¿Quién habilita la piratería en Mendoza?
La Federación Económica de Mendoza, junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, realizaron una jornada de concientización sobre los daños que causa el comercio ilegal de mercaderías en la sociedad y la economía del país. Las críticas al Estado estuvieron puestas en las municipalidades.
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Los participantes destacaron la participación de la Aduana y del juez Federal Walter Bento, en los últimos años, pero indicaron que todavía existen sectores del Gobierno que no cumplen con su papel, y una sociedad que legitima el comercio ilegal.
La venta ilegal mueve $ 3.638 millones en el país, es dinero que no está sujeto al pago de impuestos, favorece la competencia desleal, el trabajo esclavo y hasta la inseguridad, de acuerdo con la CAME.
"Todos los días vemos como roban cubiertas o celulares, todos somos responsables, desde el momento en que compramos o no denunciamos", apuntó Fabián Castillo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y presidente de Yuliano Shoes.
El empresario consideró que es importante que cada una de las partes que integran la cadena de responsabilidades debe hacerse cargo. "Las intendencias permiten usufructuar el espacio público, y habilitan 'saladas' o 'saladitas' en donde existe un fraude marcario, productos que se confeccionan en los más de 1.000 talleres que hay en todo el país", agregó.
Hay un gobierno local que tiene que hacer algo, un gobierno provincial que tiene que hacer algo y un gobierno nacional que también tiene que hacer algo, señaló Castillo.
"El Estado en sí tiene que ser trasversal en esas responsabilidades", insistió Castillo, y señaló que "la Aduana toma las denuncias, pero después cada área tiene que admitir su responsabilidad".
Empresarios de la CAME junto al juez federal Walter Bento
Los empresarios consideraron que se está trabajando bien con la Aduana, evitando los ingresos de los productos falsificados, pero son los de confección interna los que falta controlar, y se puede hacer desde los lugares más chicos. De acuerdo con la CAME en el momento en que la Municipalidad habilita un lugar en donde se comercia de forma ilegal, o permite la existencia de "manteros", se viola la propiedad intelectual del diseñador de un bien y se atenta contra la competencia leal.
Castillo apuntó que ni los compradores ni los funcionarios toman en cuenta "la consecuencia de comprar un producto marcado de sangre, porque lo que se compra barato es robado o falsificado".
"Sabemos que la carga tributaria de argentina no es menor, y después cuando se multiplican las cargas que hay en las intendencias, estamos hablando de un 50% o 60% -sobre el costo del producto-, y si esa mercadería se confecciona con telas robadas, o si le pagan 15 pesos a un oficial para que cosa, hablamos de trabajo esclavo", apuntó.
Si el impuesto viene desde un lugar para que vuelva a todos nosotros está bien. Lo que pedimos es igualdad de condiciones.
El empresario textil mendocino, y representante de la Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi, coincidió en las responsabilidades que tienen los municipios e hizo hincapié en La Salada de Santa Rosa.
"Se permitió la instalación de un emprendimiento muy importante como es La Salda, y de ahí proliferó la piratería a toda la Provincia, antes Mendoza no figuraba en el ranking del país, hoy ocupa el puesto número dos", indicó Trípodi.
La sociedad argentina tiene que elegir si quiere tener un Estado o no, si quiere un Estado, debe ser consciente de que hay que pagar impuestos.
"En la medida en que hagamos la vista gorda, va a ser cada vez mayor la carga tributaria que tiene un comercio en Mendoza, y si al lado se le instala alguien que no tributa, no va a poder competir", agregó Trípodi y repartió responsabilidades entre los Municipios y la Administración Tributaria de Mendoza (ATM).
"Lo hemos visto con nuestros propios ojos, se instala un mantero (un comerciante callejero) y de pronto viene una inspección de ATM, el inspector tiene que pasar por encima de los manteros para inspeccionar al comercio y nos contestan que no está en su poder inspeccionarlos a ellos por no tributar", lamentó el representante de la FEM.
En cuanto a la piratería, Martín Zirulnik, director General de Rentas, explicó que el trabajo entre ATM y la Aduana es complementario, estos últimos se encargan de controlar que no ingrese mercadería falsificada a la Provincia, mientras que ellos inspeccionan que se compre y venda con factura.
Zirulnik indicó que Rentas no tiene poder para controlar que se respete la autoridad intelectual de las marcas y explicó que puede suceder que la mercadería sea pirata pero que los comerciantes tengan todas las facturas para comprobar que la compraron a un comercio establecido, y que el mismo comercio venda con marcas, en ese caso no se puede accionar.
La mercadería ingresa a la provincia y al país, o se fabrica en Argentina, los empresarios reclaman mayores controles, sobre todo por parte de los municipios, pero también piden a la sociedad que tome conciencia de que quien no tributa esta restando fondos a la educación, la saluda, las obras públicas. Además, apuntaron a un incremento de la inseguridad y del desempleo, por el cierre de comercios que genera la competencia desleal.