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La echaron por viajar a Europa durante una licencia médica: qué dictaminó la Justicia

Una empleada del PAMI fue despedida tras viajar al exterior durante licencias médicas. Reclamó una indemnización, pero la Justicia rechazó su pedido.

Una empleada estatal viajó a Europa con licencia médica y perdió su reclamo: qué dictaminó la Justicia

Una empleada estatal viajó a Europa con licencia médica y perdió su reclamo: qué dictaminó la Justicia

Archivo.

Una empleada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue despedida luego de que se descubriera que había viajado al exterior mientras tenía licencia médica. La mujer reclamó una indemnización, pero la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó su pedido y avaló la decisión de desvincularla por pérdida de confianza.

El caso comenzó en 2017, cuando la trabajadora presentó distintos certificados médicos. En agosto pidió una licencia por una fractura en un dedo de la mano derecha. Dos meses después volvió a presentar un certificado por una conjuntivitis aguda.

Al año siguiente, la empleada volvió a solicitar una licencia. Esta vez fue por una lesión en el tobillo provocada por una caída, por la que recibió un mes de reposo. Pocos días después de recibir el alta, aseguró que había vuelto a tener conjuntivitis.

Ante esta situación, sus superiores comenzaron a sospechar y solicitaron un informe a Migraciones. El documento permitió comprobar que la mujer había salido del país al menos cuatro veces durante los períodos en los que tenía licencia médica.

Una empleada estatal viajó a Europa con licencia médica y perdió su reclamo

Una empleada estatal viajó a Europa con licencia médica y perdió su reclamo

Una empleada estatal viajó a Europa con licencia médica y perdió su reclamo

La trabajadora fue despedida con justa causa por el PAMI. Cuando llevó el caso a la Justicia, reconoció los viajes y explicó que varios familiares vivían en el exterior. Según su versión, quería sentirse acompañada para contrarrestar situaciones de ansiedad y depresión.

Sin embargo, la Cámara consideró que la conducta había violado el principio de buena fe. El tribunal señaló que la mayoría de los certificados presentados no acreditaban trastornos psicológicos y remarcó que la mujer había realizado los viajes sin informar a su empleador ni demostrar que contaba con autorización médica.

Además, la empleada había reclamado un subsidio por incapacidad y presentó un Certificado Único de Discapacidad junto con documentación relacionada con un trámite de retiro por invalidez ante ANSES. La Justicia desestimó ese planteo porque no se había acreditado una incapacidad absoluta al momento del despido. Finalmente, la Cámara solo reconoció el pago de $19.618 por conceptos no cuestionados en la apelación, entre ellos una diferencia proporcional de aguinaldo y salarios descontados.