FMI: la pulseada continúa, aunque está trabada en lo cambiario y continuará durante mayo

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se extenderán, como mínimo, unos 15 días más. Y, eventualmente, continuarán hasta fin de mayo. Pero no más allá.

Para los últimos días de este mes, para bien o para mal y a sangre y fuego, tendrá que haber definiciones sobre cómo continuará la vigencia del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por el país y el organismo que condice Kristalina Georgieva, y que desde hace ya seis días hábiles está suspendido por la decisión del Gobierno nacional de usar dólares de las reservas del Banco Central para intervenir en el mercado de divisas financiero.

En los últimos días, hubo avances concretos en las negociaciones, y prácticamente ya hay acuerdo en los capítulos más importantes para la mirada de Buenos Aires. Incluyendo el dinero que el FMI adelantaría (unos U$S 10.600 millones) y la manera de pagarlo (no en 2023).

También en el ajuste fiscal al que se comprometerá el gobierno de Alberto Fernández, que incluye una eliminación total en los subsidios a la energía para los sectores de mayores ingresos y la alternativa del revalúo fiscal. 

Lo que aún separa a las partes, es el muy conflictivo tema de la política cambiaria y la habilitación total o parcial para que el equipo económico de Sergio Massa pueda tomar todo o parte de ese dinero para controlar al dólar antes de las PASO y las generales.

Para el FMI, esto no sería posible. Y los dólares enviados solo servirían para mostrar una mejora en las reservas del BCRA, y no mucho más. Para el Palacio de Hacienda, esto no tendría mayor sentido. Sobre todo sí se trata de dólares en vidriera. Y, especialmente, si a cambio se ejecuta un ajuste fiscal impopular y prohibitivo para un año electoral.

Aún desde Buenos Aires, negocian vía virtual el viceministro Gabriel Rubinstein y el responsable de la relación con los organismos internacionales, Marco Lavagna, mientras que ya está en Washington el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Leonardo Madcur.

Desde la sede del FMI apareció ayer una novedad. Ya está en funciones el nuevo director gerente para el Hemisferio Occidental del Fondo, Rodrigo Valdes. El chileno reemplaza ya formalmente a Ilan Goldfajn, y será quien por la responsabilidad de su cargo deba fiscalizar lo que Argentina y el organismo cierren en las negociaciones actuales. Se verá en estas jornadas si efectivamente está presente en las discusiones, o si su rol será sumarse una vez que terminen las discusiones actuales.

Acuerdo caído

Hay algo peligroso, que el mercado aún no toma como importante. Al menos por ahora. ¿Por qué ya no está vigente el acuerdo? Porque oficialmente el Ministerio de Economía le comunicó al organismo que utilizaría títulos en dólares emitidos en la reestructuración del canje de deuda de agosto del 2020 por Martín Guzmán para contener el tipo de cambio en los mercados del dólar MEP y el CCL, operación que comenzó a ejecutarse hace casi dos semanas llevando el tipo de cambio en el primer mercado a 447 pesos contra los 495 del cierre del dólar blue.

Este movimiento de bonos hacia el mercado cambiario colocando bonos para contener un precio de la divisa, está estrictamente prohibido en el acuerdo con el FMI, con lo que la información de la gente de Massa hacia Washington de ayer por la tarde a minutos del cierre de la jornada financiera del martes implicó la suspensión unilateral de los compromisos mutuos.

No fue un rompimiento total, porque el compromiso de Buenos Aires era enviar a Washington a Rubinstein, Madcur y Lavagna para cerrar las negociaciones que hasta hace diez días se venían manteniendo vía Zoom entre la sede del organismo y el Palacio de Hacienda, y que están por llegar a una propuesta concreta. Es parte de lo que se negocia en estas horas. 

¿Cuál sería ese acuerdo que reemplazaría, o reestructuraría, el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente? Pese a la complejidad de la situación, los puntos serían simples de explicar. 

1) No habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos U$S 4.500 millones por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos U$S 13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del acuerdo Stand By, lo que implica pagos por unos U$S 3.500 millones.

En síntesis, esos US$13.500 millones tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales de julio, setiembre y diciembre por un total de U$S 10.600 millones. El resto del dinero, unos U$S 3.000 millones, corresponden a otros gastos generales que el país tiene con el FMI. Lo que el organismo propone, es que los tres pagos comprometidos por el Stand By firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma que comenzaría en marzo del 2023, pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así, el Gobierno recibiría unos 10.500 millones de dólares, los que, al no tener que ser girados al FMI, quedarían para reforzar las reservas del Banco Central. 

2) A cambio, Argentina debería comprometerse a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de negociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. 

3) Los US$10.600 millones no podrán utilizarse para ejecutar política cambiaria para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados, con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el gobierno ayer en el MEP y el CCL estarían prohibidas.

4) Se discute también, entre otros capítulos, la demorada aplicación del revalúo inmobiliario, la única promesa firmada en las Facilidades Extendidas de marzo del 2022, que casi no tuvo avances concretos para mostrar ante el FMI. Hay un dato alternativo con que los viajeros intentarán aplacar los eventuales malhumores de la gente de Washington, en estos días por Buenos Aires.

Si bien el revalúo inmobiliario no pudo generalizarse por la negativa de las provincias, la Nación si avanzó y elevó los precios de las viviendas de todo el país, incrementando los valores para la liquidación de Bienes Personales del ejercicio 2022; que comenzará a pagarse este año. Algo que obviamente generará un incremento de unos $150.000 millones en los ingresos previstos en este impuesto.