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El Gobierno quiere seguir endeudándose para pagar gastos corrientes

Contradiciendo la ley de Responsabilidad Fiscal, hoy suspendida, envió un proyecto de ley a la Legislatura que busca cubrir un déficit de $334 millones previsto para el ejercicio 2010. El plan oficial incluye tomar un crédito por $150 millones y engrosar la deuda flotante (proveedores) en $184 millones. Rechazo, dudas y pedidos de más información por parte de la oposición.
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La gestión Jaque vuelve a la carga con una maniobra que sería ilegal, si no se hubiera suspendido hasta diciembre de 2010 la ley de Responsabilidad Fiscal: endeudarse para financiar gastos corrientes. Algo así como tomar un crédito personal para comprar comida en el almacén de la esquena, si el ejemplo se traslada a una familia.


De llevarse a cabo esta maniobra no será la primera vez, ya que en diciembre de 2009 la gestión Jaque logró que la Legislatura le diera el aval para endeudarse por $420 millones para cubrir gastos corrientes. En esa oportunidad el pretexto era la crisis financiera internacional y el impacto de la Gripe A en la economía de Mendoza. Ahora la situación es distinta, aunque la práctica busca mantenerse.


En concreto, el ministro de Hacienda, Adrian Cerroni, visitó el lunes la Legislatura para presentar un proyecto de ley que autoriza la ampliación de partidas presupuestarias vigentes, nuevo endeudamiento y engrosamiento de la deuda con proveedores del Estado (deuda flotante). Todo esto mientras de los $215,9 millones previstos en el presupuesto (sobre un total de erogaciones de $6770,22 millones) de erogaciones de capital (obras públicas), sólo se han ejecutada al 30 de setiembre $82,75 millones.


El Gobierno blanquea así que no sólo tendrá que ampliar partidas para hacer frente a mayores gastos corrientes, sino que deberá salir a pedir $150 millones más de nuevo endeudamiento (se estima que será bancario) y patear para el ejercicio 2011 deudas con proveedores por un total de $184 millones. Todo esto, según Cerroni, como consecuencia de los incrementos salariales otorgados durante el año a los trabajadores del Estado que en cifras significan unos $529,24 millones más en gastos.


La diferencia entre los $529,24 millones dados en aumentos y el déficit operativo de $334 millones previsto para todo el 2010 se ha saldado gracias, detallo el Ministro de Hacienda, a mayor recaudación ($79,24 millones) y “ahorro en partidas de personal” ($116 millones).
Con fecha 20 de diciembre de 2004 se promulgó la Ley 7.314, denominada de Responsabilidad Fiscal, en la que se establecen principios rectores a los que debe ajustarse la política fiscal de Mendoza, en pos de la consecución del equilibrio presupuestario y de la responsabilidad de los funcionarios en la gestión fiscal.


El artículo 6 de esta norma es claro al respecto: “La elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos (…), se reaIizará en un marco de equilibrio presupuestario, estando prohibido el endeudamiento destinado a financiar erogaciones corrientes, quedando exceptuados los programas financiados por organismos multilaterales de crédito.


Para poder financiar gastos corrientes con créditos en diciembre de 2009 la gestión Jaque logró que se aprobara la ley 8128 en la que se deja sin efecto hasta el 31 de diciembre de 2010 el Artículo 6º de la ley de Responsabilidad Fiscal.


Cubrir gastos corrientes con nuevo financiamiento es tratar de apagar fuego con más fuego, porque si las cuentas no cierran este año (donde los ingresos crecen a tasas del 30% al 40% anual) menos cerrarán en el futuro cuando se incorporen los gastos necesarios para pagar la nueva deuda. Con estas prácticas, lo que se obtiene es perpetuar los desequilibrios fiscales.


Con la deuda flotante pasa lo mismo y también viola la ley de Responsabilidad Fiscal. El artículo 23 de esta norma señala que “el stock de deuda flotante de la Provincia y los Municipios deberá tender a cuarenta y cinco (45) días normales de giro”. Si se cumplen las palabras de Cerroni sobre que “patearán” para el año que viene el pago de deudas con proveedores, claramente se está generando mayor carga (erogaciones) para el 2011 e incumpliendo con la ley 7314, además de ocasionar un fuerte perjuicio y daño económico a quienes les venden productos y servicios al Estado.