Las Crónicas del Miércoles: otra victoria de Moyano, y el avance kirchnerista contra Guzmán

El Senado pasó a la acción

Bajo la firma del legislador Oscar Parrilli presentó oficialmente ante las autoridades de esa Cámara, un proyecto de ley que menciona, textualmente, lo siguiente. "Senador Parrilli y otros: proyecto de declaración que solicita que los fondos correspondientes a la Argentina, como consecuencia de la próxima emisión de derechos especiales de giro del FMI, se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas para resolver los problemas derivados de la pandemia de Covid-19". Puntualmente, lo que pide el Senado es que los aproximadamente U$S 4.450 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se destinen exclusivamente para aplicar a políticas activas que aplaquen las consecuencias directas de la segunda ola del Covid en el país. Puntualmente, la creación de una nueva versión del IFE y el ATP (los dos mayores planes de asistencia social, de manera exitosa, durante el 2020), financiados íntegramente con los aportes de aquellos Derechos Especiales de Giro (DEGs) que en agosto serán aportados por el organismo que maneja Kristalina Georgieva. El argumento y justificación para el reclamo de Parrilli tiene un padrino importante.

El reclamo el kirchnerismo, indirectamente, está respaldado por un trumpista de la línea dura. Geoffrey William Seiji Okamoto, el ya plenamente establecido como número dos del FMI, presentó en sociedad los DEG el 22 de abril pasado, cuando en una de las conferencias de la Asamblea Anual conjunta de ese organismo y el Banco Mundial, le tocó aclarar los alcances legales del beneficio presupuestado por unos u$s 650.000 millones. El economista norteamericano anunció que el dinero disponible para cada socio del Fondo (a la Argentina le corresponden unos u$s4.354 millones aproximadamente por estar al día de la cuota correspondiente al 0,7% de las acciones), estaría recién en agosto, que no se podría utilizar para liquidar deuda vencida ni con el FMI ni con otros organismos internacionales y que se deberá aplicar en finalidades específicamente vinculadas con las consecuencias de la pandemia en la economía de cada país. Okamoto dijo que si los países aceptan el dinero, deberán sí o sí aceptar fiscalizaciones directas y puntuales de los agentes del FMI, para confirmar el buen destino de los miles de millones de dólares aportados. Y dijo puntualmente que, sí o sí, los DEG “se deben destinar a adecuar las reservas de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales. Tampoco para evitar una necesaria reestructuración de deuda que tengan los países con acreedores privados”. Siguiendo la línea que expuso Okamoto, y que el propio Fondo prometió fiscalizar, el dinero de los DEG sólo podrá utilizarse para paliar las consecuencias del Covid, y no para liquidar deuda. Aclaró además el funcionario que este destino será fiscalizado por el propio organismo financiero; lo que fue además avalado por el G-7, el grupo de países más desarrollados que también manejan el directorio del FMI y el Club de París.

Los otros planes de Economía

Martín Guzmán tiene otro plan y destino para los DEGs. El ministro de Economía quiere liberar del ejercicio actual, en lo posible, los dos pagos de capital que se le deberían liquidar al FMI de u$s 1.800 millones cada uno; y que deben cumplirse en septiembre y diciembre respectivamente. La intención de Guzmán es intentar firmar una Carta de Intención con un acuerdo con el organismo, que incluya los u$s 3.600 millones de dólares en el acuerdo por la refinanciación del stand by firmado por Mauricio Macri en 2018 por unos u$s 48.000 millones. La idea del ministro es que este dinero con vencimiento en 2021 entre en la negociación, y que el país no deba cumplir con esos pagos. Y, si esto ocurre, conseguir que este año no haya deuda que pagar y que el dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG), queden íntegramente en el país para reforzar las reservas del Banco Central. Y, en consecuencia, darle más tranquilidad y poder de fuego a la política cambiaria del gobierno.

La estrategia se completa cerrando las negociaciones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva para lograr un acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, con la posibilidad de comenzar a liquidar recién en el segundo semestre de 2026; y con la posibilidad de renegociar los pagos para el año 11. Si se cumpliera este proyecto del funcionario (sólo debería aprobarlo el ala política del oficialismo); Guzmán promete que hasta el 2025, luego de saldar la deuda con el Club de París, el país estará liberado de grandes compromisos financieros. Ese año, y de manera gradual y lenta, comenzaría a operar el cronograma de liquidaciones de la renegociación de la deuda con bonos emitidos bajo legislación nacional; dinero que además podría liquidarse obteniendo financiamiento del mercado voluntario de deuda. Siempre que Argentina en el tiempo que transcurra hasta esa fecha, ordene su economía, vuelva a crecer, y logre reconciliarse con los mercados de capitales financieros internacionales.

En síntesis. Comienza la batalla de criterios entre el ministerio de Economía y el FMI. Ahora por un tema más importante que las tarifas de luz. Cómo utilizar los dólares de los DEGs: para garantizar las negociaciones con el FMI, o para la gestión local de planes sociales generados por la Pandemia. Será la batalla final. Probablemente.

Otro fallo complica al gobierno

La Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un pedido de Telecom Argentina y suspendiera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que había declarado servicio esencial y público a las telecomunicaciones. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que, por dos votos en mayoría y uno en disidencia, admitió un recurso de apelación de la compañía telefónica Telecom y decretó una medida cautelar en su favor, que incluye la suspensión de los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020, que era el que había declarado servicio público y esencial a las telecomunicaciones. Además, también suspende tres resoluciones reglamentarias de este DNU, que fueron emitidas por el Ente Nacional de Telecomunicaciones (1466/2020, 1467/2020 y 204/2021). Todo esto no se podrá aplicar a la empresa, según los votos de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. Ahora Telecom está liberado de incrementar sus tarifas, y la intención de la empresa es subirlas en junio un 10%. Como el fallo responde sólo a una presentación de esta compañía, teóricamente sus otros dos competidores se ven impedidos (al menos por el momento) de liberarse del DNU que congelaba las tarifas y mantenía el servicio bajo la condición de "esencial". Sin embargo, como el fallo es de cámara y va más allá de la cuestión puntual de Telecom, los argumentos podrían ser utilizados por Telefónica y Claro (los otros dos operadores) para argumentar también por la vía judicial. La Cámara habló de violación a la propiedad privada, de cambio de reglas de juego injustificadas, de atentado a la libertad de empresa y de precios, de modificaciones de reglas de juego, de la inexistencia de infraestructura estatal y de la falta de monopolio. Pero, lo más importante, es que deja de tener vigencia para la justicia argentina, la vigencia de la situación de la telefonía celular y el servicio de internet como "servicio público esencial". El gobierno apelará ante la Corte Suprema, donde, en los últimos tiempos, las decisiones vienen siendo más que adversas.

Moyano ganó, otra vez

El sindicato de camioneros de Hugo Moyano y el Grupo De Narváez llegaron a un acuerdo final, por el conflicto que los primeros habían generado al reclamar el pago de una indemnización, para luego retomar a los empleados sin alterar su antigüedad. Luego de más de un mes de conflicto, Moyano y Francisco de Narváez cerraron el problema con el acuerdo del pago de un megabono a todos los empleados (sean o no afiliados a camioneros), por casi la totalidad del dinero reclamado en las indemnizaciones; pero como pago extraordinario, no vinculante y por fuera de la nómina salarial. Ambos firmaron un pacto de caballeros sellado con un apretón de manos, con un interlocutor obligado: el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Fue el político tigrense el que acercó a las partes, y selló el resultado. Más allá del resultado puntual del acuerdo, lo importante es marcar el volumen político del problema, y la necesidad del gobierno de evitar nuevos conflictos, a los múltiples que ya hay abiertos.

Ahora no son pocos los empresarios que miran de reojo la negociación y el acuerdo al que llegó De Narváez. Se lo considera el resultado de una discusión política más que económica, pero con consecuencias peligrosas para las empresas privadas. Dicho de otra manera, para muchos empresarios importantes, De Narváez actuó más como un político que como un colega con problemas de presiones sindicales rayanas a la ilegalidad. De hecho, uno de los pares del ex diputado nacional se hace el planteo, al tener el mismo caso de presión moyanista en las puertas de su empresa. Se trata de Carlos Rosales, quien en junio del año pasado adquirió las cadenas Garbarino y Compumundo, y hoy recibe el reclamo de camioneros por el mismo pago extraordinario que WalMart. Y, según declaró a sus íntimos Rosales, está hoy más cerca de buscar un nuevo comprador que de seguir invirtiendo en la compañía.