Instructivo para pedir el subsidio al agua en Mendoza y evitar que te corten el servicio

La Ley 9589 prohíbe suspender el agua a familias con imposibilidad de pago, pero el Gobierno oculta el subsidio y exige un laberinto de trámites para acceder. Paso a paso, cómo solicitarlo, qué papeles presentar y cómo defender tu derecho frente a cortes ilegales.

Una familia empobrecida frente a una factura que no para de crecer

Imaginemos a una familia mendocina que hace apenas unos años podía pagar sus cuentas. Hoy, sus ingresos han caído a la indigencia: changas esporádicas, jubilaciones mínimas o salarios que no cubren la canasta básica. Mientras tanto, la factura de Aguas Mendocinas (AYSAM) no deja de subir e incorpora nuevos conceptos como el 20% de “renovación de redes”, a lo que se suma la factura eléctrica más cara del país.

Esa familia, que apenas logra comer, ignora que existe un subsidio por pobreza para evitar el corte. El Gobierno nunca se lo informó. Así, las boletas impagas terminan en estudios jurídicos que agregan intereses, actualizaciones y honorarios. Y AYSAM, violando la ley, corta el agua y deriva al usuario al estudio como maniobra de presión y extorsión.

En Mendoza, la ley ya prohíbe cortar el agua por pobreza

Desde noviembre de 2024, la Ley Provincial 9589 modificó el artículo 14 estableciendo que el prestador solo puede suspender el servicio después de dos facturas impagas y una intimación previa, pero nunca cuando el usuario acredite imposibilidad de pago.

Además, la norma incluye:

• Artículo 20: subsidios para jubilados y usuarios de bajos recursos.
• Artículo 26: reconocimiento del derecho universal al agua y saneamiento en Mendoza.

Si se aplicara como corresponde, Mendoza podría ser un ejemplo nacional en defensa de los consumidores y usuarios. Sin embargo, el Gobierno oculta y restringe su implementación.

Cómo pedir el subsidio al agua paso a paso

Instructivo (1)

AYSAM ofrece un subsidio para usuarios de bajos recursos que no pueden pagar la factura de agua y cloacas. El beneficio puede cubrir del 75% al 100% de la tarifa mínima y tiene vigencia de un año, por lo que luego hay que renovarlo.

Requisitos que exige AYSAM:

• Fotocopia de DNI del titular y de todos los integrantes de la familia.
• Última factura emitida por AYSAM.
• Comprobantes de ingresos o constancia de no percibirlos.
• Certificado del Registro de la Propiedad o de Residencia.
• Contrato de alquiler, boleta de compra-venta o recibos de pago de vivienda.
• Certificados médicos por enfermedad o discapacidad.
• Constancias de situaciones extremas: embargo, remate, siniestro, deserción escolar o desnutrición.

Instructivo (2)

Dónde se tramita:

• En el área social de tu municipio. Allí se recibe la solicitud y se envía a AYSAM para su aprobación.

Qué hacer si no podés pagar:

• Presentar nota ante AYSAM y al municipio invocando el artículo 14 de la Ley 9589 y solicitando el subsidio por “imposibilidad de pago”.
• Si hay corte, pedir reconexión inmediata por tratarse de un caso protegido por ley.
• Guardar copia de toda la documentación presentada.

El absurdo de no usar sistemas existentes

El Estado provincial podría otorgar este subsidio de oficio cruzando datos con ANSES y el RASE para identificar automáticamente a los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y beneficiarios de la tarifa social de electricidad y gas.

No lo hace porque mientras menos gente acceda al subsidio, más se recauda y más se cobra con intereses cuando la deuda llega a un estudio jurídico.

La vulnerabilidad es la norma, no la excepción

Con jubilaciones mínimas de miseria, salarios que no alcanzan para vivir y monotributistas al borde del colapso, hoy casi toda la población mendocina es económicamente vulnerable. Pretender que estas personas deban peregrinar por oficinas para “demostrar” su pobreza es un acto de cinismo institucional.

Lo que el Gobierno debería hacer hoy mismo

• Aplicar de oficio la excepción de “imposibilidad de pago” cruzando datos con ANSES y el RASE.
• Prohibir intimaciones y cortes a hogares vulnerables mientras dure la crisis.
• Difundir masivamente el derecho al subsidio y al no corte.
• Simplificar el trámite para que pueda pedirse en línea o por teléfono.

Un derecho negado por decisión política

La ley ya protege a las familias. El problema no es jurídico: es político. Mientras el Gobierno provincial se escude en la burocracia para limitar el acceso a este beneficio, miles de mendocinos seguirán viviendo con la amenaza de que les cierren la canilla.

Y en Mendoza, en pleno siglo XXI, eso no es una cuestión administrativa: es una forma institucionalizada de negar un derecho humano básico.