El atraso inexplicable de Mendoza

El dato fuerte es que Mendoza no sólo está postergada a la hora de recibir dinero desde la Nación en relación a provincias vecinas como San Juan, que recibe $7.619 por habitante al año, o San Luis, que tiene $8.097, también está por detrás de territorios considerados “similares” como Salta (que recibe $5.067 per cápita al año), Tucumán ($5.199) o Neuquén ($5.279).

Y lo más revelador de todo: Mendoza está postergada en relación a provincias consideradas “ricas” o “grandes”, ya que Santa Fe recibió durante todo el 2012 $4.540 por persona al año, mientras que Córdoba obtuvo $4.317.

Los envíos a provincias en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales que se acumularon durante 2012 superaron los $170.211 millones, lo que implicó un crecimiento de 26,9% en relación al año anterior.

Inequidad
En un país federal se requiere un mecanismo que distribuya los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, de modo que se garantice la provisión de bienes y servicios públicos de una manera equitativa a lo largo del territorio.

El sistema vigente en Argentina es el de Coparticipación Federal de Impuestos, que consiste en la concentración de la recaudación de los impuestos más importantes por parte de la Nación, y su posterior distribución entre las provincias.

En la práctica, el sistema actual de Argentina adolece de un orden esquemático, constituyendo un complejo esquema de transferencias con importantes disparidades regionales.

Mientras que en la provincia de Tierra del Fuego, que es la que más recursos por habitante obtuvo, se verificó que en 2012 cada ciudadano recibió en promedio $14.959 por este concepto, en la provincia de Buenos Aires sus habitantes recibieron ingresos 7 veces menores ($2.103 per cápita), mientras que en otros casos las diferencias también fueron importantes, como por ejemplo Mendoza (3,82 veces menos) y Córdoba (3,46 veces menos). 

Según explican desde el Iaraf los economistas Nadin Argañaraz, Ariel Barraud y Valentina Bulgarelli, es indispensable que en algún momento se debata en el país el reparto de fondos existente, de manera integral. Esto implica que las necesidades económicas o fiscales de cualquiera de cada una de las 25 partes involucradas en la discusión (la Nación, las Provincias y la CABA), no debieran buscar ser resueltas a través de soluciones individuales, ya que se da en el marco de lo que en economía se denomina un “juego de suma cero” (lo que gana un actor necesariamente lo pierde otro).

“Resulta evidente la dificultad de obtener el suficiente consenso para lograr corregir el estado actual de la situación. Pero año tras año se hacen más ineludibles las señales de la necesidad, ya no de una reforma, sino de un nuevo marco regulatorio integral para la generación y reparto intergubernamental de los recursos en nuestro país, que incorpore todo lo necesario para que la misma gane en eficiencia, equidad y transparencia”, afirma el informe del Iaraf.