Un juez argentino contra la ley húngara que prohibió la indigencia

La ONG Comité Helsinki de Hungría acusó al Tribunal Constitucional de criminalizar a los sin techo al dar luz verde a una ley que prohíbe vivir en la calle, con el argumento de que no existe "el derecho a la pobreza". La polémica legislación adoptada en octubre pasado por el gobernante Fidesz del primer ministro, el nacionalista Viktor Orbán, prevé penas de hasta 60 días de cárcel por dormir en un espacio público.  "El Tribunal Constitucional de Hungría afirma: 'Nadie tiene derecho a la pobreza ni a estar sin hogar, esta condición no es parte del derecho a la dignidad humana'", señaló la nota de la ONG en referencia al fallo.

"Está claro que el Tribunal no considera la falta de vivienda como una situación grave de crisis, sino como un comportamiento que debe ser criminalizado", añade.

Al respecto, el juez que integra el Tribunal Criminal 1 de Necochea y reconocido analista de las facetas políticas de la justicia, Mario Juliano, reaccionó con fuerza en las redes en contra de la iniciativa y la contrastó con lo que sucede, por ejemplo, en Colombia.

Juliano señaló que "una ley dice que si en el término de 90 días la policía advierte tres veces a un sin techo que no puede permanecer en la vía pública y que debe alojarse en un refugio, puede ser llevado a juicio, confiscadas sus pertenencias y sometido a trabajos comunitarios o arresto de 60 días".

Mientras que, contó, "en las antípodas, un tribunal constitucional de la región (creo que Colombia) termina de declarar que la policía no puede requisar las pertenencias de un sin techo sin orden judicial, ya que los cartones que utiliza para protegerse son asimilables a su hogar".

En Hungría, según reportó la prensa, desde su aprobación, la legislación fue severamente criticada y varios jueces la denunciaron ante el Constitucional por considerar que incrementa la exclusión social y contraviene la Carta Magna.

Pero el alto Tribunal dictaminó el jueves que "la prohibición de vivir en las calles no es anticonstitucional", aunque consideró que "al aplicar las sanciones, el Estado debe proceder con precaución".