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El Gobierno se endeudará para concretar las obras que no hizo OSM
Lo hará con el objetivo de conseguir fondos para nuevas obras y mantenimiento. No descartan estatizar la empresa, aunque advierten que no es la intención de la intervención. Los funcionarios ya desembarcaron en la empresa.
Tras el anuncio que el Gobierno hizo esta mañana de la intervención de Obras Sanitarias Mendoza (OSM), desde el Epas (Ente Provincial de Agua y Saneamiento) desembarcaron en la sede de la empresa, ubicada en la calle Belgrado de Ciudad, para ponerse a tono y comenzar a trabajar.
La medida durará 6 meses, durante los cuales la concesión al grupo de accionistas estará suspendida. Esta intervención podría prolongarse por el mismo plazo y terminar en tres situaciones distintas: que se levante la suspensión y el grupo francés Saur siga teniendo a cargo la operación técnica que le fue otorgada por 90 años, que se elimine del contrato de concesión a este grupo y se arme uno nuevo con otros accionistas, o que la empresa quede en manos del Estado, algo que desde el Gobierno no se descarta.
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En este plazo de 180 días el Gobierno de Celso Jaque buscará financiamiento privado para realizar obras que debería haber realizado el grupo concesionario y que no realizó. Entre ellas figuran la ampliación de la planta Benegas y tareas de mantenimiento en el acueducto Potrerillos, en Campo Espejo y en Paramillos, además de otras obras menores que tienen que ver con la limpieza. Mientras que por otra parte Jaque recortó por decreto los gastos de los ministerios y decidió no comenzar nuevas obras públicas.
Javier Montoro, titular del Epas, y Gonzalo Dávila, interventor de OSM, confirmaron que será el Gobierno el que busque financiamiento y que uno de los acreedores podría ser el Banco Interamericano de Desarrollo. "Sobre esto ya estamos trabajando y hemos avanzado en algunos puntos de los requisitos que nos piden. En estos días los completaremos para comenzar estas obras lo más pronto que se pueda", señaló Montoro.
Aunque por el momento no hablaron de cifras ya que son varias las obras en mente.
Durante estos 180 días de intervención, el Gobierno pretende hacer un diagnóstico acabado de la situación de la empresa, tanto financiera, técnica, como de recursos humanos. "El gobernador tomó esta decisión porque es necesario garantizar la prestación del servicio público, algo que peligraba", explicó Dávila.
"La intención no es estatizar la empresa, aunque podría llegar a darse esa situación, ni hacer cambios en el personal o en el funcionamiento, a menos que sean para bien. La intervención se decidió porque el servicio está en riesgo", ágregó el interventor y dijo que "hay motivos más que fundados para creer que el servicio está en riesgo".
Según Dávila, se llegó al punto de la intervención porque "se fueron sumando varios factores, que se pueden resumir en que en 10 años la población creció y no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el servicio".
Por su parte, Montoro explicó que en el contrato de conseción estaba estipulado que si la empresa concesionaria no cumplía con los requisitos impuestos, el poder concedente (el Estado) podría llegar a tomar esta medida.
Además, una de los reclamos por parte de la empresa fue satisfecho con dos cartas de entendimiento, una en 2005 y otra en 2007, en las que se les permitía actualizar las tarifas según los indicadores económicos.
En tanto, Montoro agregó que esta decisión no se tomó antes "para evitar especulaciones políticas", en referencia a las elecciones legislativas del 28 de octubre pasado.
Además, explicaron que durante la intervención un comité de profesionales estará brindando apoyo de manera permanente al interventor, mientras que se conformará un Consejo Asesor para diseñar planes de agua y saneamiento a largo plazo, del que formarán parte los partidos polìticos con representación parlamentaria, las universidades y funcionarios del Gobierno. Una de las acciones que ya tienen pensada para desarrollar en el plan estratégico es la instalación de medidores para que los usuarios paguen por consumo y no por metros cubiertos de la propiedad, como sucede actualmente.
Por otra parte, el interventor de OSM y el representante del Epas, junto a los directores de este organismo, Edgar Núñez y Alejandro Agüero, explicaron que todo el sistema de saneamiento y cloacas en la provincia tiene déficits, pero que Obras Sanitarias es el más comprometido al respecto.
Este servicio en Luján, Maipú y Tupungato es municipal y en toda la provincia hay 145 operadores de gestión comunitaria.
Durante estos 180 días de intervención, el Gobierno pretende hacer un diagnóstico acabado de la situación de la empresa, tanto financiera, técnica, como de recursos humanos. "El gobernador tomó esta decisión porque es necesario garantizar la prestación del servicio público, algo que peligraba", explicó Dávila.
"La intención no es estatizar la empresa, aunque podría llegar a darse esa situación, ni hacer cambios en el personal o en el funcionamiento, a menos que sean para bien. La intervención se decidió porque el servicio está en riesgo", ágregó el interventor y dijo que "hay motivos más que fundados para creer que el servicio está en riesgo".
Según Dávila, se llegó al punto de la intervención porque "se fueron sumando varios factores, que se pueden resumir en que en 10 años la población creció y no se realizaron las inversiones necesarias para garantizar el servicio".
Por su parte, Montoro explicó que en el contrato de conseción estaba estipulado que si la empresa concesionaria no cumplía con los requisitos impuestos, el poder concedente (el Estado) podría llegar a tomar esta medida.
Además, una de los reclamos por parte de la empresa fue satisfecho con dos cartas de entendimiento, una en 2005 y otra en 2007, en las que se les permitía actualizar las tarifas según los indicadores económicos.
En tanto, Montoro agregó que esta decisión no se tomó antes "para evitar especulaciones políticas", en referencia a las elecciones legislativas del 28 de octubre pasado.
Además, explicaron que durante la intervención un comité de profesionales estará brindando apoyo de manera permanente al interventor, mientras que se conformará un Consejo Asesor para diseñar planes de agua y saneamiento a largo plazo, del que formarán parte los partidos polìticos con representación parlamentaria, las universidades y funcionarios del Gobierno. Una de las acciones que ya tienen pensada para desarrollar en el plan estratégico es la instalación de medidores para que los usuarios paguen por consumo y no por metros cubiertos de la propiedad, como sucede actualmente.
Por otra parte, el interventor de OSM y el representante del Epas, junto a los directores de este organismo, Edgar Núñez y Alejandro Agüero, explicaron que todo el sistema de saneamiento y cloacas en la provincia tiene déficits, pero que Obras Sanitarias es el más comprometido al respecto.
Este servicio en Luján, Maipú y Tupungato es municipal y en toda la provincia hay 145 operadores de gestión comunitaria.