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Proponen instalar peajes en 3 provincias para cubrir el deterioro de las rutas nacionales

Este proyecto fue impulsado por Salta, Entre Ríos y Tucumán, que buscan asegurar el traslado de cargas pesadas.

Frente al recorte de fondos nacionales destinados a la obra pública, provincias como Salta, Entre Ríos y Tucumán debaten la instalación de peajes en rutas deterioradas. Esto es a modo de alternativa para financiar su mantenimiento, ya que la falta de inversión comienza a notarse en distintas regiones productivas.

No solo los transportistas advierten por esta situación, sino también los productores ya que el mal estado de las rutas eleva los costos de traslado de granos hacia los puertos, afectando la competitividad y poniendo en riesgo la salida de las cosechas.

Qué provincias analizan poner peajes

En Salta, la Cámara de Diputados provincial aprobó un proyecto que solicita a Vialidad Nacional la colocación de un peaje sobre la Ruta Nacional 34, entre Urundel y Salvador Mazza. Este es un corredor estratégico para el movimiento de camiones cargados de soja y maíz hacia los principales centros de exportación. El proyecto apunta especialmente a que el tránsito internacional (es decir, a los camiones de Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile) contribuya al financiamiento del mantenimiento vial, ante la falta de inversiones nacionales.

Por otro lado, Entre Ríos y Tucumán también avanzan en el diseño de esquemas similares para sostener las vías rurales que conectan con los puertos fluviales del Paraná y los principales nodos logísticos.

En el caso del gobierno de Rogelio Frigerio, evalúa instalar peajes en corredores estratégicos como las rutas 26 y 6, esenciales para el transporte de carga pesada. La intención es que el costo recaiga principalmente sobre los vehículos de carga y no afecte a los vecinos que recorren cotidianamente estas vías.

Mientras tanto, en Tucumán, los legisladores justicialistas impulsaron una propuesta para instalar peajes en rutas provinciales, pero sin privatizar su gestión. La misma excluye a los vehículos oficiales y de emergencia. Mientras tanto, también establece un sistema de rendición de cuentas ante la Legislatura para asegurar la transparencia en el uso de la recaudación.