Autopartes usadas: alertan por los problemas de seguridad que generaría la desregulación
La secretaría de Industria y Comercio y el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ampliaron de 30 a 142 el número de autopartes que pueden ser recuperadas y reutilizadas provenientes de vehículos y dados de baja en desarmaderos registrados, provocó una reacción de las empresas autopartistas que alertan sobre el aumento de robo de vehículos que se podría producir y sobre el efecto que tendría sobre la seguridad de los vehículos y sobre la industria en general.
La medida apunta fundamentalmente a bajar el precio de los seguros al aumentar la cantidad de autopartes a ser reutilizadas en vehículos siniestrados, una aseveración cuestionada por las tres cámaras de agrupa a los empresarios de repuestos.
Según marca la Resolución 188/2024 se busca dar "trazabilidad al mercado, reduciendo el incentivo para el comercio ilegal" y brindar "un mayor valor y una mayor protección a los usuarios de automóviles, ampliando la gama de piezas recuperables que cumplen con estándares legales y de calidad".
En una nota que en conjunto firmaron Salvador Lupo de FAATRA (Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines), Christian Castañer de FACCERA (Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor) y Juan Cantarella de AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes) plantean que la resolución "puede afectar la seguridad de las personas, la seguridad del tránsito y el empleo" y reclaman "su reconsideración" y "una discusión pública" para "brindar con un abordaje integral" y dar "mayores certezas sobre la efectividad de los procedimientos de control y prevención del delito".
Según Cantarella, si bien es cierto que el mayor recupero de pieza puede aminorar costos de las aseguradora, también es cierto que si no se avanza sobre el control en el uso de autopartes usadas podrían aumentar el robo de autos y con ello impedir la reducción del valor de las pólizas de seguri buscada por la medida.
Los autopartistas destacan que el sistema vigente hasta hoy resultó efectivo como control de la actividad, "aún con la limitada lista de piezas recuperables, los controles estatales han sido insuficientes para una fiscalización adecuada". Incluso, impulsó la "la presentación de diferentes proyectos que propusieron la total prohibición de ventas de partes automotrices usadas ante el descontrol de este delito".
"Ampliar el número de piezas, dificultaría el control legal favoreciendo la relación “rentabilidad/riesgo” del comercio de partes de origen ilícito y por ende generando incentivos para el robo de automotores", apunta el comunicado.
Según los números oficiales de la Dirección Nacional Registros Propiedad Automotor sobre Robos y recuperos de autos durante los primeros cinco meses de este año 2024 se denunció la sustracción de más de 20.000 vehículos. Cabe puntualizar que durante los meses de abril y mayo creció la sustracción de automotores en más de un 30% con respecto a los meses anteriores.
Otros dos elementos están en juego. Por un lado plantean que la ley 24449 de seguridad vial en su artículo 28 establece que “las autopartes de seguridad no se deben reutilizar ni reparar, salvo para las que se normalice un proceso de acondicionamiento y se garanticen prestaciones similares al original.”
Esto implica que varias de las piezas que figuran en el listado son piezas que tienen prohibida su comercialización salvo que se establezca un proceso de acondicionamiento que garantice las prestaciones similares a la original.
El tercer elemento es el de la afectación a la industria nacional de autopartes. "No es menor de destacar que en muchos de los artículos incluidos hay repuestos que son fabricados de manera local lo cual perjudicaría el empleo registrado de toda la cadena de valor con gran participación de pequeñas y medianas empresas. Ello es así desde que un proceso que haga más fácil la introducción de piezas de origen ilícito al mercado genera una obvia competencia desigual", argumenta el documento.
Cantarella señala, de todas formas, que las empresas "celebran la deregulación y desburocatización del mercado", pero plantean que es absolutamente necesario analizar previamente el impacto de las medidas y pieden al Gobierno sentar a todas las partes a debatir el tema y encontrar soluciones que favorezcan a todos.