El Instituto Nacional de Vitivinicultura no debería ser parte de la disputa política
El reciente desplante de los gobernadores de Mendoza y San Juan hacia el nuevo titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Juan Carlos Jaliff, no es una señal adecuada para la industria. La actividad vitivinícola quiere estar al margen de las mezquindades políticas y trabajar por el fortalecimiento institucional del organismo.
El papel que desempeña el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dentro de la discusión política, parece que serán los próximos asuntos que deberá resolver y aclarar la industria con los actuales representantes de los gobiernos, de Mendoza, de San Juan e inclusive de la Nación, que se vieron desdibujados en la reciente asunción de Juan Carlos Jaliff.
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Allí, el pasado 11 de enero, desafortunadamente salieron a la luz los enconos que mantiene la conducción central nacional, representada por el vicepresidente Julio Cobos, y las gestiones de las provincias cuyanas que acusaron un desaire sobre sus opiniones que preferían que el nuevo presidente fuera un técnico allegado a la industria del vino argentino y no un abogado como Jaliff.
Lo cierto y triste a la vez, es que con la ausencia tanto de los gobernadores de San Juan como de Mendoza al acto de asunción donde hasta participó el Ministro de Economía, Martín Lousteau, se vuelven –como en otros tiempos tristes- a confundir los límites que debería tener una discusión que le pueden hacer mal al INV. Un organismo que, afortunadamente, en los últimos años ha logrado tener una imagen de ente netamente técnico, que entiende en lo referido a "políticas vitivinícolas" y no de las políticas partidarias que relucieron el día que faltaron Jaque y Gioja.
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La impresión que quedó "del día de Jaliff" es que evidentemente la relación entre los gobiernos y el INV pasa también por la política. Y la intención del sector vitivinícola –así lo han difundido hasta el cansancio- es que no pase por la política y sí por la actividad del sector. En ese sentido, la intención del sector es que los comentarios políticos o las peleas sobre asuntos que no sean vitivinícolas se discutan en otros ámbitos.
Lo valioso en este contexto es lo que ha logrado la industria desde hace un tiempo a esta parte que es definir que el INV tenga un papel técnico. Un rol que no implica que no tenga una conducción política, pero no de política partidaria sino de políticas para poder ser escuchados por un Secretario de Agricultura, por un Ministro de Economía o por los mismos gobernadores provinciales.
Básicamente, el acuerdo de la industria es que el sector y los gobiernos provinciales, que son quienes de alguna manera discuten las políticas vitivinícolas, tengan en claro que el instituto es un organismo de aplicación técnico. Por lo tanto, esa discusión, sobre esos límites, deberán ser los tópicos a tratar de ahora en adelante, más allá de los discursos y las asunciones.
Se viene la cosecha, la fijación del cupo 2008 del Acuerdo Mendoza San Juan, la renovación de las autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un posible y nuevo operativo de compra de uva criolla y hasta la determinación de créditos para la presente cosecha, donde intervendrá el instituto. Por ello habrá que tener sumo cuidado para que las discusiones partidarias no empañen las determinaciones a tomar.
El acuerdo interno del sector es que el instituto es un organismo que hay que cuidar y la única forma es velar para que no se meta en asuntos que no le corresponden y por lo tanto que siga viviendo con el prestigio, que aún sigue luciendo.
Un prestigio que tiene que ver con sus relaciones técnicas, sus vinculaciones internacionales, su papel frente a la Aduana, su importancia respecto a la investigación para la fiscalización, entre otros asuntos.
Por todo esto, además no se puede dejar de tener en cuenta que la industria posee un acuerdo, junto a los gobiernos provinciales, por el cual existe una mesa de discusión de la estructura vitivinícola (Coviar), mesas de discusión de la política coyuntural, que hacen blanco en los comités vitivinícolas y un organismo de fiscalización y aplicación (INV) para que todas esas políticas estén basadas en una seriedad que garantice que el vino se elabore de acuerdo a lo que dice la ley y no un partido político.
Hablar en estos momentos de la gestión de Jaliff es absolutamente prematuro, ya que su gestión está recién naciendo.
Tanto los gobiernos provinciales como el INV deberán entonces reunirse con el fin de establecer el marco de relaciones que mantendrán de aquí en más, no sin olvidar que el vicepresidente del ente (Héctor Voena) es sanjuanino, con el fin de que en la práctica se analice cómo seguirán avanzando los asuntos inherentes a la industria sin correr riesgos que a la postre se deban lamentar.
Básicamente, el acuerdo de la industria es que el sector y los gobiernos provinciales, que son quienes de alguna manera discuten las políticas vitivinícolas, tengan en claro que el instituto es un organismo de aplicación técnico. Por lo tanto, esa discusión, sobre esos límites, deberán ser los tópicos a tratar de ahora en adelante, más allá de los discursos y las asunciones.
Se viene la cosecha, la fijación del cupo 2008 del Acuerdo Mendoza San Juan, la renovación de las autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un posible y nuevo operativo de compra de uva criolla y hasta la determinación de créditos para la presente cosecha, donde intervendrá el instituto. Por ello habrá que tener sumo cuidado para que las discusiones partidarias no empañen las determinaciones a tomar.
El acuerdo interno del sector es que el instituto es un organismo que hay que cuidar y la única forma es velar para que no se meta en asuntos que no le corresponden y por lo tanto que siga viviendo con el prestigio, que aún sigue luciendo.
Un prestigio que tiene que ver con sus relaciones técnicas, sus vinculaciones internacionales, su papel frente a la Aduana, su importancia respecto a la investigación para la fiscalización, entre otros asuntos.
Por todo esto, además no se puede dejar de tener en cuenta que la industria posee un acuerdo, junto a los gobiernos provinciales, por el cual existe una mesa de discusión de la estructura vitivinícola (Coviar), mesas de discusión de la política coyuntural, que hacen blanco en los comités vitivinícolas y un organismo de fiscalización y aplicación (INV) para que todas esas políticas estén basadas en una seriedad que garantice que el vino se elabore de acuerdo a lo que dice la ley y no un partido político.
Hablar en estos momentos de la gestión de Jaliff es absolutamente prematuro, ya que su gestión está recién naciendo.
Tanto los gobiernos provinciales como el INV deberán entonces reunirse con el fin de establecer el marco de relaciones que mantendrán de aquí en más, no sin olvidar que el vicepresidente del ente (Héctor Voena) es sanjuanino, con el fin de que en la práctica se analice cómo seguirán avanzando los asuntos inherentes a la industria sin correr riesgos que a la postre se deban lamentar.
