Bochornoso fallo de la jueza Lucrecia Pedrini pone a Piegari al borde de la quiebra

El tradicional restaurante Piegari, ubicado en La Recova, atraviesa una crisis inédita tras una sentencia laboral que inmovilizó todos sus activos y amenaza su continuidad. Su dueño, Alberto Chinkies, denunció que el fallo es tan desproporcionado que podría obligar al cierre del emblemático local. Entre las voces críticas, Martín Tetaz calificó la resolución como “fallo Matusalén”, por la forma en que multiplica la indemnización más allá de cualquier parámetro razonable.

Según explicó el economista, la jueza aplicó tres factores que hicieron crecer la condena: dos de ellos ya no están vigentes y el tercero dependerá de lo que ocurra en la apelación. Para Tetaz, la magistrada decidió ignorar los cambios legales y adoptó un criterio que “no se ajusta al marco normativo actual”.

Penalidades derogadas y errores de procedimiento

El primer elemento fue la doble indemnización, que ya no rige pero fue aplicada porque el hecho ocurrió cuando aún estaba vigente. El segundo fue la multa del 50% del artículo 2 de la Ley 25.323, derogada en la Ley Bases, pero igualmente incorporada al cálculo. Aunque esta penalidad podría haberse evitado con una mejor gestión del despido por parte de la empresa, el punto central —según Tetaz— es que la jueza aplicó sanciones que ya no existen.

Ambas cargas hicieron crecer la sentencia mucho más allá del criterio tradicional de un salario por año trabajado. Pero el aspecto más controvertido aún estaba por venir.

La propina: el punto más polémico del fallo

El tercer factor, y el más cuestionado, fue la inclusión de las propinas como parte central del salario indemnizatorio. El mozo reclamó que su sueldo era 40% salario y 60% propina, pero la jueza no solo aceptó esa estructura, sino que elevó el salario al 57% más un 60% adicional por propina. Para Tetaz, esto constituye un “absurdo jurídico” sin respaldo normativo.

Lo paradójico es que la magistrada no consideró las propinas como salario en negro —lo que hubiera implicado una multa por mala registración—, pero sí las computó como base de cálculo indemnizatorio, pese a que el Convenio Colectivo establece que, aun cuando estén prohibidas y se paguen, no deben ser consideradas salario. La jueza argumentó que Piegari no probó que el trabajador conociera esa norma, pero para Tetaz “es una norma pública y conocida, no requiere firma”.

Indemnización récord y riesgo de cierre

El resultado es una condena que, según Tetaz, rompe todos los parámetros: con las penalidades aplicadas, los 26 años de trabajo se traducen en 80 salarios, cuando lo habitual sería 26. Y si se toma únicamente el salario abonado por el empleador —sin incorporar propinas—, la indemnización ascendería al equivalente de 163 salarios, lo que motiva la comparación con un “fallo Matusalén”.

Chinkies advirtió que Piegari no puede afrontar esa cifra y que el embargo total de los activos ya paralizó la operación. Ahora, la expectativa está puesta en las instancias superiores, que deberán revisar un fallo que, según especialistas y empresarios, se aparta del marco legal vigente y deja al borde del cierre a uno de los restaurantes más emblemáticos del país.