La sequía y el déficit fiscal: otra brasa caliente en el debate con el FMI
El tiempo apremia. Y surgió un nuevo tema de distorsiones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la discusión sobre la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas que se negocia entre Buenos Aires y Washington.
El costo de la sequía, y su inevitable relación con la caída de la recaudación impositiva, genera diferencias en la negociación bilateral. Se sabe que el organismo que conduce Kristalina Georgieva ya avaló enterrar definitivamente la máxima de más de US$ 8.500 millones de aumento en las reservas del Banco Central para este año.
Ese número quedó sepultado y se negocia cuál podría ser un nivel de dólares razonables para cerrar el 2023. Seguramente, en este capítulo, habrá acuerdo.
Sin embargo, para el FMI las consecuencias de la sequía no serían tan terminantes en cuanto a la necesidad de renegociar (obviamente para arriba) la meta de déficit fiscal de 1,9% para este año, porcentaje que los técnicos del organismo quieren sostener hasta las últimas consecuencias. Sabiendo, además, que la tercera meta, la de emisión monetaria (que debería limitarse al 0,6% del PBI), tampoco será posible de cumplir.
En el FMI afirman que no debe alterarse mucho la meta de 1,9% del PBI de déficit primario, ya que Argentina tiene herramientas para trabajar sobre los ingresos y gastos públicos. Como contrapartida, para el Ministerio de Economía, el costo de la brutal sequía que afectó al país este año, supera los U$S22.000 millones, lo que se refleja en todas las variables de la economía local, incluyendo la caída real de la recaudación en 8 puntos porcentuales.
Mirada divergente
También para el FMI el efecto climático de la falta de las lluvias fue letal para el ejercicio económico y fiscal del 2023, pero de ninguna manera puede mensurarse en una consecuencia mayor a los U$S10.000 millones. O, en todo caso, el efecto general en las variables fundamentales del funcionamiento del país debería ser evaluado más adelante en el tiempo, bien entrado en el segundo semestre.
Y luego, que Argentina cumpla su promesa de reducir drásticamente el nivel de subsidios para las tarifas de luz, agua y gas, aplique el demorado blanqueo impositivo y ejecute una política de disciplina fiscal en temas como obra pública y transferencia a las provincias, algo que siempre estuvo en la mira del organismo. Pensar en este escenario para un oficialismo en plena campaña, es casi una utopía.
Las negociaciones continúan a velocidad máxima con comunicaciones directas vía Zoom y presencial entre el viceministro, Gabriel Rubinstein, el representante ante organismos multilaterales, Marco Lavagna, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur desde Hacienda y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu desde la sede del FMI.
Un viejo conocido
También participa activamente el nuevo director Gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. El economista chileno ya está plenamente en posición de fiscalizador del país y demuestra (pese a que hace menos de un mes que asumió en su gestión), que tiene un conocimiento pleno de la realidad económica de la Argentina. Incluso la política.
Puede ser algo bueno, pero también puede resultar complicado para los argentinos. Sabe Valdés en qué capítulo se puede bajar el gasto y en cuáles es difícil.
Sobre el costo de la sequía, tampoco hay aún acuerdos. Sergio Massa ya le había entregado al FMI en reuniones privadas con Kristalina Georgieva, un informe elaborado por Rubinstein y sus colaboradores, sobre el impacto final durante el 2022 de la invasión de Rusia a Ucrania.
Según Hacienda, la suba de los precios de la energía, fundamentalmente el gas, y de los precios de los alimentos, le provocó al país una pérdida por unos U$S4.940 millones, medidos en salida de dólares para pagar el insumo energético y en inflación no programada.
Georgieva ya se había comprometido con Massa a tomar estos factores externos como válidos a la hora de estimar el cumplimiento de las metas y objetivos comprometidos en el acuerdo firmado en marzo del 2022. Sin embargo, hasta aquí no hubo respuestas concretas al planteo. Para Economía, también debe ser tomado este factor en cuenta, dado que no fue considerado en el momento de evaluar la evolución de las reservas comprometidas durante el año pasado.
