Justicia de EEUU avaló el acuerdo por YPF- Maxus y termina un juicio que amenazaba al país

El juicio más peligroso y bizarro contra el país en los Estados Unidos, llegó finalmente a su fin. Hace minutos, el juez Craig Goldblatt aceptó la negociación que el Ministerio de Economía y la conducción legal de YPF había cerrado con los representantes legales de Nueva Jersey y otros demandantes, y resolvió cerrar el caso avalando los compromisos asumidos por las partes.

Con esto queda firme el acuerdo al que se llegó en Estados Unidos entre demandantes y demandados el 6 de abril pasado, y la causa quedará definitivamente cerrada. Goldblatt, juez responsable del juzgado de bancarrotas del Estado del Distrito de Delaware, terminó así con el caso por posible contaminación ambiental comprobada y realizada por Maxus, una subsidiaria fallida de la petrolera argentina, comprada en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.

Por eso, YPF recibió la demanda con la adquisición de Maxus y se consideró, entonces, que era una causa casi sin sentido ni importancia. Sin embargo, desde 2016 el caso se había reactivado y la justicia de Delaware finalmente terminó por activar la demanda, en sintonía con la definición del juicio que los fondos buitres por el default de 2002.

El trato fue cerrado con un acuerdo extrajudicial, negociado por los abogados representantes del Gobierno argentino y de la petrolera, y los letrados de los acreedores; con la novedad de la intervención indirecta de la secretaría del Tesoro de los Estados Unidos que conduce Janet Yellen, quién casi personalmente terminó en abril pasado de cerrar detalles con el ministro de Economía, Sergio Massa.

Los términos del acuerdo avalado por la Justicia son los siguientes. 

• Se paga solo el 2% de la demanda original. 
• Se exime a YPF de toda responsabilidad. 
• Abonan U$S 287 millones Repsol y la misma suma YPF.
• Demanda original llegaba a U$S 14.000 millones.

El juicio venía de largo alcance, y era una responsabilidad legal inevitable asumida con la compra de Maxus por parte de YPF. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años ´60 y ´70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año, pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones. Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que los argumentos legales de autodefensa son sólidos.

Los antecedentes

La causa comenzó hace 60 años, cuando se comprobó que Maxus Energy Corporation vertió en los años 50 pesticidas Dioxin, fabricados en la planta Diamond Alkali, en la ciudad Newark, en Nueva Jersey, fábrica que en esos momentos era de su propiedad.
La denuncia la hizo el propio Estado local, al confirmarse que el río Passaic contenía este producto, altamente cancerígeno y uno de los más contaminantes de vías fluviales; y utilizado por los marines norteamericanos en la guerra de Vietnam.

El Diamond Alkali es uno de los componentes básicos del defoliante Agente Naranja. Las primeras presentaciones datan de fines de los '60, pero fue luego durante toda la década del 70 donde el Estado de Nueva Jersey profundizó las demandas. Ante el juicio, y por la mala imagen de la compañía, Maxus modificó su nombre rebautizándola Diamond Shamrock, empresa que luego fue vendida a Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. A fines de los ’80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy).

El caso continuó sin resolución durante décadas; pero siempre estuvo activo. En 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, luego de la apertura de las acciones de la petrolera a los privados y durante la gestión de José Estenssoro como presidente de la compañía, compró Maxus por unos u$s762 millones con el objetivo de expandir a YPF dentro del mercado norteamericano, y de allí convertirla en una empresa multinacional. Estenssoro siempre confió en el potencial de Maxus, especialmente por las inversiones con las que contaba dentro del continente latinoamericano, particularmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Maxus tenía una gran cantidad de deudas, las que se fueron saneando para luego comenzar un proceso de traspaso de activos hacia YPF por casi u$s1.000 millones. Durante la gestión de Repsol, la empresa quedó abandonada, acumulando pasivos por más de u$s300 millones, sumando además deudas con proveedores y con su personal. En 2012 (el mismo año de la renacionalización), la corte de Delaware falló en contra de Maxus y Tierra.

Durante la gestión de Miguel Galluccio en los últimos años de presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se ordenó un estudio puntual sobre la situación real de la petrolera y sus potencialidades, cuyos resultados determinaron que lo mejor era el cierre de la empresa y su presentación en concurso.

Gallucio dejó la conducción de YPF, pero el informe fue tan lapidario (Maxus no dio rendimientos en ninguno de los ejercicios en los que operó bajo el ala de la petrolera argentina), con lo que con la llegada de Miguel Ángel Gutiérrez como presidente de YPF (ya en tiempos de Mauricio Macri) se decidió avanzar con la quiebra definitiva.

El anuncio se hizo el 22 de junio de 2016, mencionando que las empresas Maxus Energy Corporation, Tierra Solutions, Maxus International Energy Company, Maxus (US) Exploration Company y Gataway Coal Company, se presentaron en bancarrota en Wilmington, Delaware, donde estaba radicada la petrolera.

Gutiérrez tomó la decisión, luego de analizar, a partir del informe de Gallucio, que la empresa era inviable y que tenía causas judiciales pendientes que la convertían en una bomba de tiempo. Sin embargo, y luego de la presentación de 2016, fue el estado de New Jersey el que pidió la intervención de la causa, advirtiendo que lo que se intentaba desde la petrolera argentina era desligarse de sus responsabilidades del caso de la contaminación del río Passaic.

La causa fue analizada por el juez Christopher Sontchi, de la corte de Bancarrotas del Distrito de Delaware, que abrió la demanda y el 20 de febrero del año pasado dictaminó que la causa debería seguir adelante, rechazando un pedido de YPF para cerrar el caso y abriendo una etapa de investigación sobre si existía o no responsabilidad de YPF por los efectos de la contaminación provocada por Maxus, al haber adquirido la petrolera en 1995.

Palabra oficial

El argumento de la petrolera argentina como principal defensa, era que en la operación realizada por Estenssoro se firmó una cláusula por la cual se pagaron unos u$s130 millones a los antiguos propietarios de Maxus (más otros u$s65 millones de un préstamo puente); para formar un fondo de quiebras que atendiera todas las causas aún abiertas, incluyendo las correspondientes a daños ambientales.

Según los abogados que defendieron a la compañía, aquel documento debía haber preservado a YPF de las responsabilidades posteriores; al argumentar, además, que en el momento de la compra de Maxus en 1995, la planta productora de Diamond Alkali (la que vertió el Agente Naranja al río), ya no era propiedad de la petrolera norteamericana. Sin embargo, esta visión no bastó en su momento para convencer a Sontchi de la falta de responsabilidad de YPF. 

El argumento de New Jersey era que la empresa Oxy, durante su liquidación, le reclamó por su quiebra a Maxus responsabilizándola, además por la multa que se le aplicó por el fallo de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. por unos US$300 millones por kilómetro contaminado. La corte asegura también que la Justicia norteamericana, a través de una decisión de directorio de manejo de juicio de liquidación de Maxus Energy Corporation, decidió responsabilizar a YPF por el pago de las multas finales.

Maxus traía al momento de la compra en los '90 esta mochila dormida, que luego terminó siendo activada al ritmo de los juicios por los fondos buitres contra el país; derivados de declaraciones altisonantes de funcionarios locales en contra los magistrados norteamericanos durante la etapa de fallos adversos contra la Argentina.

La causa estaba derivada por una acción de ciudadanos norteamericanos damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. En su momento, la demanda daba escalofríos: el reclamo llegaba a los 14.000 millones de dólares, una cifra que nunca fue ratificada por el juzgado de Delaware. Pero tampoco desmentido. 

Ahora, el juicio pasará a la historia. Para el país queda la certeza que este tipo de casos es mejor negociarlos por fuera de los juzgados de los Estados Unidos, algo que siempre es bien visto por los jueces de ese país.