Promoción Industrial: cinco razones de por qué la Nación no quiere a Mendoza y la política hace agua
Es sabido que desde su origen allá por los años ’70, el régimen de promoción industrial ha perjudicado a Mendoza en particular y al país en general, ya sea planteando condiciones de desigualdad, distorsiones y pérdidas fiscales valuadas en $72.512 millones sólo para la provincia, según datos aportados por el Consejo Empresario Mendocino (CEM). Pero a lo largo de la historia reciente, la Promoción Industrial es un claro ejemplo de que a la hora de los bifes, la Nación no quiere a Mendoza.
Corrían los primeros días de 1998 con Arturo Lafalla como gobernador de Mendoza y Carlos Menem en la Nación. En esa época se discutían los regímenes de diferimientos impositivos y Mendoza tenía la esperanza de gozar de estos beneficios fiscales a cambio de atraer inversiones, postergando en el tiempo el pago de tributos como IVA y Ganancias. Pero la Nación sorpresivamente no quiso.
Lafalla apostaba todo a que en el artículo 51 del Presupuesto de ese año se asignaran 10 millones de pesos / dólares como cupo para diferimientos en favor de inversores que se radicaran en los departamentos mendocinos de Lavalle, La Paz, Santa Rosa, General Alvear y Malargüe, pero Menem intervino y vetó los beneficios para Mendoza mientras que dejó intactos los beneficios de este mismo régimen a favor de San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Hoy gran parte del desarrollo vitivinícola y olivícola que tienen estas provincias se lo deben a los diferimientos impositivos.
La respuesta de Lafalla ente el desplante de Menem no tardó en llegar y ahí mismo Mendoza insistió con una demanda por inconstitucionalidad de los decretos 804/96, 1125/96 y 69/97, por los cuales se reasignaron cupos fiscales de la vieja promoción industrial, entre unos 300 proyectos empresarios en La Rioja, Catamarca y San Juan.
2-Portezuelo del viento y el canto de las sirenas para Cobos.
Mendoza nunca fue incluida en el régimen de diferimientos impositivos que, en paralelo a la promoción industrial, benefició a San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis durante los años ’90, pero la demanda de Lafalla siguió su curso. Pasaron los años, pasó Roberto Iglesias y Fernando De la Rúa y la crisis tapó todo debate. Luego llegó Julio Cobos al poder en la provincia y Néstor Kirchner en la Nación, pero no cambiaron mucho las cosas.
Cuentan las crónicas periodísticas de la época, que fue en 2004, cuando la relación del Gobernador de Mendoza y el Presidente de la Nación era óptimas, que Cobos habló por primera vez con Néstor en el avión presidencial al regreso de una misión al exterior de la alternativa de incluir a Portezuelo del Viento en un convenio de compensación por el juicio que el gobierno de Arturo Lafalla le inició a la Nación por los perjuicios de la promoción industrial. La demanda de Mendoza por perjuicios económicos contra la Nación iba de $1.000 a $600 millones.
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Néstor Kirchner, junto a Cristina Fernández y Julio Cobos. Tiempos de armonía.
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Cuando Cobos comenzó a diseñar ese arreglo, ya hacía varios meses que se conocía una instancia clave en ese juicio iniciado por Mendoza contra la promoción industrial. Quien era procurador de la Corte en 2003, el mendocino Nicolás Becerra, falló de manera favorable a los reclamos de Mendoza, con lo que la provincia estaba en óptimas condiciones jurídicas para ganar la demanda que había presentado junto a La Pampa y Misiones.
Mendoza mantuvo stand-by el proceso judicial a cambio del maravilloso canto de sirenas del Gobierno nacional que prometía millonarias inversiones para la provincia y la realización de obras trascendentales como el paso El Pehuenche a Chile o el embalse Portezuelo del Viento. Se habló, incluso de inversiones hasta 2011 por $11.000 millones sólo para Mendoza.
Cobos fue atraído por el canto de las sirenas, desistió de lo hecho por Lafalla, y se adentró en las profundidades del kirchnerismo hasta llegar a ser vicepresidente. Su carrera política fue marcada por el “voto no positivo” y Mendoza se quedó sin obras y dejó pasar cuatro años más de promoción industrial.
3- Pasividad legislativa.
Los años pasaban y más allá de los errores de los poderes Ejecutivos de turno en Mendoza, el rol de los legisladores nacionales no fue muy acertado tampoco. Basta recordar cómo en 2009 el Congreso de la Nación, mientras en Mendoza seguían esperando que llegaran las fondos para resarcir con obra pública el daño hecho por la promoción industrial, reasignó cupos promocionales para empresas como Yoma SA en La Rioja, o convalidar lo hecho por el gobierno de José Luis Gioja en San Juan con supuestos beneficios fiscales no utilizados. Y esto no pasó solo en 2009, sistemáticamente en las leyes de Presupuesto del Estado Nacional que aprobó el Congreso se hicieron cambios o definiciones de cupos fiscales para la promoción industrial en 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y hasta el 2003, según informan estudios realizados por el Consejo Empresario Mendocino (CEM). ¿Cuántos legisladores nacionales por Mendoza pasaron por el Congreso en todos estos años?
4- El renuncie histórico de Jaque y otra fallida promesa para Mendoza.
Lo historia siguió rodando y ya con Celso Jaque en el poder y Cristina en la Nación, la pelea de Mendoza por la promoción industrial tuvo su desacierto más significativo. Alegando otra vez adorables promesas de parte de la Nación, Jaque anunció con bombos y platillos que Mendoza tendría promoción, pero bajo un sistema renovado. Tomando con referencia un decreto que nunca existió, Jaque prometió el 21 de septiembre de 2010 que el beneficio iba a ser para empresas de todos los departamentos mendocinos, pero diferenciado por zonas: siete tendrían "promoción plena" y otros once gozarían de beneficios restringidos a firmas ya radicadas y en determinados rubros industriales que decidan invertir. En el anuncio, Jaque se rodeó de su gabinete, agradeció hasta al cansancio a la presidenta Cristina Fernández y pidió "no buscarle la quinta pata al gato".
Pero la “quinta pata del gato” estaba. Técnicamente, el acuerdo de Jaque con Cristina se cerró luego de que Mendoza, por medio de una presentación del Fiscal de Estado, Joaquín de Rosas, desistiera formalmente de la demanda que había presentado Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los perjuicios de la promoción industrial. Otra vez, la Mendoza confiada se quedó sin el pan, los supuestos beneficios de una nueva promoción industrial, y sin la torta, la vía legal para exigir compensaciones por parte de la Nación o bien que cese la promoción industrial en las provincias vecinas.
5-El autismo de Paco y la imploración política como única salida.
La campaña electoral de 2011 (tanto presidencial como para gobernador en Mendoza) sumió en un cono del silencio el debate abierto por la promoción industrial. Mendoza, como Estado, había renunciado a su reclamo en la Corte Suprema, y quedaba sólo la medida cautelar que mantuvo la Cámara de Comercio de San Rafael. Mientras, desfilaban por Mendoza funcionarios nacionales con promesas recurrentes de que no se “dañaría a la provincia” e incluso desde el gobierno de Paco Pérez se llegó a decir que la promoción industrial no estaba en la agenda.
Así pasó casi un año y medio, hasta que la semana pasada se conoció que la Corte Suprema votó en contra de la presentación hecha por la Cámara de San Rafael, tal y como se había anunciado que pasaría semanas antes, y quedó allanado el camino para que se aplique el decreto 699/2010 que prorroga por 15 años más los beneficios de la promoción industrial para las provincias vecinas.
A la fuerza, la promoción industrial volvió a estar (¡Ahora sí!) en la agenda del Gobierno, aunque no queda más camino que lograr que la Nación acepte incluir a Mendoza en los beneficios que siguen teniendo San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. Sólo resta implorar para que lo que nunca ocurrió desde fines de los años ’70, ahora ocurra.
Por Federico Manrique
fmanrique@mdzol.com
En twitter: @Fede_Manrique