Renta inesperada: Argentina “copia” una iniciativa británica

El Ministerio de Economía argentino arguye que es momento de aplicar un impuesto adicional a “sectores de la economía que se benefician de la guerra” ya que es un “acto de nobleza y justicia nacional y popular” repartir. El Ministro a cargo, Martín Guzmán, en sus pocas apariciones públicas respecto a este tema suele refrendar su posición argumental colocando como ejemplo al debate en Inglaterra sobre esta temática.

La fortuna está en su contra: en el día de ayer las principales empresas petroleras de Reino Unido dieron luz sobre la real dimensión de la iniciativa británica. Tanto el político argentino como su homólogo inglés buscan votos, después buscarán la independencia energética y al final recortar las emisiones de carbono. Las contradicciones de la política no deben sorprender, son una constante. La sorpresa casi siempre tiene forma de nuevos impuestos.

Meses atrás, la administración de Boris Johnson esbozó un nuevo impuesto que en teoría sería por única vez. Por lo tanto, la comunicación de esta idea en los medios fue como una medida justa cuando las empresas poco tuvieron que ver con el alza del precio del bien que venden. Esto en inglés se denomina “windfall tax”. La alícuota general del impuesto a las ganancias para grandes empresas domiciliadas en Reino Unido ronda el 40% luego de aplicar deducciones. El gobierno pretende cobrar un tributo adicional del 25% sobre ésas mismas ganancias netas.

El objetivo del Ministro de Finanzas de Boris Johnson es recaudar al menos $15 mil millones de dólares en impuestos para subsidiar la factura de electricidad de los hogares ingleses. Esta semana el Ministro anunció que el impuesto será plurianual, y estaría vigente hasta el año 2025. Por lo tanto, pierde su esencia de “renta inesperada” y toma estado de “impuesto ordinario”.

La política inglesa se ve en una encrucijada: subsidiar, abaratar temporalmente, la factura de luz de los hogares u obstaculizar la renovación del sector de energía del país. Recuérdese que la mayoría de los países apuestan a que las empresas energéticas viren, a la mayor velocidad posible, hacia metodologías más amigables con el medio ambiente (a modo de ejemplo, el proceso de refinación debe sufrir innovaciones en el uso de químicos). La velocidad de la innovación depende del dinero disponible para probar ideas, soluciones, en la realidad. De momento, las piezas del rompecabezas parecen no coincidir.

En este sentido, Shell y BP anunciaron que la financiación de proyectos off-shore o en aguas profundas (extracción y exploración de petróleo en mares, lo cual es muy común en Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia), en el norte del país, están en riesgo. Por lo que, implica menor producción y precios más caros.

Ahora bien, ¿el precio actual del petróleo, está en su máximo histórico? No. Desde 1986 a 2022, el precio máximo del crudo fue $144 por barril mientras que su promedio por ese periodo es $45.

Mirar una foto desde tanta perspectiva, lleva a un problema: perder dimensión. Si acercásemos una lupa a un periodo particular, digamos desde 1990 al 2000, se concluirá que en otros momentos también era plausible aplicar un impuesto a la ganancia superior al promedio histórico (o de tantos desvíos estándares).

Argentina plantea continuar agregando impuestos pero al mismo tiempo desea desarrollar su negocio energético. Argentina desea cobrar un porcentaje adicional sobre el esfuerzo de las empresas por vender sus productos, pero al mismo tiempo quiere que los empresarios innoven, contraten personal, compren tecnología para disminuir costos que se traduzcan en ahorros para el consumidor final.