1.000 días de laboratorio: los precios se ordenaron, los salarios todavía no

Mil días es un plazo cómodo para hacer cuentas. Alcanza para que las medidas de shock muestren sus efectos y para que las excusas del "recién llegamos" pierdan validez. Y el Gobierno, desde el primer día, se presentó a sí mismo como un experimento: un laboratorio de política económica sin precedentes.

Tomémoslo en serio, entonces, y leamos el resultado de la variable que más le importa a la gente que trabaja: cuánto vale hoy un sueldo.

El salario en el laboratorio

Conviene empezar por lo que el Gobierno puede exhibir, porque es real. La inflación mensual pasó del 25,5% de diciembre de 2023 al 2,1% de julio de 2026. La interanual está en 33,8%, cuando en abril de 2024 rozaba el 290%. La pobreza medida por el Indec cayó al 28,2% en el segundo semestre de 2025, el registro más bajo desde 2018, con 13,5 millones de personas por debajo de la línea.

Cualquier análisis que omita esto no es análisis: es militancia. Pero mil días es también el tiempo suficiente para ver el precio que se pagó, y quién lo pagó. Porque la inflación acumulada desde noviembre de 2023 supera el 300% (249% hasta noviembre de 2025 según el propio Indec, más el 19,3% de los primeros siete meses de 2026).

La pregunta relevante no es si los precios subieron menos que antes sino si los sueldos subieron lo mismo que los precios. Y no subieron lo mismo.

El dato más benévolo, el que el propio Gobierno prefiere, es la remuneración promedio del sector privado registrado según el SIPA: en junio de 2026 está 0,6% por debajo de noviembre de 2023 en términos reales. Es decir que, en el mejor de los escenarios, el trabajador formal promedio está apenas donde estaba.

El índice de salarios del Indec para el mismo sector marca una caída del 3,6 % a mayo. Y los salarios de convenio, los que se negocian en paritarias y rigen para la mayoría de los empleados bajo Convenio Colectivo de Trabajo, están 6,5% abajo. La tendencia de 2026 no ayuda: los aumentos nominales pasaron de un 2,1% mensual en el primer cuatrimestre a un 1% entre abril y mayo, mientras la inflación se estabilizaba en torno al 2%.

El promedio, además, esconde la dispersión, que es lo que un abogado laboralista ve en el escritorio todos los días. Encargados de edificio (+5,9% real), camioneros (+3,1%) y construcción (+2,5%) le ganaron a la inflación en estos mil días. Textiles (-12,6%), metalúrgicos (-12,4%), comercio (-11%) y calzado (-10,5%) perdieron dos dígitos.

No es casualidad: los que ganaron tienen gremios con capacidad de presión o actividades que no compiten con importaciones; los que perdieron son los sectores expuestos a la apertura y a la caída del consumo. El laboratorio no distribuyó los resultados al azar.

La pregunta relevante no es si los precios subieron menos que antes sino si los sueldos subieron lo mismo que los precios.

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Ganadores y perdedores

Donde el experimento muestra su cara más dura es en el piso del sistema. El Salario Mínimo, Vital y Móvil, que la Constitución manda garantizar y que la Ley de Contrato de Trabajo define como el que asegura alimentación, vivienda, educación y previsión, quedó en $376.600 en agosto y pasa a $383.800 en septiembre, fijado por decisión unilateral del Ejecutivo después de que el Consejo del Salario, otra vez, no acordara.

En los últimos doce meses subió 16,9%, exactamente la mitad de la inflación. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 perdió 40,5% de poder de compra, y según el IIEP de la UBA vale hoy menos que en 2001 y 67% menos que en su máximo de 2011. Esto no es un número abstracto.

El salario mínimo es la referencia del tope de embargabilidad, de la base de cálculo de la prestación por desempleo, de miles de convenios de actividades informales y de la negociación de cualquier trabajador que no tiene sindicato detrás. Cuando el piso se hunde, se hunde todo lo que se apoya en él.

Con los jubilados pasa algo parecido, con una vuelta de tuerca. La mínima de septiembre es de $428.590 y, gracias a la fórmula de movilidad por IPC, está 10,9% por encima de noviembre de 2023 en términos reales. Pero el bono de $70.000 que la completa está congelado desde marzo de 2024 y perdió 57% de su valor. Sumados, mínima y bono quedan 9,3% debajo del punto de partida. El haber sube por ley y baja por decreto.

La otra variable del laboratorio es la cantidad. El empleo registrado privado acumula ocho meses consecutivos de caída y en mayo tenía 241.176 puestos menos que en noviembre de 2023, un 3,8%. Y hay 16.422 empleadores menos que un año atrás. Ese último dato es el que menos se comenta y el que más debería preocupar, porque un puesto que se pierde puede recuperarse; una empresa que cierra, casi nunca.

El piso que se hunde

Todo esto ocurre en el año en que entró en vigencia la reforma laboral que establece la Ley 27.802, que redujo el costo del despido, amplió el ius variandi y abrió el régimen de promoción del empleo registrado que comentamos la semana pasada. La reforma se vendió como la llave para que el empleo creciera.

Es temprano para juzgarla, pero no para observar que hasta ahora el laboratorio produjo menos empleo formal, no más, y que la única herramienta que efectivamente protege el salario contra la inflación, la actualización de los créditos laborales por IPC más tres puntos del nuevo artículo 276, rige para lo que se cobra en un juicio, no para lo que se cobra el cuarto día hábil.

Los estoicos distinguían entre lo que depende de uno y lo que no. La inflación, el tipo de cambio, el precio del petróleo, no dependen del trabajador ni del empleador que lee esta columna. Lo que sí depende de ellos es leer bien el momento. Para el trabajador: entender que un aumento nominal del 1% mensual con inflación del 2% es un recorte, y negociar en consecuencia, con datos, no con enojo.

Para el empleador: entender que el ajuste salarial que hoy le alivia el balance mañana le vacía la góndola, porque su cliente es el empleado de otro. Y para ambos: registrar lo que está en negro mientras la ventana del PER está abierta, porque la próxima crisis, o el próximo juicio, va a encontrar a los que no lo hicieron.

Los salarios de convenio, los que se negocian en paritarias y rigen para la mayoría de los empleados bajo CCT, están 6,5 % abajo.

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Mil días después, el laboratorio tiene un resultado que se puede resumir en una frase que no es de oposición ni de oficialismo: los precios se ordenaron y los sueldos todavía no.

El desafío de los próximos mil días no es sostener la desinflación, que ya se sostiene sola con este nivel de demanda. Es lograr que el salario vuelva a ser lo que la ley dice que es: una contraprestación que alcanza para vivir. Hasta que eso no ocurra, la estabilidad es un logro del Estado y un costo de la gente.

* Juan Pablo Chiesa. Abogado especialista en derecho del trabajo. Magister UBA en IA aplicado a la gestión judicial, escritor.

Youtube e Instagram: @juanchiesaok