Cuando en 2010 se estatizó Obras Sanitarias Mendoza, muchos pensamos que finalmente el Estado provincial se haría responsable, con transparencia, de uno de los servicios públicos más críticos para la vida: el agua y el saneamiento. Pero lo que se creó fue otra cosa. Una estructura oscura, sin control real, sin auditoría pública y sin resultados. Así nació Aysam S.A.P.E.M., una empresa "estatal" que funciona como privada, maneja millones y no rinde cuentas a nadie.
La ley que prometía agua, y trajo burocracia sin control
La Ley 8.213, sancionada en 2010, creó Agua y Saneamiento Mendoza como Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria. Esta figura híbrida combina lo peor del derecho privado con la opacidad del manejo estatal: Aysam no rinde cuentas al Tribunal de Cuentas, no está sujeta a la Ley de Contrataciones Públicas, ni tiene control parlamentario directo.
Para colmo, desde su creación, la presidencia de la empresa ha sido ocupada por dirigentes designados –a dedo– por el gobernador de turno, todos pertenecientes al mismo espacio político oficialista, sin concurso público, sin examen de antecedentes, y sin necesidad de aprobación legislativa. Esa concentración de poder y discrecionalidad es, probablemente, la principal causa del estado calamitoso del sistema de agua y cloacas en Mendoza.
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El préstamo millonario que nunca se convirtió en obras
Un año después, en 2011, se sancionó la Ley 8.270, que establecía un plan estratégico de 20 años para renovar redes, recuperar infraestructura y reducir pérdidas. Para eso se autorizó un empréstito de 160 millones de dólares. Sin embargo, informes oficiales muestran que solo se ejecutaron 53 millones en obras reales. El resto se desvió a gastos operativos, nunca se transfirió, o simplemente quedó en la nebulosa administrativa.
Las redes siguen rotas. Las cloacas colapsan. Y el agua, en muchos barrios, nunca llega.
Pérdidas del 46% y cloacas que revientan: el plan fracasó
Hoy Mendoza pierde, según informes técnicos, hasta un 46% del agua potable que produce. La mayoría se va por caños rotos que jamás se reemplazan. Zonas enteras del Gran Mendoza padecen cortes constantes, baja presión, agua contaminada o directamente ausencia del servicio. A esto se suma una ola de derrames cloacales, que van contaminando calles y casas, y llegando a los cauces de riego, como ahora el grave derrame cloacal del canal Pescara, que viene autorizado por el ente de control Irrigación que no controló el problema que llevaba meses brotando en las calles de corralitos. Ahora existen miles de hectáreas contaminadas y sujetas a destrucción de su producción, indemnizaciones y remediación que la termina sufriendo y pagando dos veces una como usuarios y otra como contribuyentes.
Aysam incumplió el plan estratégico, nunca publicó el inventario completo de redes, y no fue sancionada por el ente regulador. El Departamento General de Irrigación, actual órgano de control, no ha intervenido para sancionar e intervenir a la empresa sino por el contrario le autoriza los volcamientos cloacales a un cauce de riego.
¿Un plan maestro? Solo gráficos sueltos en audiencias públicas (y un dato que debería alarmar a todos)
Aysam afirma administrar 5.496 km de redes de agua y 3.813 km de cloacas, pero no existe un inventario público, auditable y actualizado. Lo único que se conoce son gráficos de torta presentados en audiencias públicas, donde se informa, con vaguedad, que entre el 11% y el 39% del sistema estaría en mal estado. No hay cronograma de obras. No hay sistema de información accesible. No hay evaluación técnica externa.
Aún más grave: el único diagnóstico serio disponible proviene de un informe externo, el Plan Maestro Hídrico del Departamento General de Irrigación. Allí se calcula que el 46% del agua potable se pierde en la red. Y el dato más escandaloso: en Guaymallén se pierden anualmente 85,8 hm³ de agua, mientras que el consumo poblacional total es de 77,1 hm³. Es decir: se pierde más agua en las cañerías rotas que la que llega a la gente.
Mientras tanto, municipios que repavimentan calles con fondos propios deben romperlas pocos días después, porque la red subterránea estalla por falta de mantenimiento. El vecino paga dos veces. Y nadie se hace cargo.
¿Quién controla a Aysam?
Nadie. Al ser una S.A.P.E.M., Aysam escapa al control real del Estado. No responde al Tribunal de Cuentas. No se audita públicamente. No presenta informes ante la Legislatura. Los ciudadanos no pueden conocer cómo, en qué y con quién se gastan los fondos públicos.
Las licitaciones se hacen bajo el paraguas del derecho privado. La planificación de obras se decide en silencio. Las decisiones estructurales se toman en una mesa chica política. Todo esto, mientras se sigue cobrando un servicio que no se presta con dignidad.
Una propuesta concreta: o ente autárquico con control real, o sincerar el modelo
Es hora de dar un paso firme hacia la transparencia y el control democrático. Una alternativa viable y urgente es transformar Aysam en un ente autárquico de derecho público, con:
- Control pleno del Tribunal de Cuentas.
- Acceso garantizado a la información pública.
- Participación de los usuarios en un consejo consultivo real.
- Auditorías externas obligatorias e informes públicos periódicos.
- Un inventario técnico actualizado y público de cañerías y obras.
- Un plan maestro de inversiones con metas claras y sanciones por incumplimiento.
No estamos inventando nada nuevo: así funcionan los organismos que dan resultados y rinden cuentas. Lo que no puede sostenerse más es esta figura híbrida, opaca y politizada, donde la gestión del agua queda secuestrada por el partido de gobierno de turno, sin control, sin eficiencia y sin planificación.
Si no hay voluntad política de construir una gestión pública moderna, participativa y transparente, entonces habrá que sincerar el modelo y discutir abiertamente la privatización total del servicio, bajo regulación, competencia y exigencias técnicas reales.
Porque lo que no se puede seguir permitiendo es este estado de cosas: una empresa sin controles, sin resultados y sin horizonte.
El agua es un derecho, no un negocio
Mientras Aysam siga funcionando como una sociedad anónima privada para evitar controles y pública para ser fondeada todos los años por los déficit crónicos, Mendoza seguirá pagando tarifas altísimas por servicios deficientes.
El Estado debe volver a tomar el control –con profesionalismo, con participación social, y con reglas públicas–.
Y eso empieza por terminar con el mito de que lo estatal es ineficiente: lo ineficiente es lo estatal cuando lo manejan como negocio de pocos. Lo que no debe permanecer es destruyendo el servicio esencial del agua y saneamiento.