Juicio por YPF en Nueva York: el largo y difícil camino que le espera a la "Tasa Kicillof"
El presidente Javier Milei sorprendió al bautizar con el nombre del gobernador bonaerense el impuesto que se cobraría para pagar el multimillonario juicio contra el país en tribunales de Nueva York.
Podría ser un impuesto nuevo o un aumento en la presión en un tributo ya existente, como el IVA, Ganancias, Bienes Personales, impuesto al cheque o los directos e indirectos. También puede ser los impuestos a los combustibles, que tendría algo de lógica. O un aporte temporal, esto es, una carga que se deba pagar en algún momento y por un tiempo determinado.
Lo cierto es que, en cualquiera de los casos, la aplicación de la idea que ayer anunció Javier Milei sobre una "Tasa Kicillof" para pagar el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, debe pasar por el Congreso y convertirse en una ley. Ninguna iniciativa tributaria puede ser implementada por decreto (incluso DNU), con lo que debe ser debatida en el Legislativo.
Salvo que se envíe en Extraordinarias, sería un proyecto a tratarse desde marzo 2024, dependiendo además de la calidad de acuerdos políticos que podría armar el gobierno en el Congreso, una vía que, hoy por hoy, parece cerrada. Más después de que el propio presidente en la misma entrevista donde habló de la "Tasa Kicillof", denunciara que en el Legislativo hay peligro de coimas.

Si de todas maneras Milei lograra plasmar su idea y que el Congreso apruebe una ley con la creación de un nuevo impuesto nacional o una suba de tasas de tributos ya existentes, debería aplicar una presión enorme.
Según los cálculos del economista Darío Epstein, y como Argentina apeló el fallo negativo de primera instancia al que llegó la jueza Loretta Preska, el monto de unos U$S 16.000 millones definidos por la magistrada del Segundo Distrito Sur de Nueva York, podría elevarse a unos U$S 20.000 millones, por los inevitables intereses y gastos legales que se sumarían al monto original.
De ser así, la presión tributaria sobre cada argentino llegaría a los 450 dólares. De todas maneras, hay tiempo. Argentina apeló el fallo, haciendo uso de un derecho de cualquier acusado o litigante, con lo que se deberá resolver en enero el momento en que la causa se eleva a segunda instancia a la Corte de Apelaciones de Nueva York, y si el fallo continúa siendo negativo para el país (lo más probable, dado que menos del 10% de las causas que se apelan cambian el sentido de lo definido en primera instancia), habrá una opción jurídica más hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Mediano plazo
Según los especialistas, y contabilizando desde enero 2024, sería un proceso no menor a los dos años, o aún más. Es el tiempo entonces en el que Milei deberá resolver la forma de pagar los casi U$S 20.000 millones. Podrá ser con un bono, como hizo el gobierno de Mauricio Macri en abril de 2016 o con un impuesto como propuso ayer el actual presidente.
La derrota judicial de la Argentina se basa en que Preska no aceptó aplicar en la causa las leyes locales, donde los demandantes no tenían derechos sobre la operación según la legislación aprobada por el Congreso argentino para habilitar la renacionalización de la petrolera en 2012.
Los demandantes reclamaban que se apliquen las leyes norteamericanas y las normas de Wall Street, ya que la compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York y aceptó la regulación norteamericana al momento de abrir sus acciones a ese mercado para su cotización pública.
Preska se tomó casi cuatro años para resolver esta cuestión, y en su último fallo le dio la razón a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, según la cual las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina.
Además, al hacerlo se aceptan las reglas locales, con lo que ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.
En consecuencia, para el fallo final de Preska de este año dándole la razón a los demandantes, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los fondos que compraron las acciones de YPF de tener que haber recibido de parte del gobierno argentino una oferta similar a la de recompra de Repsol.
Contra el Estado argentino
El fallo de Preska es claro, además, en mencionar que quienes avanzaron sobre estos derechos fueron las autoridades nacionales de ese momento. Esto es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones de Repsol (51%), junto con el Congreso Nacional que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.
El fallo de este año liberó de responsabilidades legales y financieras, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.
Preska invitó a las partes a llegar a un acuerdo directo y negociado, algo que fracasó en junio, con lo que abrió la etapa final de la primera instancia que terminó en el tribunal de primera instancia de Nueva York. Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.
Origen de la demanda
La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park por su reclamo por la manera en que el Estado concretó la operación de renacionalización de la petrolera el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de la española Repsol.
Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, una casa inglesa especializada en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.
Luego se sumó Eton como demandante minoritario, que compró acciones en poder de accionistas internacionales menores, que quisieron escapar de la petrolera luego del avance sobre Repsol.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías abiertas por el local Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.
Luego de la renacionalización, la mayoría pública de accionistas prohibió la redistribución de dividendos a los accionistas de la petrolera, con lo que el Grupo Petersen ya no pudo apalancar el pago de las cuotas de ingreso como socio (tal lo que se había pactado como operatoria antes de la decisión de sumarlo como accionista local).
Al no poder cumplir con las obligaciones de liquidación, Petersen Energía y Petersen Inversora se presentaron ante los tribunales españoles en situación de concurso y luego quiebra, y fue ante la justicia del país europeo donde Burford fue a comprar esas acciones. Las pagó unos U$S 35 millones, valor fijado por el tribunal español. Y que sería el punto de partida para la demanda final ante Preska donde se le reconocerían U$S 16.000 millones.
El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios accionistas de Burford, que desistieron de reclamarle a Petersen.

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