Una apuesta estatal que dio sus frutos
Desde que el gobierno nacionalizó el sistema previsional, a fines de 2008, el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, recibió sistemáticamente propuestas informales de las empresas para recomprar sus activos. El Gobierno nunca aceptó esas operaciones frente a las perspectivas de rendimiento de las acciones de las empresas que valorizarían el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y permitirían acceder a recursos durante la distribución de dividendos e impulsar el financiamiento de distintos proyectos productivos. Las acciones de empresas representan alrededor del 14 por ciento de la cartera del FGS. En diciembre de 2008 valían 7744 millones y ahora 22.124 millones de pesos.
Te puede interesar
Ropa cara en Argentina: una discusión que va mucho más allá de la etiqueta
La Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina remarcaron la necesidad de preservar la limitación del 5 por ciento del derecho a voto, más allá de la magnitud de la inversión, que derogó el DNU 441/11. Esa cláusula se estableció en tiempos de las AFJP para “impedir que intentaran controlar directa o indirectamente el gobierno de las sociedades objeto de sus inversiones”. Precisamente, el texto del decreto señala que esa situación no sucede con los representantes del Estado y argumenta que la limitación al ejercicio de los votos afecta la capacidad del FGS para defender la administración de sus activos.
