Hood Robin: el acuerdo para seguir con el peor impuesto del mundo

Robin Hood y su leyenda pasaron a la universalidad cultural, como la historia de un ladrón que roba a los ricos para distribuir ese botín entre los muchos pobres entre los que vivía. Las desventuras de este héroe ubicadas en la Inglaterra del Siglo XIII se concentran en relatos muy populares en la Edad Media británica, ubicados en el norte de la comarca de Nothingam. Concretamente en el bosque de Sherwood. Allí, una banda de bandidos escondidos entre los árboles, buscaba justicia interceptando las caravanas oficiales donde se transportaban los impuestos que el Sheriff ordenaba cobrar de manera directa a toda persona que realizara una actividad económica en aquellos parajes. Y, como cuenta la leyenda, se trataba de los impuestos  más altos de toda la Gran Bretaña de aquellos tiempos, con una presión incluso superior a la que aplicaba el reino y que convertía a la vida comercial y el intercambio de bienes en inviables; arrojando a todo Nothingam a la pobreza.

Sólo había dos salidas para escapar de la situación de injusticia inevitable a la que llevaban las autoridades dictatoriales de aquella Europa medieval: la evasión impositiva, penada por la muerte, o la clandestinidad absoluta aceptando la redistribución arbitraria de Hood y sus hombres. Nuestro héroe se llamaba originalmente diferente. Se trataba de Robin de Locksley, veterano de las Cruzadas, que al regreso de aquella campaña bélica por Jerusalem, y a causa de las arbitrariedades impositivas del sheriff local, decide iniciar su carrera de robos y volcarse a la lucha clandestina. La historia continúa con algunos romances, idas y vueltas de sus compañeros hasta llegar a un final feliz con la participación justiciera de la corona; basado en la eliminación de aquellos impuestos que cobraba el sheriff y la intervención tributaria de la Corona que aplicaría hacia delante sólo las tasas del reino.

Un aspecto interesante de la historia, es el análisis que se hace sobre la verdadera naturaleza de los tributos, uno de los temas centrales de la historia de Robin Hood. Aquel tributo del sheriff de Nothingam era descripto en el mismo texto como injusto por su tasas excesivas, pero además como negativo para el desarrollo económico y comercial de la ciudad por ser del tipo  "cascada". Y desde aquellos tiempos medievales, la Inglaterra del futuro, ya no tomaría ese tributo como parte de su sistema. leyenda o no, en la Gran Bretaña posterior a la Revolución Industrial iniciada a fines del siglo XIX, se consideraba al ejemplo de los ladrones justicieros de Sherwood como  los iniciadores del fin de la aplicación de tributos como los que llevaron a la revuelta del héroe del bosque.

A siglos de aquellas historias medievales, la relación más directa con aquel impuesto confiscatorio y negativo para la actividad económica, es aquel que grava directamente a la compra de bienes o contratación de servicios, sin tener en cuenta la cadena de productividad, transporte y costos que llevó a un precio a tener un valor final. Se trataría de tributo que afecte los valores finales sin discriminación. En el mundo, sólo dos países los tienen activos. Uno es Turquía, cuya aplicación lo aleja de la posibilidad de sumarse a la Unión Europea, región económica donde un impuesto de este tipo directamente está prohibido. El otro país es Argentina. Y su nombre es Ingresos Brutos. Se aplica en las provincias y prácticamente representa la única fuente de ingresos de los gobernadores, sobre la que no deben dar cuenta al gobierno nacional. Se podría concluir entonces que el principal impuesto que cobran las provincias y que garantiza su sustentabilidad, es rechazado por medieval en la mayoría de los sistemas tributarios del mundo; y considerado un enemigo del desarrollo y el crecimiento del comercio por su característica de "cascada".

Acuerdo para el error

En la semana que culminó, hubo novedades sobre el tema. Obviamente, negativas. El jueves, y con 140 votos a favor, 104 en contra y 1 abstención (de José Cano), Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020 firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública, y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal. Todas iniciativas positiva. Salvo que vienen acompañada por la liberación para que los gobernadores aumenten la presión de Ingresos Brutos y Sellos. Se trata de la iniciativa que las provincias argentinas firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno tras la quita de un punto de la coparticipación. Con esta avanzada termina de dinamitarse la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, hasta aquí el único intento serio desde 1983 en adelante, en avanzar en la disminución paulatina que lleve a la eliminación definitiva del impuesto más distorsivo y negativo de todo el esquema tributario argentino.

Esta carga regional fue introducida desde 1977, durante la última dictadura militar y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y reemplazó al anterior Impuesto a las Actividades Comerciales. Se lo describe con la sigla IIBB y se aplica a todas las provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van de 1,5 a 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales y la alícuota depende del distrito y de la industria. Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.

Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos 30. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan a IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanar un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores. Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público; y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde Ingresos Brutos es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado; donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para que el consecuente gasto de ese dinero, son norma pétrea.

Lo peor de la decisión tomada sobre IIBB la semana pasada, es que se trata de un retroceso enorme, casi inconmensurable, en el camino que el país debe tomar para salir de su subdesarrollo impositivo. Salir de la trampa del tributo más injusto, distorsivo y enemigo del combate contra la inflación acaba de recibir un golpe certero. Casi mortal. Justo en el momento en que la Argentina debe dar señales de seriedad, no sólo ante el mundo; sino fundamentalmente hacia dentro de sus fronteras.