Lejos del epicentro: se deshace la prevención sísmica y en Mendoza hay alerta
Argentina reconfigura el Inpres, organismo clave en sismología. La decisión centralizada contrasta con el modelo chileno. ¿Afectará a Mendoza?

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) dejó de ser un organismo descentralizado en Argentina y se deshace la prevención sísmica. Por decisión del Gobierno Nacional fue integrado al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). A priori, preocupa que pueda perder protagonismo y, principalmente, recursos.
Esta reconfiguración administrativa, gestada desde el nivel central del país, genera una preocupación particular en provincias con alta actividad sísmica como Mendoza y San Juan. Aquí, la función del Inpres es vital para la seguridad de la población y la infraestructura, una realidad que a menudo contrasta con la percepción en Buenos Aires.
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Este movimiento institucional también subraya una diferencia notable con modelos de países sísmicos, que tienen a estos organismos en altos niveles de importancia. En Chile, por ejemplo, el Centro Sismológico Nacional (CSN), que es el simil del Inpres, si bien depende de la Universidad de Chile, posee un rol explícito y legalmente establecido como fuente técnica primaria.
Hasta esta medida, el Inpres operaba con una autonomía que le permitía dedicarse de lleno al monitoreo sísmico y a otras actividades cruciales, como el desarrollo de normas de construcción sismorresistente. Estas funciones son esenciales para la prevención de desastres, particularmente en las regiones sísmicas más expuestas del país.
La relevancia del Inpres para Mendoza se acentúa por un hecho crucial, porque si bien la provincia es una de las de mayor actividad sísmica en Argentina, no cuenta con una base física propia ni un organismo local que realice mediciones sísmicas de forma independiente. Es el Inpres, con sus estaciones distribuidas estratégicamente en el territorio mendocino y su sede central en la vecina San Juan, el que provee la totalidad de la información sismológica oficial en tiempo real. Esta dependencia directa de los datos del Inpres es fundamental para el accionar de la Defensa Civil de Mendoza y su estructura de emergencias. Sin el monitoreo constante, la capacidad de respuesta local ante un sismo de gran magnitud, desde la activación de protocolos hasta la coordinación de rescates y asistencia, podría verse afectada, subrayando su papel irremplazable para la seguridad de la provincia.
Cuando la decisión central se aleja de la realidad sísmica
La medida resuena de manera particular y profunda en provincias con actividad sísmica constante, donde la gestión del riesgo es una prioridad diaria y tangible. Mientras en la Capital Federal la percepción de un terremoto puede ser más abstracta, en lugares como Mendoza y San Juan, un sismo de gran magnitud es una amenaza concreta y una preocupación ineludible.
En nuestras provincias, el Inpres no es una oficina más. Aunque a nivel país quizás ni siquiera lo conocen, en zonas cordilleranas es la institución a la que miramos ante cada temblor, y sentir que su rol se ve disminuido en una estructura más general, podría interpretarse como un desconocimiento de la importancia vital que tiene este organismo a nivel local. Que una decisión tomada desde un nivel central, posiblemente alejado de la vivencia cotidiana del riesgo sísmico, reconfigure así un organismo tan esencial, plantea serios interrogantes para las provincias.
La fusión, si bien podría apuntar a una optimización administrativa en la visión del Gobierno nacional, genera un debate sobre la prioridad que se le otorgará a la inversión en la red de monitoreo y en la investigación sísmica para las realidades regionales. El desafío ahora será demostrar que esta reconfiguración, gestionada desde el centro, no implicará un debilitamiento en la capacidad de respuesta y prevención sísmica de las zonas más expuestas del país, y que la voz técnica seguirá siendo escuchada con la urgencia que demandan los sismos.
El nuevo perfil y los contrastes con el modelo chileno
La absorción del Inpres por parte del SEGEMAR implica un cambio sustancial en su ubicación dentro del organigrama estatal. Antes funcionaba con una dependencia, ahora operará como una unidad dentro de un organismo cuya función principal es el sector geológico, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y, dentro de él, en el ámbito de la Secretaría de Minería.
Esta integración puede generar eficiencias al alinear el estudio del riesgo sísmico con la geología y la infraestructura productiva, pero en un tema clave para varias provincias, abre interrogantes sobre su rol en la prevención y respuesta a desastres sísmicos que impactan directamente a la población.
Para entender el alcance de esta reconfiguración, es útil profundizar en el modelo chileno, país sísmico como pocos. Allí, el Centro Sismológico Nacional (CSN) no solo es el organismo técnico oficial que monitorea la sismicidad en tiempo real, sino que es la fuente primaria de información sísmica que activa los protocolos de emergencia del SENAPRED y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) para alertas de tsunami. Existe un protocolo tripartito que asegura que la información fluya directamente y sin intermediarios a las autoridades de emergencia, garantizando que la voz técnica sea la primera en disparar la cadena de respuesta.
En Chile, el CSN es reconocido como la voz autorizada que informa directamente al público y a las autoridades en el momento cero de una emergencia. Por otra parte, su autonomía académica le da una independencia técnica valorada. En Argentina, el Inpres desempeñaba un papel similar en la generación de datos cruciales, pero ahora su integración en otra órbita podría complejizar esa inmediatez y centralidad en la cadena de alerta, al no ser independiente y tener un organismo por encima antes de llegar al contacto directo con los entes de emergencia.
En el caso trasandino el CSN tiene un rol primario y fundamental para el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este organismo, además de funcionamiento permanente, cuenta con un presupuesto robusto que en 2024 llegó a los 24.5 millones de dólares y un aumento proyectado del 30% para 2025, lo que lo llevaría a cerca de 31 millones de dólares. y Este organismo, que reemplazo a la ex Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) tiene protocolos claros que asignan al CSN un papel protagónico y no menor en la estructura de emergencias. En Argentina, en cambio, organismos como la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinan la respuesta, no cuentan con presupuestos propios y desagregados de forma independiente, sino que se integran en carteras ministeriales más amplias, como el Ministerio de Seguridad.
El futuro económico está en las zonas sísmicas
La importancia estratégica del Inpres para Argentina debería ser reevaluada y posiblemente amplificada, considerando que la mayor actividad sísmica del país se concentra precisamente en las regiones que son proyectadas como pilares fundamentales para el futuro económico nacional. Esto incluye, en particular, las zonas cuyanas y del noroeste, ricas en recursos minerales y energéticos, donde la expansión de proyectos industriales y mineros es vital para el desarrollo.
La adecuada gestión del riesgo sísmico, basada en la investigación y las normativas que el Inpres ha provisto históricamente, no es solo una cuestión de seguridad ciudadana, sino un factor crítico para la resiliencia de la infraestructura productiva y la continuidad de las inversiones a largo plazo en estas regiones estratégicas. Minimizar o reubicar un organismo clave en esta materia podría generar incertidumbre y aumentar la vulnerabilidad de estos polos de crecimiento económico frente a un fenómeno natural inevitable.