El Gobierno ante una carrera de obstáculos económicos en septiembre

A sólo tres jornadas hábiles de que finalice agosto y de que el ministro de Economía, Sergio Massa, redondee su primer mes de gestión, la coyuntura muestra algunas pocas certezas y un mar de dudas de cara último cuarto del año. 

El principal logro de la nueva conducción del Palacio de Hacienda es haber generado una relativa sensación de tranquilidad en algunas variables clave, en especial en la cotización del tipo de cambio paralelo y los dólares financieros (MEP y Contado con liquidación), aunque no sin sobresaltos y volatilidad a lo largo de agosto.

Además, quedó claro el objetivo de Massa de avanzar hacia un cierto orden fiscal, traducido en lenguaje llano en un cronograma de segmentación de tarifas de algunos servicios públicos, como electricidad, gas natural de red y agua potable, además de un recorte del gasto en Salud, Educación, Obras Públicas (Programa Procrear), Transporte y Producción, por unos $148.000 millones o algo así como el 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hasta aquí las certezas, pero quedan numerosas incógnitas por despejar para llegar a un resultado satisfactorio del actual deterioro económico. Así, a las puertas de septiembre el Gobierno mantiene al tope de la agenda económico los principales desafíos. 

Las claves de la agenda económica

El primero de los desafíos es cómo sumar dólares a las reservas del Banco Central, que según diversas estimaciones tiene reservas de libre disponibilidad por algo más de US$1200 millones.

El plan del Gobierno para que cerealeras y agroexportadores, compañías mineras y pesqueras, tres sectores con balanza comercial claramente superavitaria, liquiden entre agosto y septiembre unos US$5.000 millones hasta el momento es un rotundo fracaso. Ni compromiso de liquidaciones extra ni billetes verdes contantes y sonantes.

Con este panorama, el Banco Central, que en las últimas doce jornadas logró comprar unos US$300 millones, afrontará en septiembre una nueva revisión de las cuentas públicas por parte de los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), con la certeza de que dos variables clave del acuerdo firmado a fines de marzo, son de muy difícil complimiento, meta de déficit fiscal y monto acordado de acumulación de reservas. 

El Gobierno se comprometió a sumar US$5.800 millones a las reservas del Banco Central hasta fin de año, un objetivo muy exigente, teniendo en cuenta que hasta ahora la mejora de las reservas fue muy baja y que el país está hoy en la época del año en la estacionalmente ingresan menos dólares.

El plan del Gobierno para que cerealeras y agroexportadores, compañías mineras y pesqueras, tres sectores con balanza comercial claramente superavitaria, liquiden entre agosto y septiembre unos US$ 5000 millones hasta el momento es un rotundo fracaso.

Hasta noviembre o diciembre no se liquidan ventas de la cosecha de trigo 2022/23 y para la cosecha gruesa (soja y maíz) hay que esperar hasta el segundo trimestre de 2023. Sólo podrían ingresar remanentes sin vender de la cosecha 2021/22, que hoy están guardados en silobolsas, en gran medida como reserva de valor de los productores agropecuarios para financiar la nueva siembra.

Déficit fiscal, la madre del borrego

En el caso de la meta de déficit fiscal primario de 2,5% acordado para 2022 con el FMI -Sergio Massa insiste en que se cumplirá- requiere de una combinación de nuevo torniquete sobre los gastos, y una mayor recaudación. Este objetivo es bien complicado por cuanto la actividad económica, está sometida a una baja de insumos importados, justamente por falta de dólares.

Así, los analistas pronostican una desaceleración de la actividad económica o incluso crecimiento cero, una vez que se conozcan los datos de actividad de agosto.

En cuanto a la inflación, que incide en todo el proceso, este mes sumará al menos un 6,5% de aumento general de precios, llevando la estimación anual por encima del 90%. El Gobierno hoy se encuentra ante una decisión crucial, entre mantener el ritmo de actividad a costo de seguir fogoneando la inflación, o apretar el grifo con subas de tarifas, tasas de interés y menos importaciones, lo que empujará la actividad hacia una mayor recesión. 

Nuevas tarifas sobre la mesa

En este contexto en septiembre arranca el esquema de segmentación tarifaria pergeñado por el Gobierno, con quitas de subsidios en luz, gas y agua desde ese mismo mes para los consumos de los sectores de mayores ingresos, o una reducción en tres bimestres para perder la ayuda estatal hasta febrero de 2023.

El Gobierno hoy se encuentra ante una decisión crucial entre mantener el ritmo de actividad a costo de seguir fogoneando la inflación, o apretar el grifo con subas de tarifas, tasas de interés y menos importaciones, lo que empujará la actividad hacia una mayor recesión. 

Como fuere, el golpe a los bolsillos se sentirá y la caída del consumo es un secreto a voces entre los empresarios, a partir de los nuevos cuadros tarifarios. No obstante, aún no está claro cuándo se completarán todos los pasos necesarios para aplicar la quita de subsidios, como por ejemplo, notificar formalmente a los contribuyentes, informarles cuáles serán las nuevas tarifas, audiencias públicas, etc.

Con este panorama el Gobierno busca encarar el tramo final del año con el objetivo de estabilizar las principales variables, evitar una aceleración inflacionaria y una nueva ampliación de la brecha cambiaria. No es una alternativa sencilla, en momentos en que encienden luces amarillas en el frente sindical.

La mayoría de los gremios cerraron paritarias en torno al 60% con cláusula de revisión entre octubre y noviembre. Con inflación en torno al 90%, será difícil desactivar la agenda gremial y evitar un traslado a precios de la eventual recomposición salarial, desatando un nuevo giro inflacionario.