas.
Ahora, se espera por la versión 2024 de la encuesta Fraser con la expectativa de ver cuánto impactó en la percepción del mundo minero la política de desarrollo de la industria impulsada por la gestión provincial. A priori, debería tener un cambio en la imagen de Mendoza dadas las señales políticas que se han dado, pero habrá que esperar a la publicación del ranking para ver qué cambió.