Golpe a las pymes: nos han robado hasta el derecho a trabajar
A punto de recibir el tiro de gracia, el cierre masivo de pymes indefectiblemente afectará a centenas de miles de trabajadores en todo el país. El costo de la energía eléctrica comienza a hacer estragos en la rentabilidad de aquellos que producen, pero también, a quienes deben sostener sus comercios. Y éste es sólo el principio.
Prometen llegar facturas que multiplicarían por 3 y 4 las cifras actuales, en el cortísimo plazo. La excusa es la necesidad de sincerar tarifas y el estado crítico del sistema eléctrico, del cual son responsables sus propios actores. Debiéramos eventualmente demandarlos por abandono de las instalaciones.
Nos están mintiendo descaradamente, una vez más. Las distribuidoras de energía hace solo un año atrás fueron beneficiadas con quitas multimillonarias de sus deudas, que llegaron hasta el 60% de lo acumulado en varios años y por cuyo saldo se les otorgó
hasta 96 cuotas en pesos a tasa subsidiada. No es necesario ser economista para notar que han licuado varias veces sus deudas.
Mientras tanto, cámaras y federaciones comerciales e industriales de la provincia de Río Negro, junto a productores, hemos solicitado el tratamiento del proyecto de ley 938/2022 que “crea un registro de promoción eléctrica para micro pymes” y que habiendo estado en el orden del día el 20 de octubre de 2022 se negaron a tratar.
Cabe señalar que el mismo requería de una inversión del 1% del presupuesto provincial, para fomentar el trabajo y la producción. Esta cifra es varias veces inferior a lo condonado a Edersa, la principal distribuidora de la provincia e insignificante en relación a lo que se habría condonado a Edenor y Edesur: $ 139.000. millones (Información en los medios).
Paso seguido, en nuestra Legislatura, además, el 17 noviembre de 2023, 33 de los 46 legisladores levantaron la mano para favorecer a las distribuidoras de Río Negro, permitiéndoles descontar un 5% de las facturas de todos los rionegrinos, en una suerte
de nuevo impuestazo. Este 5% del total de la factura y que llegó para quedarse, sería destinado a infraestructura y estaría violando el art. 37 de la Ley 2.902, que determina que dichas inversiones deben ser realizadas por las distribuidoras / transportistas.
Un negocio redondo
De alguna forma, esto es como si cualquiera de nosotros (pymes) no pagáramos a nuestros proveedores, pero tampoco invirtiéramos en nuestras empresas, para luego usar ese dinero de las ventas en otras inversiones y un día le pidiéramos a nuestros clientes plata para mantener nuestras estructuras. Un negocio que sólo puede hacerse de la mano de los políticos de turno que atienden de un lado y otro del mostrador y que en ocasiones manejan nuestros recursos naturales como propios.
Foto: MDZ.
¿Hasta cuándo podemos aguantar?
Es imperioso tomar conciencia, no sólo desde el sector productivo, sino como ciudadanos. Lo que viene afectará empleos, precios en alimentos y productos básicos. La subsistencia de las pymes está en juego, pero también la calidad de vida de todos nosotros. Que nos devuelvan lo que nos pertenece. Las empresas distribuidoras de energía deben rendir cuentas. La CEB tiene denuncias
realizadas por el escribano Costa Brutten, actual concejal de la ciudad, por el desvío de fondos a empresas controladas, y balances falsos.
Me pregunto: cuánto le hubiera costado algo así a una pyme. Edersa, la distribuidora más grande de la provincia, no ha respondido jamás a los requerimientos de cámaras y federaciones. Tampoco lo ha hecho el EPRE (Ente Regulador Eléctrico de la Provincia) y en particular a un documento entregado en mano a la presidente del ente, por entonces, el 7 de junio pasado. El mismo expresa claramente situaciones irregulares y lleva la firma de dirigentes de todo el sector productivo, que además participamos ese día de una reunión a puertas cerradas en Cipoletti por más de dos horas.
Escuchar a las pymes
¿Cómo es posible que no se escuche al sector generador de empleo? ¿Cuáles son los vínculos entre los actores, quiénes deciden, cómo deciden, por qué no dan respuestas? Somos los que cada día ponemos el hombro. Somos a los que se nos ha robado el derecho a trabajar. Salimos cada día sabiendo que nuestro esfuerzo, inversiones, trabajo, se esfuman por las decisiones de una clase dirigente que hace mucho tiempo dejó de velar por los intereses del pueblo. Inflación, aumentos de combustibles, impuestos municipales, provinciales, nacionales, burocracia y más... Son responsables de cada una de las circunstancias atravesadas por el sector productivo en las últimas décadas.
Dejen de mirar para otro lado, porque Dios y la Patria se los demandará. Exigimos a los legisladores poner un freno a todo esto y comenzar una investigación, no sólo de las distribuidoras, sino también del EPRE, en pos del trabajo y el empleo en la provincia. De lo contrario, avísenme si debo cerrar mi pequeña fábrica e irme del país.

* Gabriel Trujillo. Referente Monapy Rio Negro.

