La UBA denunció un recorte del 30% a sus hospitales universitarios en el Presupuesto 2026
La UBA alertó por el impacto en salud y salarios, mientras el Ejecutivo sostiene que el Presupuesto 2026 prioriza el equilibrio fiscal.
El Instituto Oncológico Roffo es uno de los hospitales dependientes de la Universidad de Buenos Aires.
UBALa Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió una nueva señal de alarma por el futuro de sus hospitales universitarios en una resolución de su Consejo Superior. La casa de estudios denunció que, de aprobarse el Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Gobierno, estas instituciones recibirán un 30% menos de fondos que en 2025, lo que afectaría de manera directa a la atención sanitaria y a la formación profesional.
De acuerdo con la UBA, el recorte alcanzaría a centros de referencia como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que en conjunto atienden a más de 700 mil pacientes por año.
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La universidad advirtió que el ajuste comprometería el funcionamiento cotidiano de estos establecimientos y pondría en riesgo servicios esenciales dentro del sistema público de salud.
Ley de Financiamiento Universitario: en duda, según la UBA
En el mismo documento, el máximo órgano de gobierno universitario expresó su “extrema preocupación” por la intención del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso. También remarcó la situación salarial de docentes, no docentes y personal científico, cuyos ingresos, según la institución, perdieron más del 45% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Desde la UBA señalaron que el aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento en 2026 no alcanza a compensar la inflación ni la caída acumulada de los salarios, lo que profundizaría un escenario que ya fue declarado como de emergencia presupuestaria y salarial. En ese contexto, alertaron que la continuidad del ajuste podría impactar tanto en la calidad educativa como en la capacidad de sostener servicios de salud de alta complejidad.
Del otro lado del conflicto, el Gobierno nacional sostiene que el proyecto de Presupuesto 2026 responde a la necesidad de ordenar las cuentas públicas y avanzar hacia el equilibrio fiscal. En esa línea, desde el oficialismo argumentan que todas las áreas del Estado deben adecuarse a un esquema de mayor eficiencia del gasto y que las partidas asignadas a las universidades se enmarcan en ese objetivo general.
Cómo sigue la puja entre el Gobierno y la UBA
La resolución del Consejo Superior rechaza de manera explícita la derogación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, al considerar que su eliminación “agravaría aún más” la situación de las universidades nacionales. Por ese motivo, la UBA pidió a la Cámara de Diputados y al Senado que rechacen o modifiquen el dictamen presupuestario y aprueben una propuesta que contemple las necesidades del sistema universitario.
Mientras el debate avanza en el Congreso, el conflicto vuelve a exponer la tensión entre la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo y el reclamo de las universidades públicas, que advierten por las consecuencias sociales, educativas y sanitarias de una reducción continuada de los recursos.
